El inicio del año 2026 se muestra desafiante para el escenario geopolítico en América Latina y el Caribe. En la madrugada del 3 de enero, una poderosa operación militar norteamericana concluyó con la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores, luego de meses de un intenso despliegue naval, aéreo y logístico en la región, así como de amenazas de intervención debido a varias acusaciones de narcotráfico esgrimidas por tribunales estadounidenses contra el máximo líder del país sudamericano, junto a otros altos funcionarios de la cúpula bolivariana.

Si bien existe amplio consenso por parte de medios de prensa, académicos y juristas, en que la intervención militar que condujo al arresto y posterior extradición de Maduro, constituyó un flagrante quebrantamiento del derecho internacional, el presidente venezolano enfrentaba en el momento de su detención varias acusaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a crímenes de lesa humanidad perpetrados en el transcurso de su gobierno. Sin embargo, no fueron esas las razones que motivaron el despliegue de la armada estadounidense, sino el interés procesal por supuesto tráfico de narcóticos y conspiración por posesión de armamento, junto a otros graves cargos que le imputan las cortes federales.

Esta realidad contrasta con el indulto concedido por el presidente Donald J. Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, cuyas acusaciones por narcotráfico internacional resultaron comprobadas, mereciéndole una condena de 45 años de privación de libertad. El desinterés por la justicia, la democracia y los derechos humanos de la vigente administración republicana, queda demostrado ante las cordiales relaciones que sostiene con líderes autoritarios de países como Arabia Saudita, Siria, El Salvador e Israel; este último presidido por Benjamín Netanyahu, que constituye el genocida más execrable de la humanidad en el transcurso del siglo XXI, dada su política de exterminio, despojo y asedio contra el pueblo palestino.

Las complejidades del tablero geopolítico: autoritarismo interno, imperialismo y subdesarrollo

El ciclo iniciado por la presidencia de Nicolás Maduro en 2013 estuvo caracterizado por grandes desafíos desde los inicios de su investidura. El repentino fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de ese año, implicaba la pérdida para los venezolanos del principal artífice del proceso conocido como Revolución bolivariana que inició en 1999 e inauguró un nuevo orden constitucional en el país. Con su muerte, el bolivarianismo sufrió la pérdida de su actor político más notorio, carismático y audaz, lo cual implicaba una sombra desafiante para la gestión de consensos y captación de legitimidad para el mandatario entrante. Este factor, sumado a la crisis que significó la profundización del rentismo petrolero con el consecuente aumento de la dependencia externa, contrajo la disponibilidad en los ingresos e implicó un ascenso de la inflación monetaria y el deterioro de programas sociales en la última etapa presidencial de Hugo Chávez, lo cual complejizó aún más el margen de maniobra de Nicolás Maduro, una vez arribado al poder.

Las dificultades padecidas por la población motivaron un panorama social de protestas populares que tuvo sus inicios en 2014. Las dificultades cotidianas experimentaron un agravamiento debido a las sanciones externas y la persecución financiera internacional, encabezada por Estados Unidos. Sin embargo, lejos de implementar un proceso de apertura dialógica, participación popular y socialización del poder, la respuesta de la dirigencia poschavista ante el agravamiento de la crisis, el aumento de la escasez y la insatisfacción de la ciudadanía, no fue otra que la represión indiscriminada, la detención arbitraria, el hostigamiento a las disidencias políticas y la realización de operativos policiales de terribles consecuencias para los sectores más humildes del país.

En respaldo de tales evidencias, organizaciones de derechos civiles y organismos multilaterales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas, estiman entre 8 200 y 19 000 las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014, lo cual constituye motivo de investigación por la Corte Penal Internacional (CPI). Dichas entidades, junto a organizaciones locales de derechos humanos, contabilizan desde entonces en miles los casos reportados de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y judicialización de activistas por motivos políticos.

