La República Posible fue el título con que pasó a la posteridad el último de los documentos políticos redactados por el patriota cubano Rafael Serra Montalvo. La condición programática del manifiesto salido a luz en 1909, advertía desde fecha bien temprana a la conformación del nuevo régimen nacional, sobre las incongruencias y contradicciones que acarreaba el ejercicio insano del poder, acometido por los propios líderes de la independencia cubana durante la etapa poscolonial del territorio.

Las constantes referencias a Martí, el acompañamiento de un accionar consecuente desde la tribuna periodística y el cumplimiento de un funcionariado honesto al servicio de la voluntad popular; tal vez lo conviertan en la figura pos-independentista que con mayor cabalidad asumió al ideal soberano del apóstol. Para confirmar tales hipótesis que sustentan su haber, se encuentran las páginas que esgrimen la pluma de un memorable discursar y la coherencia de un comportamiento que jamás perdió la senda consciente de su compromiso con el pueblo, especialmente hacia aquellos sectores más desfavorecidos por condicionantes históricas.

La obra póstuma de Serra contiene una vigencia deslumbrante, como si estuviera escrita desde un prisma de perenne trascendentalidad, destinado a quebrantar las barreras del tiempo en su dimensión aleccionadora. Sus planteos poseen un carácter conversacional utilitario para cualquier régimen de gobierno, cual referencia necesaria para el adecuado cumplimiento de su mandato. Ello queda de manifiesto en una de sus ideas al expresar: «para deducir de todas las calamidades de que sufre el pueblo, hay que venir de vez en cuando hasta él; hay que escuchar de cerca y más directo sus clamores».

El solemne político era consciente de la vocación popular-republicana y democrática a la que estaba adscrito, de tal modo que no tuvo reparos en proclamar las insuficiencias de la arquitectura que formaba parte del edificio constitucional cubano. Dichas carencias constituían el factor resultante a las improcedencias de conservadores y liberales en el manejo del ager publicus, llevado a cabo en pleno divorcio con los preceptos de virtud que sustentan el «deber ser»de la democracia republicana. El conocimiento profundo de esa realidad, lo condujo a su renuncia como miembro del gabinete de Tomás Estrada Palma ante su intento de reelección fraudulenta en agosto de 1906. De igual modo, sostuvo con valentía desde la prensa nacional, el rigor de un pensamiento crítico intransigente frente a los caciquismos políticos, exclusiones sociales y tendencias oligárquicas, acontecidas en la joven experiencia de soberanía autónoma inaugurada en 1902.

Las lecciones plasmadas en el pensamiento republicano de Rafael Serra le proporcionan un imperecedero sentido de vigencia histórica a su legado intelectual y político. Reflejan las carencias estructurales del modelo fundacional del Estado-nación moderno, luego de varias décadas de lucha revolucionaria y etapas precedentes de rebelión anti-colonial. Su obra constituye una auténtica confluencia de la tradición cubana anhelante de una modernidad institucional establecida, con la particularidad de ser esgrimida desde el terreno candente de las contradicciones de la época, en medio de un sinfín de intereses en pugna, los cuales logró esquivar con temple de venerable resistencia volitiva, para bien del legado independentista radical revolucionario.

Las asechanzas del modelo imperante y los peligros siempre latentes del imperialismo estadounidense —con derecho intervencionista jurídicamente reconocido—, no fueron asidero que obnubilase su visión ante la reivindicación al derecho de los sectores excluidos en el reconocimiento justo a sus intereses, demandas y reclamos de igualdad ante la ley. De ahí su firme apoyo a la convocatoria organizacional de Evaristo Estenoz en torno a los independientes de color (1908-1912), cuya vocación humanista y temple sosegado condujo a combatir toda referencia que azuzara los motes divisionistas del racismo; así como las manidas tendencias aristocráticas del campo insurreccional, aún vigentes en gran parte del liderazgo posrevolucionario en el edificio estructural republicano.

