Entrevista de Raudiel Peña Barrios a la doctora Ariadna Salazar Quiñonez, profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

1. ¿Cuáles considera que son los principales déficits en las garantías de independencia del poder judicial en sistemas democráticos y qué reformas constitucionales podrían fortalecerla sin comprometer la legitimidad democrática?

La independencia judicial es un factor clave en los sistemas democráticos. La injerencia política debe mantenerse al margen de este principio para evitar influencias externas. Los procesos de selección, nombramiento y remoción de jueces no deben estar sujetos a la influencia del poder ejecutivo, legislativo ni a intereses privados; deben ser transparentes y plurales. Es importante destacar que el principio de separación de poderes debe ser respetado, ya que cualquier afectación a la independencia judicial puede debilitar gravemente la democracia. La ausencia de un debido proceso en la judicatura afectaría los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la administración de justicia. Además, es esencial la creación de mecanismos de control judicial autónomos, libres de presiones políticas y otras influencias, como amenazas externas o el contexto de violencia perpetrada por grupos criminales o de organizaciones narcotraficantes.

2. Desde su experiencia, ¿qué mecanismos constitucionales o legislativos resultan más efectivos para garantizar que las instituciones públicas prioricen la protección de los derechos humanos en su actuación cotidiana, y cómo se pueden hacer exigibles de manera efectiva?

Es indispensable el reconocimiento explícito de los derechos humanos en la Constitución, así como garantizar su protección efectiva. La protección de los derechos de las partes en un proceso judicial debe estar claramente reconocida, y los operadores de justicia deben asegurar su cumplimiento. Tanto las víctimas como los presuntos responsables deben gozar de derechos en el trato hacia su persona, así como en el procedimiento, particularmente el derecho al debido proceso. Este derecho está garantizado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.

Cuando no se garantizan los mecanismos constitucionales, la vulneración de los derechos humanos sin justicia puede dar lugar a la impunidad, lo que fomenta la repetición de violaciones graves y, lo que es aún más preocupante, puede hacer que estas se presenten de manera sistemática. La falta de capacidad de las autoridades del Estado para proteger los derechos fundamentales refleja problemas profundos de coordinación en el ámbito de la justicia, y puede estar vinculada a la corrupción. Si no se resuelven a corto plazo, estos problemas se convierten en desafíos de difícil solución.

La función de presentación y supervisión de políticas públicas es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos. Los órganos del Estado deben ser responsables y actuar para evitar la comisión de violaciones. Asimismo, el control parlamentario sobre la rendición de cuentas del Ejecutivo y la implementación de nuevas leyes y reformas es un factor clave en este proceso.

En materia legislativa, la tutela de derechos es fundamental para hacer exigibles los derechos humanos en la práctica cotidiana, como es el caso del amparo. En resumen, el marco constitucional y legislativo debe ser robusto, acompañado por un firme compromiso institucional en la actuación del Estado en la protección de los derechos humanos.

3. ¿Qué criterios deberían establecerse para la selección y remoción de jueces y magistrados, de manera que se garantice su idoneidad profesional y ética sin interferencias políticas indebidas?

El mérito profesional, a través del servicio civil de carrera, debe permitir demostrar la formación académica, la capacidad técnica y los conocimientos sólidos necesarios para desempeñarse de manera idónea en el puesto, de acuerdo con un proceso de selección y remoción transparente, previamente establecido por normativas. Sin criterios normativos y un proceso idóneo se deja margen para que no contemos con las personas juzgadoras necesarias para impartir justicia de manera adecuada.

En el marco de la justicia constitucional, ¿qué rol pueden jugar los tribunales en la protección frente a regresiones democráticas, particularmente cuando los propios órganos legislativos o ejecutivos impulsan normas que restringen derechos fundamentales?

El rol que deben ejercer los tribunales en los procesos de regresión democrática es clave. Ante la ausencia de justicia y la condena de personas por presiones políticas, que no se garantice la preservación de los principios de culpabilidad y de presunción de inocencia, o la presentación de personas para incriminarlas sin debido proceso, que deben estar reconocidas en la norma y no bajo decisiones del Ejecutivo. Esto puede llevar a más afectaciones en la etapa de investigación sobre la comisión del delito, y se pueden llevar a cabo el ocultamiento, destrucción o creación de pruebas incriminatorias, así como también en el juzgamiento de personas inocentes que sean juzgadas de manera contraria a un ordenamiento propio de un régimen democrático.

4. Considerando los desafíos actuales en la garantía efectiva de los derechos humanos ¿qué innovaciones normativas o procedimentales recomendaría para mejorar la accesibilidad, eficacia y legitimidad del control de constitucionalidad en los Estados democráticos?

La aplicación de los principios fundamentales del derecho constitucional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos es crucial en las innovaciones normativas y en los procesos, con el fin de garantizar que los mecanismos de control de constitucionalidad protejan tanto a las partes afectadas como a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, es clave implementar mecanismos de control preventivo respecto a los principios constitucionales, evitando la promulgación de leyes regresivas. Por otro lado, la capacitación de los operadores de justicia en materia de derechos humanos es esencial, así como la formación continua de policías, autoridades encargadas de funciones en materia de seguridad, fiscales, jueces y magistrados.

Es importante resaltar la implementación de plataformas tecnológicas que permitan a la ciudadanía seguir el proceso de control dentro del sistema judicial, garantizando la transparencia en la recopilación y el acceso a la información. Finalmente, los mecanismos internacionales de apoyo para investigar y asesorar en casos complejos contribuyen a evitar que se pongan en riesgo los compromisos internacionales del Estado.