El corpus de medidas punitivas, extraterritoriales y coercitivas impuestas por Estados Unidos hacia Cuba, constituye la consagración política-legal de un proceder que atenta contra la soberanía de un país extranjero y le impone severas dificultades en el sistema financiero internacional para acceder a bienes y productos esenciales. El impacto de estas acciones tiene un efecto notable sobre la vida de las personas, especialmente de aquellos estratos más vulnerables a los estragos de la crisis; dado que dicha política persigue una finalidad de estrangulamiento existencial y afecta en mayor medida a quienes carecen de las reservas suficientes para afrontar los embates de la inflación, la escasez y las disímiles dificultades de la vida cotidiana.

Las sanciones económicas poseen el repudio de la mayor parte de los países del mundo, incluyendo quienes gozan de mejores niveles de aprobación en los estándares democráticos. Su origen como «política de Estado» se remonta a las etapas más crudas de la «Guerra Fría», pues formó parte de un escenario de enfrentamiento en medio de un contexto de bipolaridad sistémico entre dos regímenes que a la altura del siglo XXI resulta inconsecuente; dada la desaparición del paradigma alternativo al capitalismo como fuerza capaz de poner en peligro al orden mundial en términos realistas.

En este contexto, la política de arreciamiento impuesta por la administración republicana encabezada por el presidente Donald J. Trump contra la Mayor de las Antillas, debe su mantenimiento más al predominio de un pensamiento conservador y lobista impulsado por la comunidad cubanoamericana en la Florida, que al éxito propio de la estrategia concebida en lograr las transformaciones dirigidas a remover el régimen existente en la Isla.

La nación caribeña padece desde los años noventa del siglo XX una profunda crisis estructural, que de manera cíclica persiste entre etapas de flexibilidad e intensificación en dependencia del escenario económico y financiero que experimenten sus principales aliados en la arena internacional. El archipiélago antillano enfrenta además, a raíz de los estragos posteriores a la pandemia de Covid-19, un deterioro sostenido de todos sus indicadores sociales ante el enorme gasto generado por la crisis sanitaria, la caída del turismo y el comercio mundial. Ello se tradujo a lo interno en severas consecuencias para la economía, como fueron las serias restricciones de divisas, el estancamiento productivo, el impulso del fracasado «ordenamiento monetario» y el desencadenante de masivas protestas sociales con el consecuente saldo represivo ulterior.

Dicha realidad provocó la crisis migratoria más significativa de la historia nacional, con un éxodo de 1,4 millones de habitantes en el período comprendido entre 2020-2025. La caída de la población, sumado a la deficitaria natalidad del territorio, la alta emigración de los jóvenes y la elevada esperanza de vida para los estándares de un país subdesarrollado, sitúan a los adultos mayores en el entorno del 25 % de la población; lo que se trasluce en un crecimiento de la pobreza y un aumento de las vulnerabilidades de este grupo etario, ante la baja productividad de la industria y la caída de los principales renglones económicos. De tal forma, se comprime tanto el valor de las pensiones, como la capacidad de compra del salario ante el predominio de una moneda local altamente depreciada.

A la escasez de productos elementales para la reproducción material de la vida, se suma el deplorable estado de la infraestructura eléctrica; hecho que genera apagones que superan las veinte horas en varias localidades y provincias del país, debido a un alto déficit ocasionado por razones múltiples al que se enfrentan las distintas centrales de generación, incapaces de cubrir en ocasiones incluso el 50 % de la demanda nacional. Las consecuencias materiales, económicas, psicológicas y sociales ante la persistencia prolongada de esta crítica situación resultan inabarcables, puesto que imposibilitan el normal desarrollo de las actividades cotidianas en una civilización moderna, al ser este un fenómeno que impacta en casi todas las esferas de la sociedad, cuyos daños lacera la felicidad de las personas, sometiéndolas a privaciones extenuantes, inhumanas y deplorables.