Tales hechos manifestaron una intensificación en los registros documentales durante etapas de movilizaciones masivas de descontento popular; en tanto evidencian un patrón de funcionamiento represivo institucional en el cuerpo armado del Estado, que involucra a organismos como las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Guardia Nacional Bolivariana perteneciente al ejército (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Departamento de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), así como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Frente a hechos tan perturbadores que sitúan a Nicolás Maduro como uno de los líderes autoritarios más repudiables de la región, quedan para la posteridad varias lecciones fundamentales. Por un lado, resulta un hecho demostrable las limitaciones de las instancias jurídicas de la región y organismos multilaterales de derechos humanos en proteger las garantías civiles de los residentes locales ante situaciones acuciantes de violencia estatal, a pesar de su evidente respaldo documental. No obstante, si bien los gobernantes en las antípodas ideológicas del dirigente venezolano lo condenaron desde el primer momento en que se tuvo registro de sus acciones; decenas de políticos progresistas, organizaciones de izquierda democráticas y movimientos antimperialistas transfronterizos, esquivaron abordar la situación con la seriedad problémica merecida.

Este fenómeno exacerba el imaginario anti-socialista en los sectores populares, al asociar a los representantes de esta corriente ideológica como líderes insensibles, desapegados de los valores democráticos y los ideales de emancipación real. Tales elementos constituyen argumentos de peso suficientes para comprender las celebraciones en el exterior de los emigrados venezolanos (situados en el entorno de los 8 millones de personas), frente a la agresión estadounidense con misiles y tropas armadas. Por su parte, la indiferencia de una parte importante de la población al interior del país, responde fundamentalmente a las carencias democráticas, la persistencia de un sistema económico corrupto e ineficiente en su funcionariado y el predominio de un Estado policial que irrespeta la soberanía popular, coarta las manifestaciones de libertad ciudadana, expresión pública y pensamiento político.

El futuro de la democracia, la soberanía nacional y los derechos humanos ante el nuevo ciclo poschavista en Venezuela

En declaraciones a los medios posterior a la intervención militar, el mandatario Donald J. Trump se refirió con desprecio a la reconocida activista de oposición venezolana María Corina Machado, ganadora a su vez del Premio Nobel de la Paz 2025. En la rueda de prensa el presidente republicano realizó escasas referencias al devenir democrático del territorio; para en su lugar priorizar a nivel estratégico los intereses de las corporaciones transnacionales deseosas de invertir y extraer los ingentes recursos naturales de la nación, dadas sus importantes reservas petrolíferas y riquezas minerales de oro, plata, cobalto, diamante, hierro, bauxita, entre otros.

La realidad de semejante contexto, resultante de una estrategia combinada de presión diplomática, agresión militar y coerción económica, reduce el margen de maniobra de las autoridades bolivarianas, quienes persisten en conservar cuotas de poder, a cambio de lograr concesiones económicas que permitan el sostenimiento de la gobernabilidad. El nuevo escenario marcado por el ascenso a la presidencia interina de la abogada y diplomática Delcy Eloína Rodríguez Gómez, rodeada por un grupo de tecnócratas convertidos en artífices de las reformas económicas más importantes de los últimos años en Venezuela, avizoran la apertura de un nuevo ciclo político de la élite poschavista en el manejo de las relaciones de poder.

Este período inicia su camino con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la principal potencia hemisférica de la región y enemigo histórico del bolivarianismo. Contempla a su vez la profundización de las transacciones comerciales como parte de los vínculos bilaterales, la promoción de una agenda (pública) enfocada en el rescate colegiado de la industria hidrocarburífera, el sector minero y la deteriorada infraestructura nacional, en cuya ecuación resulta imprescindible el respaldo económico-financiero del sector corporativo y empresarial estadounidense.

Ante esta realidad, los planes de la oposición antichavista alineada a Washington, pasan a ocupar un segundo plano como parte de la agenda transicional en curso, lo cual incide en el mantenimiento del statu quo político y el predominio de un inalterable modelo estructural, cuya dirigencia es colateralmente responsable de las violaciones a los derechos humanos, el deterioro de la institucionalidad democrática, la degradación de las garantías constitucionales y la crisis socioeconómica ante el sostenimiento del autoritarismo interno, combinado con una política económica rentista e ineficaz en su esquema productivo.

Las dinámicas predominantes posterior a las acciones militares, parecen estar definidas por la condición pragmática de los actores políticos involucrados; no obstante, existen preocupaciones reales que resultan inminentes ante el posterior desenlace de los acontecimientos. En primer lugar, hasta el momento no existen indicios que apunten a la materialización de un proceso de transición democrática en el país latinoamericano; dado que no se avizoran reformas en el sistema electoral, el funcionamiento represivo de su fuerza armada, ni en la institucionalidad pública cooptada por las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Asimismo, persiste el control de la militancia poschavista sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, signados por las lógicas de funcionamiento histórico de la dirigencia bolivariana.