La importancia de ese posicionamiento es de una exactitud poco reconocida por la historiografía y el pensamiento intelectual contemporáneo, pues no deja fuera de su perspectiva democrática el lugar que estos sectores deben ocupar en los espacios de socialización política desde condiciones de equidad y justicia. De tal forma se distancia de las salidas facilistas e inexactas en las convocatorias de unidad fundacional en torno al proyecto-nación cubano, sutilmente tachadas desde ciertas zonas de producción del pensamiento, a pesar del protagonismo que adquirieron estos actores en las luchas por la emancipación.

En refuerzo que sujeta esa postura de Rafael Serra, predomina la cualidad de una ventaja notable respecto a la mayor parte del sector de negros y mestizos, consistente en poseer los dotes de una rigurosa educación y altos valores de instrucción moral; así como el tino certero de su participación protagónica en los hechos de transformación radical desde etapas embrionarias de su gestación, lo cual sumado a su compromiso «racial» y de clase, supuso una inequívoca cosmovisión que sustentó la praxis coherente de su comportamiento político en la esfera pública.

Los «padres fundadores» de la ingeniería poscolonial existente, no fueron capaces de abstraerse a los efectos del conservadurismo oligárquico, las prácticas del caudillismo personalista y las consecuencias de la exclusión «racial» derivadas de un pasado colonialista de esclavitud. Tales elementos sumados a las imposiciones dependientes e intervencionistas de los Estados Unidos, maniataron todo sentido pleno de soberanía nacional, vocación de justicia y participación democrática consciente en términos de igualdad ciudadana.

Los remanentes de tales prácticas nocivas a la convivencia social armónica, derivaron en la extensión de sucesivos movimientos de rebelión políticos bajo estandartes ideológicos diversos, agrupaciones partidistas movidas por mecanismos de contestación heterogéneos y asociaciones de lucha revolucionaria con dimensiones reparativas en sus programas sociales. Dichas incursiones fueron consecuencia directa del autoritarismo cíclico y las carencias sociales, derivadas de una gestión política resultante más de intereses personales que de compromiso realmente efectivo con las clases populares.

La oratoria martiana alcanzó una dimensión instrumental tal altamente envilecida, como ausente de los más elementales contenidos de apego a la veracidad. Una vez convertido el apóstol en símbolo petrificado de legitimación nacional, fue quebrantada toda relación de credibilidad que dicha narrativa sustentase con la ideología promulgada por los políticos al uso. La certeza que le daba sentido a semejante actuar, resultaba correspondiente al fracaso admitido de un ideal patriótico ahogado en la corrupción institucional, la extensión de la pobreza ante el goce de los estratos superiores y la violencia como estrategia de reivindicación de los derechos sociales arrancados.

Ese es el escenario contextual que dio paso al proceso revolucionario de 1953, hasta alcanzar su triunfo definitivo en la madrugada del 1º de enero de 1959. La promesa del restablecimiento de las garantías democráticas violentadas por Fulgencio Batista en 1952, así como la proclama de restituir la Constitución de 1940, movilizaron no solamente el sentir de todo un pueblo; sino además el clamor de la mayoría de las clases sociales de la Isla, incluyendo un sector amplio del pequeño, mediano y grande empresariado privado del territorio.

La temprana deriva del proyecto de cambio hacia una radicalidad centralizadora, halló en el despliegue abierto de las hostilidades con Estados Unidos el auspicio para sus planes contrarios a los fines más plenos de la democracia. La aplicación de los fundamentos dogmáticos, mecanicistas y autoritarios del marxismo-leninismo de origen soviético, sirvieron de sustento ideológico a los fines de la concentración del poder en una clase política reducida, devenida en organismo de dominación estatal-unipartidista, que terminaría por extinguir en pocos años todo vestigio de libertades intelectuales, civiles y políticas; que a su vez generaría serias divisiones en el seno de los grupos armados y organizaciones protagónicas que participaron en el proceso de lucha por la liberación nacional.

