En las dinámicas sociopolíticas actuales, el constitucionalismo emerge no solo como un marco normativo, sino como una sofisticada técnica de la libertad. Su aspiración fundamental radica en ofrecer soluciones jurídicas a las tensiones inherentes a la vida en sociedad, buscando constantemente un equilibrio, a menudo precario y desafiante, entre la ineludible necesidad del ejercicio del poder y la imperiosa exigencia de su control.

La esencia del constitucionalismo, en su concepción más pura, se ancla en dos pilares fundamentales: la centralidad de los Derechos Humanos y el predominio de la Ley. Estos no son meros adornos retóricos, sino los cimientos sobre los cuales se erige la legitimidad del poder y se garantiza la esfera de autonomía individual y colectiva. Los Derechos Humanos actúan como límites infranqueables a la acción estatal, reconociendo la dignidad intrínseca de cada persona y estableciendo un catálogo de prerrogativas inalienables. El predominio de la Ley, por su parte, asegura que el ejercicio del poder se someta a reglas claras, predecibles y de aplicación general, desterrando la arbitrariedad y promoviendo la igualdad ante la norma.

Sin embargo, la historia nos advierte sobre la fragilidad de este equilibrio. Cuando la centralidad de los Derechos Humanos se desvanece, cuando la Ley se instrumentaliza o se ignora, la Constitución, por más solemnemente proclamada que sea, se reduce a un mero organigrama nominal de un “Estado de prerrogativa”. En este escenario ominoso, la promesa del “Estado legal” se corrompe desde sus cimientos, abriendo las puertas a la arbitrariedad del poder. Las decisiones dejan de basarse en principios jurídicos universales para someterse a la voluntad discrecional de quienes detentan el poder, erosionando la confianza ciudadana y socavando la propia legitimidad del sistema político.

La deriva hacia un “Estado de prerrogativa” no es un evento súbito, sino un proceso insidioso que se manifiesta en la erosión gradual de las garantías constitucionales, la relativización de los derechos fundamentales y la instrumentalización de la ley para fines particulares. En este contexto, la Constitución deja de ser un escudo protector de la libertad para convertirse en una máscara que disimula la voluntad de poder desnuda.

Por ello, la defensa del constitucionalismo como técnica de la libertad exige una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con sus principios fundacionales. Requiere fortalecer las instituciones de control, promover una cultura de respeto por los Derechos Humanos y garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial. Solo de este modo será posible mantener ese equilibrio inestable pero esencial entre poder y control, asegurando que la Ley siga siendo la garante de la libertad y los Derechos Humanos la guía del ejercicio del poder en una sociedad democrática.