En segundo orden, la manera violenta, arbitraria e intervencionista como actuó Estados Unidos para arrestar a Nicolás Maduro, ―ocasionando un saldo mortal en el entorno del centenar de fallecidos según cifras oficiales―, estuvo marcada por el uso de la fuerza en contravención a las normas del derecho internacional. Este hecho salta las alarmas de otras naciones, dado el historial injerencista de la potencia norteamericana en los asuntos internos de varios países del subcontinente, propinándole un golpe mortal a los proclamados ideales pacíficos, cooperativos y fraternales del panamericanismo.

Semejante comportamiento agresivo, desafiante e irrespetuoso hacia los pueblos del Sur global, se encuentra signado además por el franco irreconocimiento de la propia legislación estadounidense, pues ignoró la autorización del Congreso que demanda de su aprobación en caso de operaciones de guerra externa. Los acontecimientos reinstauran además los trasnochados tiempos decimonónicos de la proclamada Doctrina Monroe, de manera que permiten pronosticar el restablecimiento de un proceder imperial ofensivo, que atenta contra la soberanía de los países de la región, la seguridad internacional y los valores democráticos.

Adicionalmente, existe una inquietud legítima en círculos políticos y académicos sobre la probable condición neocolonial del territorio venezolano luego de las nuevas dinámicas impuestas en sus relaciones económico-comerciales con Estados Unidos. Los anuncios de la estatal Pdvsa de redirigir gran parte de su producción petrolera al mercado norteamericano por mediación de Chevron; así como las concesiones al capital privado extranjero en las áreas más rentables de la economía, lesionan el ideal «socialista» del Psuv y comprometen la existencia de una estrategia de desarrollo nacional. Además, los funcionarios que integran el nuevo ciclo poschavista poseen igualmente una corresponsabilidad innegable en el diseño de un modelo que favoreció numerosos casos de corrupción en su institucionalidad estatal, cuyas pérdidas al presupuesto público en detrimento de la economía del país, organizaciones locales dedicadas durante años a la investigación sobre el asunto estiman en cifras superiores a los 300 mil millones de dólares.

El anuncio de este novedoso sendero en materia de política exterior, resulta equiparable a las fórmulas tradicionales que las élites de gobierno latinoamericanas ejecutaron durante décadas de implementación de un sistema neoliberal repudiable. Dicho experimento provocó el empobrecimiento masivo de las grandes mayorías, la concentración de riquezas en las élites empresariales y financieras, el aumento de la desigualdad a niveles sin precedentes y la entrega de recursos naturales estratégicos bajo relaciones contractuales altamente beneficiosas para los intereses transnacionales y de bajo impacto en la calidad de vida de los sectores populares.

Por tales razones, el país sudamericano enfrenta notables desafíos para la recuperación funcional de su estructura democrática, ocupada por una élite oligárquica, autoritaria y corrupta que secuestró la institucionalidad del Estado en función de los intereses minoritarios del partido gobernante. Todo ello fue posible bajo el proclamado estandarte de una bandera falsamente socialista, acompañada de una retórica en teoría contrahegemónica o antimperialista en su proyección exterior, cual recurso vindicativo de la soberanía nacional.

La política que aún sustenta la racionalidad de ese funcionamiento, si bien posee una debilitada base de apoyo popular, integra en su columna vertebral el respaldo del aparato militar-policial, junto a los denominados colectivos armados, que en la práctica funcionan como grupos de choque paramilitares en defensa de los intereses oficiales, a pesar de las vulneraciones constitucionales que caracterizan su operatoria definida por la opacidad, el securitismo y la impunidad.

La reacción que genera la permanencia en el tiempo de este modelo, conduce las esperanzas de una parte importante de la población, hacia el sector político opositor representado por el binomio María Corina Machado-Edmundo González Urrutia. Estos actores que capitalizaron el descontento anti-chavista mediante una plataforma unitaria, se encuentran alineados a los intereses de Washington bajo una abierta agenda neoliberal, definida por un amplio programa de privatizaciones, que prioriza los intereses del capital corporativo por encima de las históricas demandas social-populares.

