El anhelo por un Estado de Derecho robusto y funcional en Cuba resuena con fuerza en el debate político contemporáneo. Sin embargo, la mera existencia de leyes e instituciones no basta. El verdadero desarrollo de un Estado de Derecho se cimienta en una sociedad civil activa, autónoma y no tutelada, un tejido social vibrante capaz de ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida pública. Ello reclama diez pilares fundamentales para la construcción de esta sociedad civil empoderada en el contexto específico de Cuba, y una hoja de ruta para un futuro donde la ciudadanía sea la verdadera protagonista.

En primer lugar, resulta imprescindible la garantía de derechos universales como cimiento ineludible. Acceso equitativo a la educación, la salud, la seguridad social y la protección judicial no son meras concesiones, sino derechos inherentes que permiten a cada individuo desarrollarse plenamente y participar activamente en la sociedad. Sin esta base sólida, la autonomía de la sociedad civil se ve comprometida desde su origen.

En segundo lugar, también se necesita de un acceso equitativo a la esfera pública. Las libertades de expresión, información, prensa, reunión, asociación, manifestación y creación artística son los vasos comunicantes a través de los cuales la sociedad civil articula sus demandas, ejerce su crítica constructiva y contribuye al debate público. Restringir estos derechos es cercenar la vitalidad misma de una sociedad civil autónoma.

La protección legal de las diversas formas de relaciones conyugales y familiares constituye el tercer pilar. Reconocer la pluralidad de los vínculos afectivos y garantizar su desarrollo en libertad e igualdad ante la ley fortalece el tejido social en su núcleo. Al mismo tiempo, el compromiso mutuo de salvaguardar la integridad individual y pública fomenta una convivencia respetuosa y responsable.

Asimismo, se hace imperioso empoderar a los grupos vulnerables e históricamente marginados. Medidas concretas para afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, mujeres, ancianos, presos y personas en pobreza extrema son cruciales para saldar deudas históricas y construir una sociedad civil verdaderamente inclusiva, donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas y valoradas.

La atención integral a las personas con discapacidades o neurodivergentes se erige como otro imperativo ético y social. Asegurar su acceso a la salud, a programas empresariales, a trabajos y a entornos urbanos y arquitectónicos accesibles no solo mejora su calidad de vida, sino que enriquece a la sociedad en su conjunto con su diversidad de perspectivas y talentos.

El fomento de agrupaciones civiles, sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, empresariales y defensoras de los Derechos Humanos es vital para la articulación de intereses y la canalización de demandas. Estas organizaciones actúan como puentes entre la ciudadanía y las instituciones, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para influir en las políticas públicas y defender sus derechos.

El desarrollo del ejercicio libre de las profesiones y la asociación colegiada no solo beneficia a los profesionales al facilitar la satisfacción de sus demandas y la coordinación de su aporte social, sino que también contribuye a la calidad de los servicios y al fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto.

La incorporación plena de los emigrantes cubanos en las dinámicas del país, el reconocimiento de los grupos civiles de la diáspora y el aseguramiento de la relación entre los emigrados y la institucionalidad cubana abren un espacio para el diálogo y la colaboración, reconociendo la riqueza y diversidad de la nación cubana más allá de sus fronteras geográficas.

La incorporación de Cuba a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado incorporaría una visión de futuro orientada a facilitar los procedimientos judiciales y administrativos entre los cubanos residentes en el exterior y sus contrapartes en la Isla, fortaleciendo los lazos y facilitando la interacción en un mundo cada vez más interconectado.

La defensa de una Ley de Asociaciones que reconozca la autonomía y pluralidad de los sujetos nacionales asegure la personalidad jurídica, la organización, el funcionamiento y una economía propia totalmente autónoma del Estado y los partidos políticos es la piedra angular para garantizar la vitalidad y la independencia de la sociedad civil cubana. Esta ley debe ser el marco legal que permita florecer la diversidad de iniciativas ciudadanas sin injerencias indebidas.

El desarrollo de un Estado de Derecho genuino en Cuba pasa ineludiblemente por el empoderamiento de una sociedad civil activa y autónoma. Los diez puntos esbozados en el texto no son solo aspiraciones, sino los pilares sobre los cuales se puede construir un futuro donde la ciudadanía, organizada y con derechos garantizados, sea el motor del progreso y la garantía de un sistema político verdaderamente democrático y representativo. La tarea es ardua, pero la visión de una sociedad civil vibrante y autónoma bien vale el esfuerzo.