El embargo de Estados Unidos a Cuba ha sido una constante en la política internacional y en la vida cubana durante décadas. Paradójicamente, esta medida, lejos de ser una simple herramienta de presión externa, se ha transformado en un pilar estratégico para el Gobierno cubano, fortaleciéndolo indirectamente y convirtiéndose en un elemento crucial para el mantenimiento de su poder.

Desde una perspectiva de principios, el embargo contraviene los fundamentos de la convivencia pacífica entre naciones. La imposición de medidas coercitivas no es el camino adecuado para lograr cambios políticos, y los fines no justifican los medios cuando estos implican un daño significativo a la población.

Existe la idea de que, sin la presión del embargo, el sistema cubano podría demostrar su eficacia y consolidar su legitimidad. Sin embargo, esta premisa es incierta. Si bien el embargo tiene un fuerte impacto negativo en la población cubana, no es el origen de los profundos desafíos políticos, económicos y sociales que padece la Isla. La verdadera problemática radica en el propio sistema y en los intereses de quienes se benefician de él.

En términos de realpolitik, los propósitos del embargo han fracasado estrepitosamente. A diferencia de otros escenarios donde los embargos buscan debilitar a gobiernos poderosos y afectar a sectores influyentes que podrían presionar por un cambio, en Cuba esta dinámica es inviable. Simplemente no existen sectores sólidamente establecidos que puedan ejercer dicha presión.

Quizás el aspecto más perjudicial y paradójico del embargo es su beneficio indirecto para el gobierno cubano. Sin las restricciones de esta “confrontación” con Estados Unidos, al gobierno le sería mucho más difícil mantener su actual forma de poder. Una relación normalizada no generaría bienestar sin cambios económicos y políticos profundos en Cuba, cambios que el gobierno parece renuente a emprender. A su vez, el embargo le ofrece una excusa útil para culpar a Estados Unidos de todos los males internos, desviando la atención de sus propias deficiencias.

Es crucial entender que la desaparición del embargo no significaría automáticamente un flujo de créditos y ayudas para el gobierno cubano. Las instituciones financieras internacionales no prestan a quienes son ineficaces. Para ello, condicionan el apoyo a una agenda integral de desarrollo, un plan detallado de reformas estructurales, condiciones para la participación de múltiples actores sociales (incluido el sector privado), un ambiente político estable, seguridad jurídica, protección de los derechos de propiedad y una agenda hacia un sistema financiero sólido, entre otros requisitos.

Gran parte de la oposición al gobierno cubano tiende a apelar constantemente al embargo y al poder de Estados Unidos. Sin embargo, como se ha señalado, este embargo es estratégicamente ineficaz y es ampliamente rechazado por vastos sectores internacionales, no siempre por principios altruistas, sino por realpolitik. Esta dinámica socava la credibilidad de quienes buscan un cambio democrático en Cuba, haciéndolos parecer dependientes de la intervención estadounidense. Al mismo tiempo, refuerza la percepción, tanto entre los cubanos como a nivel global, de que Estados Unidos es el único interlocutor válido frente al gobierno de la Isla.

En consecuencia, la solución para Cuba a menudo se delega en otros, como al gobierno de Estados Unidos, lo cual es un error. Ningún gobierno externo resolverá los problemas internos de Cuba. No obstante, es plausible que, si las cosas en Cuba comenzaran a cambiar, Estados Unidos daría pasos significativos, independientemente de la administración en turno.

En suma, el embargo, todavía más que un daño económico directo, se erige como una barrera sutil que fortalece al inmovilismo, debilita a la oposición y distorsiona la percepción de la realidad, dificultando así la posibilidad de un cambio genuino. Lo realmente eficaz sería que Cuba contara con fuerzas políticas con peso real, pero esto parece imposible, y no por causa del embargo.