La radicalización visible de los actores políticos en contienda, quienes protagonizaron en el espacio público la batalla por el poder definida en dos grandes polos alternativos, deja poco margen en la disputa a las facciones intermedias en sus posibilidades de recabar apoyo popular. Este hecho quedó reflejado en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de las suficientes pruebas documentales que ilustraron el mega-fraude llevado a cabo por la bancada oficialista.

Los acontecimientos que marcan las pautas de la política real en los inicios del 2026, reafirman los grandes retos que enfrenta el pueblo venezolano en aras de lograr el arribo a un panorama social democrático. El establecimiento de semejante escenario se muestra doblemente desafiante, debido a que tampoco es posible ignorar el peligro que representa Estados Unidos como amenaza permanente a su soberanía, dadas las reservas de recursos naturales que posee el territorio venezolano.

El factor cubano como pieza política regional

La presencia militar cubana formó parte integrante del dispositivo de seguridad de Nicolás Maduro, lo cual demuestra la desconfianza del exmandatario en la oficialidad de su país para las labores más íntimas que reclamaban el resguardo de su integridad personal. A pesar de que las autoridades diplomáticas de la Isla negaron la existencia de tropas en territorio venezolano, el saldo mortal de la operación estadounidense que resultó en la caída en combate de 32 cubanos, desmiente el sustento manejado durante años por los representantes diplomáticos de la nación caribeña.

La manera en que se produjeron los hechos expone a la luz pública el profundo nivel de involucramiento de la Mayor de las Antillas en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, dicho proceder resulta coherente con el comportamiento histórico del Partido Comunista de Cuba (PCC) en las dinámicas sociales del subcontinente, como fue el soporte proporcionado durante décadas a organizaciones afines a la ideología marxista-leninista y asociaciones partidarias del método de lucha violento, la preparación armada de guerrilleros, la realización de operaciones de inteligencia, así como la instrucción política de militantes revolucionarios, líderes sociales y dirigentes de base.

La mayor parte de esas acciones se produjeron durante el contexto de «Guerra Fría», que obtuvo en su contraparte anglo-norteña manifestaciones de extremismo político y violencia neocolonial, de gran impacto para la vida de los pueblos latinoamericanos. De esta realidad resultó el apoyo imperial proporcionado a grupos paramilitares, el fomento de golpes de Estado contra gobiernos progresistas y el saldo mortífero de la «guerra contra las drogas», que buscaba atacar las ramas más endebles de la cadena productiva; mientras se mostraba indiferente a la creciente demanda en las sociedades de consumo posindustriales.

En este contexto, las formas de manifestación política de la dirigencia cubana permanecen ancladas a los viejos resortes del siglo XX, cuyo lenguaje belicista arcaico resulta integrado al discurso cotidiano de sus más elevados exponentes. Mientras tanto, predominan los compases internos de un panorama sistémico definido por su carácter excluyente, centralizado y militarista-autoritario, que incide en los bajos niveles de consenso, vulnerabiliza su economía a los efectos de las sanciones externas y provoca un aumento de la apatía ciudadana que se expresa en la emigración masiva de sus habitantes, fundamentalmente jóvenes. Además, las dificultades persistentes reafirman la incapacidad del modelo de insertarse en el esquema internacional de relaciones comerciales, lograr rendimientos productivos competentes y potenciar las capacidades de su potencial humano, en aras de retomar la ruta del crecimiento económico que redunde en el bienestar de su población.

Por tales razones, las enseñanzas políticas que proporciona el caso venezolano apuntan a la insostenibilidad del autoritarismo en el tiempo, cuyo margen de maniobra resulta aún menor cuando se trata de regímenes totalitarios caracterizados por la opacidad de su funcionamiento burocrático, la corrupción de su funcionariado que termina por debilitar el papel del Estado y subrayan la necesidad de adoptar mecanismos de oxigenación democrática mediante la participación horizontalizada, proactiva y fiscalizadora de la ciudadanía; tal vez como única estrategia eficaz para afrontar las dificultades del subdesarrollo y las amenazas de agresión imperiales que socavan los principios de la soberanía nacional, atentan contra la paz mundial y el proceso civilizatorio de los pueblos del tercer mundo.