Resulta ineludible la responsabilidad estatal como entidad administradora de las finanzas públicas, incapaz de acometer las inversiones necesarias que demandaba el sector energético en los plazos adecuados. En tal sentido, no es posible obviar la permanencia durante años de un patrón de gastos del presupuesto nacional que favorecían de manera desproporcionada al turismo en detrimento de otras esferas, en momentos históricos de baja ocupación hotelera en el país. Sin embargo, en dicho resultado tienen un lugar innegable el conjunto de sanciones económicas contra Cuba, dadas las dificultades en el acceso a combustibles, piezas, créditos y divisas, de manera que en la práctica obstaculizan la adecuada recuperación del sector y la economía, con una incidencia directa en el bienestar de millones de personas.

Detrás de esa política hostil no solamente se encuentra un amplio grupo con influencia notoria en las esferas de poder norteamericanos. Persisten en dicha idea además, una heterogénea amalgama de activistas y proclamados defensores de los derechos humanos, que no cejan un ápice de su estrategia en el empeño de realizar peticiones externas de «intervención humanitaria», solicitar el cierre de acuerdos de colaboración internacionales con un impacto ostensible en la vida de la población y vindicar el recrudecimiento de las medidas de asfixie bajo el estandarte de no proporcionarle «más oxígeno a la dictadura» cubana.

El efecto político de las sanciones económicas en el pueblo cubano

El exilio histórico anticomunista reivindicaba y aún sostiene con elevadas dosis de extremismo, que la existencia del bloqueo o embargo económico, comercial y financiero, se debe a las medidas de nacionalización de las propiedades privadas impuestas por el Gobierno cubano después del triunfo revolucionario contra la tiranía de Fulgencio Batista. Sin embargo, a pesar que la teoría jurídica reconoce a las revoluciones como posibles fuentes materiales de derecho, sectores liberales reniegan incluso la existencia fáctica de un proceso de transformación radical posterior a 1959, como alternativa retórica para la defensa a ultranza y reacomodo parcializado de sus intereses monetarios.

En cambio, nuevos actores contemporáneos del activismo anti-totalitario cubano, —incluso con visos progresistas en su discurso—, se encuentran revestidos de narrativas que les distancian de la proyección, estrategias y fórmulas del exilio histórico, aunque sostienen en relación al bloqueo/embargo un posicionamiento similar en objetivo, pero diferente en los argumentos que articulan para la vindicación de su sostenimiento. En su defensa afirman que el motivo fundamental de esa herramienta de presión encuentra sentido en la existencia de un régimen autoritario, que no permite el disenso político organizado, la libertad de prensa, asociación y manifestación pública, —so pena de largas condenas de cárcel—; en tanto mantiene recluidos a un número elevado de prisioneros que en el marco de las protestas sociales del 11J y fechas posteriores, salieron a las calles a protestar en todo el país dada la crisis estructural del modelo sistémico.

Ante tan complejo escenario resulta válido preguntarse, ¿contribuye a la causa democrática o el mejoramiento social las sanciones impuestas por Estados Unidos? La estrategia «insurreccional» que pretende la caída del modelo político a través del colapso económico del régimen, parece ignorar varios elementos de importancia en dicha ecuación, entre las que vale la pena enunciar:

1-El alto envejecimiento de la población cubana que representa un cuarto de los residentes totales dentro la Isla, dando paso a que este grupo etario se enfrente en gran medida a una situación de vulnerabilidad permanente que dificulta toda capacidad de resistencia u organicidad ante tan complejo panorama.

2-El agotamiento acumulado ante la crisis alimentaria, los prolongados apagones, el deterioro del transporte y el resto de los servicios públicos, que demandan un gasto energético enorme, así como la ocupación durante largas jornadas a la lucha por la supervivencia, lo que incide en la despolitización cosechada durante décadas.

3-La persistencia de un éxodo masivo de jóvenes al exterior, motivados en su emigración por las penurias cotidianas; hecho que genera una pérdida de esperanzas para satisfacer anhelos existenciales y profesionales; en tanto constituye una herramienta que funciona como «válvula de escape» para las esferas gobernantes.

4-La efectividad de los aparatos policiales y operatividad de los órganos judiciales, que trabajan de manera conjunta como mecanismo altamente persuasorio a los fines de manifestación en el espacio público; pues ello se traduce en largas condenas para quienes protestan de forma espontánea, libre y abierta en las calles del país.

