I

La realidad de Cuba no podrá mejorar sin la implicación activa de todos los cubanos, pero ello demanda de una libertad que al parecer el poder no está dispuesto a permitir. Si bien no sería iluso suponer que quizá esta rigidez pueda flexibilizarse en determinado punto de la crisis.

Por un lado, desde hace mucho tiempo la sociedad cubana necesitaba un cambio sociopolítico y estaba dispuesta a procurarlo, pero el poder ni lo necesitaba ni estaba dispuesto; no obstante, desde hace algún tiempo, aunque el poder continúa sin disposición para tal cambio, ahora también él lo necesita. Y esto, indudablemente, puede llegar a modificar dicha inflexibilidad.

Por otro lado, la sociedad cubana diversa y transnacional no disfruta de un «peso político suficiente», pero resulta imprescindible en Cuba para salir de la crisis, establecer el desarrollo y asegurar la estabilidad; y los poderes de Estados Unidos necesitan —políticamente— una apertura del Estado cubano a esa sociedad para poder impulsar una normalización efectiva de las relaciones bilaterales. Como he sostenido en otros textos, tal vez en ambas condiciones yace el actual potencial «peso político suficiente» de la sociedad cubana.

En este sentido, el poder cubano necesita un cambio sociopolítico, pero le falta disposición quizá porque teme perder el control político y su estatus socioeconómico. El establishment de Estados Unidos, indudablemente parte del conflicto interno, no posee la motivación necesaria para facilitar una pronta solución, pero tal vez pueda implicarse positivamente si lo considerara efectivo —sobre todo— para los intereses propios. La sociedad cubana lo necesita y está dispuesta, pero sólo posee un «peso político potencial» y convertir esto en un «activo» demanda que asuma la política con sensato realismo.

II

El intríngulis para ello, al menos en el momento actual, pasaría por la dinamización de una zona de las sociedades civil y política dispuesta a la búsqueda de una solución para Cuba. Solución, por supuesto, invariablemente orientada hacia la libertad y los Derechos Humanos, la democracia y el imperio de la ley, el bienestar y la paz. Pero que además incorpore el único modo que en las actuales circunstancias pudiera llegar a parecer posible, es decir, con la participación —motivada e interesada— de la cúpula cubana y del establishment estadounidense a la vez.

Esto exigiría aceptar que la cúpula que gobierna Cuba procure disminuir sus temores. También que el establishment estadounidense considere conveniente «apropiarse» de un electorado cubano en Estados Unidos sustentado en un vínculo de la Isla con su emigración que contribuya a la estabilidad económica, social y política interna de Cuba. Pero esto último dependería fundamentalmente del Gobierno de la Isla y de la actuación política —al menos— de una amplia e importante zona de la emigración cubana radicada en ese país. 

Lo anterior requeriría de la madurez y del protagonismo de «un actor sociopolítico colectivo», integrado por ciudadanos de la Isla y la diáspora, alternativo al poder y dispuesto a este proceso —no forzosamente a modo de organización única, aunque no excluya esa posibilidad. No obstante, esto pudiera resultar posible sólo si los integrantes de una amplia y plural zona ciudadana de la Isla y la diáspora asumen que tienen una necesidad compartida, que la multiplicidad de interés progresaría exclusivamente con el esfuerzo común, que haría falta un universo mínimo de ideas compartidas acerca de qué realidad procurar y cómo procurarla, y que sería necesario algún tipo de «dinámica» que propicie y sostenga tales convergencias. Sin esto, subrayo, poco o nada será posible.

III

El Centro de Estudios Cuba Próxima, en un documento titulado “Para instaurar en Cuba el imperio de la ley, el bienestar y la concordia”, aboga por una ruta hacia alguna «negociación política» entre exponentes del tejido social y político ciudadano y el Gobierno de Cuba. Ello pudiera suceder de la manera ahí esbozada o de otras, pero en cualquier caso sería un beneficioso punto de inflexión.

Sin embargo, esto no resultaría posible sin un camino previo, por intensa que sea la crisis y por necesario que sea el cambio sociopolítico para todos, incluso para el poder. Además, tal vez sería en ese camino previo, si fuera recorrido con sensato realismo, donde las sociedades civil y política podrían convertir su «peso político potencial» en un «activo categórico».  

Esa zona ciudadana tendría que asumir la iniciativa y hacerlo a través de una proyección capaz de conjugar sus retos propios, el eventual interés de la cúpula cubana y la posible motivación del establishment estadounidense; y lograrlo de un modo que tal combinación no sea una mera yuxtaposición de intereses sino, sobre todo, una resultante de categoría y cualidad superior.

