Cuba vive un estancamiento prolongado de su crisis profunda. La postergación de soluciones ha consolidado un clima político incapaz de generar la reflexión serena y la estrategia eficaz que el país necesita. Esta inercia prolongada amenaza con hipotecar definitivamente las posibilidades de recuperación nacional.

Es cierto que el Gobierno procura atraer inversiones. Sin embargo, tales esfuerzos corren el riesgo de resultar estériles si no se acompañan de una estrategia económica integral, creíble y transparente, con objetivos específicos, metas medibles y plazos definidos. Una estrategia de este tipo exige inevitablemente transformaciones legales e institucionales que garanticen la seguridad jurídica y la confianza social.

Un principio esencial no puede ser ignorado: sin la implicación activa de la ciudadanía no habrá desarrollo económico ni estabilidad política. La emigración masiva de la juventud mejor formada y la creciente carencia de capacitación laboral son señales de alarma. No obstante, subsiste un signo de esperanza: en Cuba y en su diáspora existen una amplia y plural porción de ciudadanos que, con esfuerzo honesto, buscan aportar al bienestar común y sostenerse con dignidad. Ese capital humano y cívico constituye la base real para cualquier proceso de reconstrucción.

El Gobierno debe aceptar que la ciudadanía no es un espectador, sino el actor decisivo para sacar al país de la crisis. Reconocerlo implica emprender un proceso de acuerdos firmes, asentados en principios básicos y aspiraciones compartidas, capaces de sostener simultáneamente el desarrollo económico, el bienestar social, la convivencia democrática y la estabilidad institucional.

Desde el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” subrayamos que es posible dar pasos inmediatos, incluso dentro del marco legal vigente, que inauguren una ruta de reformas:

– Constituir la Sala de Garantías Constitucionales, prevista en la Ley 140/2021, como órgano de tutela de la seguridad jurídica y de los Derechos Humanos.

– Impulsar la autonomía municipal, conforme al artículo 168 de la Constitución, dotando a los gobiernos locales de capacidades reales para responder a las necesidades de sus comunidades.

– Reconocer legalmente a las organizaciones que surjan de los trabajadores y empresarios, e institucionalizar la negociación social periódica entre trabajadores, empresarios y Estado, como mecanismo de concertación para enfrentar los desafíos económicos.

– Reformar la Ley Electoral de cara a 2028, ampliando las oportunidades de la ciudadanía para acceder a instituciones de representación y gobierno.

Estas medidas iniciales no agotan el horizonte de transformaciones necesarias, pero constituyen un primer paso indispensable. El tiempo de la espera terminó: Cuba necesita señales claras y verificables de cambio que devuelvan confianza a la ciudadanía y comprometan a todos los actores en una ruta de reconstrucción nacional.

Si este proceso no se inicia, el país corre el riesgo de descender a un escenario de empobrecimiento estructural, desgobierno, éxodo agravado y penetración del crimen organizado. En tal caso, Cuba dejaría de ser solamente un país agotado para convertirse en un foco de inestabilidad hemisférica.

Por ello, “Cuba Próxima” aboga por un primer paso inmediato. Aún existen reservas de talento, de trabajo y de esperanza. La cuestión crucial ya no es si el cambio es posible, sino que el cambio es la única opción para Cuba.

Junta Directiva, 8 de septiembre de 2025.