5-La concesión de cárcel como praxis de represión política para opositores y manifestantes, lo que trae asociado un empobrecimiento de los familiares que asumen la carga de enviar alimentos, medicinas, aseos y otros recursos hacia el centro penal; de modo que estos incurren en una serie de fuertes gastos relacionados, lo que comprime aún más sus depreciadas condiciones de vida.

6-La existencia de niveles deficientes de organización sindical y asociativismo independiente, que dificultan las posibilidades reales en un marco autoritario tan altamente represivo, de articular estrategias de resistencia cívicas directamente confrontacionales y sostenibles en el tiempo, con posibilidades reales de transformar la estructura sistémica.

7-La política de hostilidad e intensificación de las sanciones, restringe el marco de probabilidades para la recuperación económica integral, dado que no existen garantías vinculantes por parte de otros Estados, comprometidos en el establecimiento de un régimen de bienestar ciudadano, en caso de producirse un escenario político «poscomunista».

8-La ausencia de apoyo diplomático proveniente de países democráticos, incide en el desconocimiento al accionar de los activismos progresistas y organizaciones integrantes de la sociedad civil cubana. Dicho silencio constituye un alineamiento a las posiciones oficiales del Partido Comunista de Cuba y resta viabilidad a la alternativa anti-sistémica popular.

9-La profundización en el deterioro de la industria nacional, así como en la generalidad de los servicios públicos entorpece la generación de valores democráticos en la ciudadanía, al tener que priorizar la batalla por la supervivencia durante largas horas diarias en la búsqueda de material indispensable para la reproducción de la vida, en lugar de fortalecer la preparación política y el activismo crítico.

10-La estrategia consistente en aumentar las privaciones económicas contribuye a la propagación del hambre, la miseria y la pobreza, lo cual contradice el fin último de sus propósitos libertarios; ya que las sanciones externas resultan violatorias de los derechos económicos, sociales y civiles del pueblo cubano.

Además, el Gobierno y el Partido Comunista demuestran una enorme capacidad de resiliencia ante las políticas de sanciones y agresión externa, las cuales funcionan como mecanismo re-vitalizador del nacionalismo patriótico que, en no pocos casos ocasionan el desate de un andamiaje reactivo, generador de efectos colaterales en los grupos de oposición dentro de la Isla. En este contexto, resulta altamente cuestionable la eficacia de semejante proceder hacia la democratización del espacio político antillano, cuando sus consecuencias las paga a muy alto precio la población, sin que se avizoren horizontes de salida en un límite de tiempo determinado.

Lejos de ello, se entronizan nuevas contra-ofensivas de centralización por parte de la élite partidista dirigente como respuesta a su inducido aislamiento; en tanto se aprecian nichos de concentración económico-monetaria que profundizan las desigualdades en el país y generan traumáticas asimetrías en la sociedad. En cambio, estas resultan difíciles de procesar para las clases más humildes del territorio, dado el intento de emular por la oligarquía burocrático-militar un proceso transicional similar al modelo ruso, durante la etapa posterior a la caída de la URSS en 1991.

Las organizaciones más prestigiosas del multilateralismo internacional como la Organización de Naciones Unidas (ONU), señalan la persistencia en Cuba de un modelo de gobierno con manifestaciones autoritarias en su estructura de funcionamiento sistémico, al tiempo que ofrecen reiteradas recomendaciones para la apertura de un escenario de mayores libertades y garantías democráticas. Sin embargo, con igual contundencia condenan el corpus de sanciones punitivas y medidas unilaterales que complejizan y dificultan la vida de la mayoría de sus habitantes; de modo que estas contribuyen a la proliferación de un escenario de carencias materiales, pobreza económica y escasez generalizada.

El sustento detrás de semejante programa de coerción y severidad, responde a los intereses de una política imperial impuesta por una superpotencia que interviene en gran parte de las operaciones financieras y comerciales del sistema-mundo global, lo cual dificulta a niveles exponenciales la capacidad de maniobra del Estado cubano e indirectamente incide en el nivel de vida de su población. La ineficiencia administrativa se suma así a la imposibilidad de acceder en el mercado externo a todo un conjunto de bienes y servicios vitales, que garanticen determinada estabilidad en el abastecimiento a sus residentes y trabajadores locales.

