Cuba está al borde de una quiebra, con un Estado fallido que no ampara a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, mientras crecen la polarización política, las actividades delictivas por supervivencia económica, la emigración desordenada y la frustración y desesperanza de muchos cubanos, incluidos militantes del hegemónico partido comunista y veteranos de la revolución.

Los cubanos del cambio deben juntarse por medio de un acuerdo en torno a un compromiso -con valores e instituciones- que permita dirimir pacífica y democráticamente los desacuerdos y, a la vez, propiciar el ejercicio ciudadano democrático.

Pero este camino, además del diálogo fecundo entre opositores y activistas de la sociedad civil y de la apertura política que proponemos en el documento Un consenso para la democracia, exige que la nueva nación nazca reconciliada por la vanguardia que apuesta por perder un poco todos para que Cuba gane entera; sin renunciar a la verdad, la justicia y la memoria histórica.

Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica

Cuba democrática será más sólida si consigue promover la verdad y la justicia, como bases de una necesaria y deseable reconciliación nacional, y Cuba Próxima propone crear una comisión ad hoc, imparcial e independiente; bajo las siguientes premisas:

El Estado debe establecer las condiciones de seguridad para el trabajo de la Comisión, así como de los comisionados y quienes participen en sus labores, incluidos testimoniantes; y facilitar recursos suficientes para realizar su trabajo.

Quedarían exentos de declarar en procesos judiciales y realizar denuncias, y sus opiniones y conclusiones no podrían ser cuestionadas judicialmente.

Las conclusiones del trabajo de esta Comisión deberían contar con aprobación parlamentaria.

La Comisión debería conformarse por 11 miembros. Los candidatos deben escogerse por un Comité de la ONU establecido al efecto, a través de un procedimiento de postulación y selección que asegure equidad política, social, territorial, de sexo y raza, así como legitimidad, imparcialidad e independencia. Estos candidatos deben ser aprobados por mayoría cualificada del parlamento multicolor que nazca de las primeras elecciones libres.

El presidente de la Comisión debe ser propuesto por el Gobierno y la oposición democrática, a condición de que sea una personalidad con legitimidad nacional e internacional.

La Comisión debe trabajar con los siguientes objetivos fundamentales:

1- Esclarecer -de conjunto con la sociedad civil- lo ocurrido durante el período del conflicto y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto de forma que promueva un entendimiento compartido en la sociedad.

2- Facilitar la paz y gestionar la justicia por medio de la incorporación de las partes anteriormente en conflicto en un nuevo sistema viable, por medio del logro de una consideración recíproca sobre los posibles derechos a reclamar no derogables y aquellos derechos derogables, los daños ocasionados que deben ser resarcidos, y la manera de gestionarlo.

3- Promover y validar la constitución de una Audiencia de Verdad y Justicia, con las debidas reglas procedimentales, integrada por profesionales del Derecho y expertos en investigación, con dominio del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Estos serían propuestos por el presidente de la Comisión y aprobados por la mayoría cualificada de sus miembros. Tal Audiencia, a instancia de victimarios y con el asentimiento de las respectivas víctimas, atenderá el libre “reconocimiento de verdad y responsabilidad” por parte de victimarios, lo cual certificará debidamente para que, en caso de querella judicial, pueda ser considerado por los jueces como atenuante extraordinaria.

4- Promover y validar un sistema autónomo de asesoría y defensa -gratuita si el solicitante careciere de recursos-, integrado por abogados defensores debidamente cualificados y seleccionados por concurso de oposición que funcionará durante el plazo establecido.

5- Promover la restauración material, social y psicológica de las personas directamente afectadas por el conflicto, mediante programas que fortalezcan su dignidad y empoderamiento y bajo los principios de la solidaridad y la diversidad identitaria.

6- Promover la Memoria Histórica Plural sobre el conflicto, a modo de experiencia, por medio de investigaciones y exposiciones, civiles y académicas, totalmente libres, que puedan aportar a la experiencia histórica, la cultura civilista y el quehacer político; pero nunca como una especie de nuevo canon oficial, estatal.

La Comisión debe establecer y hacer público su programa, reglamento y metodología de trabajo.

Debe garantizar la objetividad e imparcialidad de sus actividades, para lo cual habrá de contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, e identificar y desdeñar la información falsa.

Podría solicitar la información que requiera de los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías jurídicas y administrativas.

La información que reciba o produzca la Comisión no debe ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales deben requerirla. Al respecto sólo aportaría a la certificación de cuáles casos corresponderían ser tratados por el sistema de justicia como “reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella; no deberá servir de excusa dilatoria para los debidos procesos penales que emprendan la fiscalía y los afectados por el orden prodemocrático.

La Comisión debe publicar los resultados de su trabajo y para ello contaría con una estrategia de difusión, garantizada por el Estado.

Resultados de la Comisión:

1- Informe Final a la sociedad civil y el Estado que considere las plurales miradas, refleje las investigaciones, y exponga conclusiones y recomendaciones.

2- Orientación a las víctimas sobre la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

3- Constituir un Archivo con la información recolectada y asegurar su preservación.

La Comisión, una vez logrado sus resultados y antes de cesar sus labores, debe crear un Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión; el cual estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad y contará con las garantías del Gobierno.

Sobre Demandas Judiciales

Las querellas por violaciones de Derechos durante el periodo del conflicto serían presentadas ante los correspondientes tribunales ordinarios, una vez democratizado el sistema de justicia y alcanzada la independencia de la rama judicial del poder.

Los tribunales resolverían las disputas vinculadas con “ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad” y también de aquellas relacionadas con “reconocimiento de verdad y responsabilidad”. En estos últimos casos, los jueces podrían considerar estos reconocimientos como atenuantes extraordinarias si hubieran sido procesados y certificados correctamente por la Audiencia de Verdad y Justicia.

Los jueces procurarían, en todos los casos, una justicia prospectiva respetuosa de los valores del presente y a la vez ocupada en culminar conflictos que no deben ser perpetuados y afectar además los derechos de las futuras generaciones; con sanciones que satisfagan los derechos de las víctimas y consoliden la democracia.

Los tribunales entregarían copia de la documentación de estos procesos a la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica o al Comité de seguimiento y monitoreo, según el caso.

Cuba-Estados Unidos

Cualquier proceso en Cuba de cambio sociopolítico, diálogo reconciliador y bienestar nacional, exige relaciones positivas con Estados Unidos. Lo cual debería acontecer a través de un diálogo entre ambos estados, que implique a la sociedad civil y la oposición democrática cubana radicadas en la Isla y en otros países. Tal senda debería definir y establecer modelos de resolución política y legal sobre cuestiones bilaterales por solucionar. Una comisión (conjunta) de ciudadanos notables debería ser anfitriona de este proceso bilateral y, a la vez, de política interna para ambos países.

Verificación internacional

El proceso, a su vez, necesitaría de apoyos externos. Requeriría de la capacidad gestora, mediadora y negociadora de la diplomacia noruega; del experimentado desempeño garante y facilitador de la Santa Sede; y del acompañamiento, además facilitador, de países del hemisferio americano y Europa e importantes organizaciones internacionales. Este apoyo además debería implementar un mecanismo de verificación internacional, con exámenes continuos e informes periódicos.