En el fuego cruzado de la «guerra fría» y bajo estandartes discursivos de justicia, la concentración plenipotenciaria del poder, así como la plasmación de un culto a la personalidad de raigal urdimbre nacionalista, —amparado en los postulados de una teleología de la historia centenaria—, acompañaron el liderazgo de un modelo que acabaría por estancar los principales rubros productivos y renglones de avanzada, logrados como resultado de la inversión extranjera directa, el dinamismo de la iniciativa individual y la aplicación de la innovación con capital foráneo durante las décadas precedentes.

La realidad resultó obnubilada para las grandes mayorías ante las irracionales prebendas económicas en materia de subsidios concedidas por la antigua URSS y otros países del extinto «campo socialista europeo»; de la misma forma que parecía carecer de importancia la reivindicación de las conquistas en materia de libertades individuales y respeto a los derechos humanos, ante la imposición de un modelo de colectivismo social que adquirió manifestaciones forzosas, autoritarias y sobre-productivistas en la exigencia de sacrificios a la clase trabajadora; sin que ello adquiriera una elevación ostensiblemente superior en sus niveles de vida, a pesar de sus inequívocas dimensiones reparativas de raigambre social.

El despotismo interno en el manejo de las relaciones públicas, la militarización extrema de la sociedad acompañada de un adoctrinamiento ideológico sin precedentes, así como el carácter institucionalizado de la centralización de funciones hacia 1976, dejaban explícitamente en evidencia la dimensión de no retorno a los ideales republicanos y democráticos proclamados por la clase política que lideró el proceso revolucionario.

Mas desde etapas anteriores, con la adopción de medidas que coartaron las capacidades de generación de riquezas del pequeño y mediano campesinado agrícola, la expropiación del empresariado inversionista extranjero, el cercenamiento a toda condición asociativa de los cubanos en sus derechos de libre creación intelectual-artística, manifestación pública y expresión periodística, ilustraban la tónica «justiciera» que distinguía el proceso de cambio radical para las grandes mayorías de la Isla.

A partir de 1990 tuvo lugar la agudización de las carencias sociales, la escasez predominante de forma sostenida y la extensión de la pobreza generalizada, debido al fin de la ayuda concedida por los aliados históricos «anti-occidentales», consecuencia de la insostenibilidad de un modelo irracional, centralizado in extremis y enfermizo en el dominio totalitario de control bio-político. Esa realidad trajo consigo manifestaciones factuales de una crisis estructural inédita, a la que se abocó el país con la consolidación del desmantelamiento productivo. Las bases orgánicas de semejante catástrofe socioeconómica hallan su génesis en las medidas estatalistas sin participación obrera adoptadas durante la década de 1960 y años posteriores.

En lo adelante, mediante la consecución de un deplorable «colonialismo interno» por el componente dirigencial del Partido/Estado, las clases populares contemplaron el desvanecimiento pulverizado de sus ahorros y finanzas, con la misma rapidez impositiva con que tuvo lugar el carácter simbólicamente violento de la reestratificación económica, la expansión de las inequidades y el aumento de la inseguridad alimentaria, propiciando el divorcio de todo discurso político «humanista» con la dura realidad cotidiana de los cubanos.

Todo ello tuvo lugar y se mantiene, bajo la permanente hostilidad ante cualquier expresión de disenso, reprimida de forma eficaz mediante la utilización de los dispositivos del Estado para la sofocación de todo atentado al orden establecido. Ante la realidad de semejante escenario, la validez de los preceptos republicanos, soberanos y democráticos, así como de respeto a la voluntad popular, adquieren plena vigencia como parte de la tradición patriótica legada por quienes desde la coherencia política del pensamiento y el accionar consecuente, le dieron paso a una dimensión acabada de sus ideas, en función del anhelado bienestar del país y la salud de sus instituciones públicas, mediante el sostenimiento equilibrado de poderes como garantía de paz.

Por tales motivos y razones, la soñada república posible, es aún materia pendiente e ideal realizable, cuya materialización pospuesta reclama el merecido «buen vivir» para millones de cubanas y cubanos.