Los activistas políticos y defensores de los derechos humanos que respaldan ese corpus de sanciones, fomentan la miseria del pueblo y el aumento de sus privaciones materiales como camino para alcanzar la proclamada libertad. Dicha contradicción resulta incongruente con los preceptos fundamentales de emancipación; ya que adopta el camino del castigo humano generalizado en lugar de concentrar tales acciones en los principales responsables de la represión política y la violación sistemática de los derechos civiles desde posiciones de poder.

Además, el mantenimiento de semejante estrategia sitúa a sus proclamadores en una postura de alineamiento a los intereses hegemónicos de Estados Unidos; cuyos propósitos se extienden al dominio militar, político y económico, de nefastas consecuencias para el devenir de las naciones objeto de su intervención, como resulta fácilmente demostrable a través del estudio e introspección en los saberes de la historia.

La experiencia de impulsar este sendero, no garantiza el arribo de un escenario más favorable para el establecimiento de un Estado de Derecho capaz de restablecer un marco normativo subordinado a los intereses de la voluntad popular, ni están aseguradas las condiciones económico-financieras para la recuperación material de la Isla. Lejos de ello, resultan demostrativos los ejemplos que ilustran el ascenso al poder en contextos pos-autoritarios de grupos con un proceder despótico desde las instancias de representación públicas; quienes al mismo tiempo resultan incapaces de promover un desarrollo nacional autónomo, sostenible y redistributivo, como consecuencia del previo deterioro de la infraestructura y el atraso tecnológico, de cuya responsabilidad no es posible sustraer los efectos ocasionados por las sanciones económicas y comerciales.

La ruta honorable para la conquista de los derechos fundamentales del pueblo cubano consiste en establecer estrategias autónomas de resistencia y articulación popular que tributen hacia la democratización del país. Tales iniciativas resultan más difíciles de implementar en un escenario de aislamiento, privaciones de recursos y polarización diplomática. La promoción de un contexto social que tribute a someter a mayores dificultades la vida de millones de seres humanos, contradice todo propósito de liberación como finalidad política. Adicionalmente, las redes de apoyo mutuo y estrategias de colaboración interconectadas desde dentro de la Isla con residentes en el exterior, favorecen no sólo la construcción de un país más digno y humanitario; pues además, aportan a la sistematización de ejercicios ciudadanos de horizontalidad democrática, autonomía y conciencia cívica, ante las falencias administrativas, burocráticas y represivas del Gobierno cubano.

El trazado hacia la plena liberación, el bienestar y el fortalecimiento institucional amparado en la formación de valores republicano-democráticos, demandan de mayores dosis de negociación política, intercambio cultural, solidaridad material y cooperación económica, mediante el cultivo de preceptos humanistas alejados del viejo mandato autoritario de sanciones unilaterales que terminan por afectar a la gente común.

Por el contrario, las mayores esperanzas enfocadas en cimentar una sociedad más humana, solidaria y armónica, radican en los puentes capaces de erigirse más allá del odio y la polarización, dirigidos a fortalecer alternativas enfocadas en el bienestar, la reunificación y el entendimiento político. Ese objetivo sólo es posible alcanzarlo sin la presencia de intermediaciones injerencistas o intromisiones externas que laceren el camino de la soberanía.

Ese sería el trazado más admirable y consecuente para proteger de forma digna los intereses del pueblo cubano en su acepción más amplia, respetuosa e inclusiva. En salvar vidas, proteger derechos y restaurar la integridad al menor costo social posible, radican algunos de los aspectos fundamentales de la lucha republicana por la libertad. La experiencia política en la tradición del pensamiento independentista, ofrece sobrados ejemplos de dignidad por quienes consagrados a la preservación de la justicia, anhelan sea devuelta a la voluntad popular, para el cultivo duradero del bienestar, la paz y el devenir democrático de la nación.