Pero esta proyección lograría resultados únicamente de disponerse a una gestión que, en muchos casos, adelantaría quehaceres de esa eventual «negociación política» bosquejada por Cuba Próxima; además, conducida de un modo que, incluso, pueda convertir en innecesario ese posterior acto de «negociación» porque ya su hálito y sus propósitos hayan quedado incorporados y sobrepasados en un proceso establecido como dinámica nacional.

La gestión de esa zona ciudadana dispuesta, de la Isla y la diáspora, tendría que comenzar por cuestiones medulares, que además asientan el camino hacia otros quehaceres fundamentales. Esbozaré cinco a modo de ejemplo:

1- Incorporar la distención política y favorecer una amnistía reciproca que sea general y plena, excepto para quienes hayan cometido crímenes desde cualquiera de las partes en conflicto.

2- Aportar a una economía con participación de todas las formas de propiedad, capaz de acceder a finanzas, tecnología y mercado, y comprometida con el desarrollo humano de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país.

3- Contribuir a una estrategia nacional de ayuda humanitaria a favor de las personas que estén en situación de vulnerabilidad, mientras no sea erradicada la dramática crisis socioeconómica.

4- Favorecer que muchos profesionales de la Isla y la diáspora, con vocación docente, cooperen de diversos modos con los claustros de las instituciones de educación que existen o puedan surgir, mientras se instituye la formación pedagógica y docente como carrera; y movilizar finanzas para ello —a lo cual puedan contribuir, incluso, el sistema empresarial privado de la Isla y la diáspora, las instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de mecenazgo al conocimiento que deberán fomentarse.

5- Gestionar una reforma electoral, acaso provisional, acorde a un contexto de tal índole; aceptable a la vez para el Gobierno de la Isla y para una ciudadanía plural y transnacional.

Sin embargo, para que estas cinco cuestiones sean posible ese Gobierno tendría que comenzar, al menos, por:

1- Aceptar la distención política y la posibilidad de una amnistía reciproca que sea general y plena, excepto para quienes hayan cometido crímenes desde cualquiera de las partes en conflicto.

2- Reconocer sin equívoco la prevalencia del A-3 de la Constitución de la República, que atribuye la soberanía al pueblo —de la Isla y la diáspora.

3- Instaurar la anunciada Sala del Tribunal Supremo que deberá encargarse de proteger los derechos que la Constitución teóricamente garantiza.

4- Aceptar el desarrollo de un entorno empresarial y comercial eficaz.

5- Reformar la actual Ley Electoral y desarrollar la actividad de supervisión al Gobierno del Parlamento, en especial a través de sus comisiones.

Indudablemente, esto podría incorporar el inicio —posible— de una dinámica de salvación nacional.  

IV

Sin embargo, cabe reconocer que la zona ciudadana posiblemente dispuesta en tal sentido padece de muchísimas dificultades para llevarlo adelante. Citaré igualmente cinco ejemplos de estas:

1- No posee condiciones socioeconómicas para este tipo de quehacer, y en su mayoría sólo alcanza a sobrevivir cotidianamente.

2- Recibe la criminalización de un poder en Cuba que posee una riesgosa incapacidad política y ejecutiva, pero —aunque parezca paradójico— conserva unos mecanismos de control como pocos países del tercer mundo y acaso también por encima de algunos países del primer mundo.

3- Recibe la criminalización —de un modo muy similar a como lo hace el Departamento Ideológico del PCC— de quienes, también contrarios a ese Gobierno, asumen posiciones radicales que, aunque pueden resultar comprensibles, son injustificables desde el punto de vista político, pues optan exclusivamente por la denuncia y predican una confrontación que jamás ejecutan de forma concreta, directamente.

4- No disfrutará de un apoyo político internacional cierto hasta tanto evolucione un proceso en Cuba que le dé a esa ciudadanía acceso auténtico a las dinámicas legales del Estado.

5- Necesita de un conjunto de facilitadores, integrado por cubanos plurales que estén acompañados de actores internacionales —quienes seguramente, al menos en los inicios, serían sobre todo destacados actores internacionales individuales porque en las generalidad de los casos los acompañamientos institucionales y gubernativos suelen incorporarse cuando ya resulta suficientemente conocida la motivación oficial. 

No quedan dudas acerca de que Cuba padece una crisis completa y que la sociedad en general, aunque de diversos modos según cada caso, sufre una especie de parálisis política que tiende a convertirla en una crítica consecuencia de la crisis y no en sujeto de la solución. Pero, si bien esto parece fatal, no es difícil de revertir y, de hecho, ya viene ocurriendo. Tampoco quedan dudas de que existe una zona amplia y plural de las sociedades civil y política, de la Isla y la diáspora, con potencialidad y dispuesta a trascender las circunstancias e intentarlo.