La reconciliación entre cubanos o la disposición positiva para la convivencia, incluso política, es un asunto complejo que, además, nos reta. Sobre ello opina René Fidel González García, jurista, profesor y ensayista.

1) Algunos aseguran que la actual realidad cubana demanda de una re/conciliación. ¿Qué opina?

A menudo algunas perspectivas asumen sus conclusiones y propuestas al sobrevalorar la centralidad e importancia que éstas pudieran tener dentro o en la solución de conflictos, o el grado y tipo de polarización social y político que puede determinarlas como necesarias, eficientes y viables. Es, desde mi punto de vista, la que le otorga a la reconciliación tal importancia y centralidad política en la actualidad, una perspectiva que además de ser subjetiva es rehén de ella misma.

2) Resulta un hecho legítimo que los actores capaces de convertirse en hacedores de una senda de re/conciliación suelen movilizarse sólo cuando aprecian la oportunidad de quedar incorporados y favorecidos de modo suficiente. Para facilitarlo, ¿qué espacios de la institucionalidad actual podrían favorecerlo y qué apertura debería desatar el gobierno cubano?

Infiero que la pregunta parte de esa propia perspectiva y de la aceptación de sus presupuestos. No estoy de acuerdo. Es obvio que no se trata de ignorar, ni justificar, los actos ocurridos dentro de un proceso histórico en buena medida condicionados, y esto es un dato que creo muy importante en sus consecuencias políticas, por el diferendo del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno cubano, y la tremenda polarización subsiguiente de la política en Cuba que trajo aparejada.

Todo eso supone heridas, memorias desgraciadas, daños, responsabilidades, odios, silencios, vergüenzas, omisiones, reivindicaciones de toda suerte de injusticias y crueldades que en un conflicto nunca son absolutamente monopolio de nadie. La cuestión es otra. Y es donde detecto uno de los fallos y la defectuosa vigencia política de esa perspectiva: ¿Quién se adjudica políticamente ser la parte contraria al gobierno cubano? ¿Quién es el otro actor?

En mi opinión ser actor político supone una legitimidad que sólo concede, más allá del reconocimiento o no que proporcionen determinados marcos legales en una sociedad, la existencia e importancia alcanzada por las ideas y prácticas de individuos y grupos en un contexto político. Es imprescindible. No se reconoce lo que no existe. La reconciliación ha sido visualizada como deseable y como una meta a conseguir por los actores de un conflicto, sólo cuando los intereses y objetivos que pretendieron resolverse mediante éste no fueron alcanzados por ninguna de las partes involucradas.

En un sentido, la reconciliación es resultado de la admisión por las partes involucradas de la necesidad de una negociación política para superar las contradicciones por las que apelaron al conflicto como vía de solución a ellas, en el otro, un intento de evitar que los actos cometidos durante el conflicto y sus secuelas descarrilen ese proceso.

3) Todo lo anterior exige que actitudes altruistas y a la vez pragmáticas se dispongan a prefigurar el presente. Además, que sea capaces de gestionar soluciones ante esa multiplicidad de culpas y errores enquistados. ¿Quiénes sería estos? ¿Cómo lo convertirían en política de la nación?

Entendiendo que tener un margen de maniobra, de flexibilidad y pragmatismo es razonable y necesario siempre en un proceso de negociación política, no pude comprender la construcción y el sentido de la primera pregunta. La segunda interrogante me remite en cambio a la comprensión de ser la reconciliación un proceso de diálogo y acuerdo social que imprescindiblemente debe acompañar al político para ser real.

4) ¿Cuáles deberían ser los ejes fundamentales para un proceso de reconciliación nacional?

De modo genérico y concentrado:

1- la creación de un sistema político capaz de canalizar los distintos intereses, tensiones y conflictos políticos de una sociedad, y de proporcionar y hacer cumplir reglas para el logro de los procesos políticos consustanciales a un régimen democrático.

2- La existencia y funcionamiento de un sistema de libertades, derechos y garantías constitucionales que respalden eficazmente el ejercicio y la conformación y consecución de los distintos intereses políticos de la sociedad.

3- Un sistema jurídico independiente, público y transparente que vele por la eficacia de ambos sistemas y resuelva los conflictos que traiga aparejado.

4- Una educación en valores y prácticas que asegure la reproducción social y política de dichos sistemas y el respeto a la institucionalidad en su dimensión cultural y cívica.

5) ¿Cómo podríamos hacer iniciar un proceso de esta índole, además de modo irreversible?

Volviendo el civismo virtud pública. No es un imposible, como tampoco la decencia.