El pasado miércoles 16 de marzo, el Tribunal Supremo Popular de Cuba confirmó que 128 ciudadanas y ciudadanos fueron condenados a privación de libertad, en razón de su participación directa en las protestas que estremecieron todas las regiones de la Isla, los días 11 y 12 de julio de 2021. Las penas contra los 128 manifestantes, incluyendo a un menor de edad al momento de su detención, oscilan entre 6 años y 30 años de privación de libertad.

¿Quiénes son las 128 personas a las que el Estado deja caer todo el peso de sus leyes draconianas? Ciudadanas y ciudadanos residentes en los alrededores de la habanera Esquina de Toyo y en el barrio La Güinera, dos de las comunidades más pobres de la ciudad de La Habana. Dos de las comunidades más castigadas por la crisis económica sistémica, agravada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la ineficacia de las medidas económicas implementadas por los actuales gobernantes cubanos.

El Gobierno cubano se empeña en evidenciar su autoritarismo, desprecio, uso del terror de Estado para convencer de que quienes se le opongan arruinarán sus vidas y las de sus familiares, así como su falta de voluntad para dar paso a la búsqueda de soluciones políticas de una crisis que amenaza la integridad de la Nación cubana, que no es propiedad de la élite del Partido Comunista y sus seguidores, sino patrimonio de todas y todos los cubanos, independientemente de su clero ideológico y posiciones políticas.

Con esas sentencias, injustas y desmesuradas, el Gobierno cubano, que ya condenó públicamente la represión y reclusión de manifestantes en Chile, Colombia, Ecuador y otros países, envía un mensaje que denota cinismo, doble rasero y un despotismo que emula con el que sobre Cuba impuso el régimen colonial español.

Cuba Próxima considera que con las condenas excesivas impuestas a manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, el Gobierno cubano no busca evitar la violencia y el vandalismo durante protestas sociales, sino inhibir el ejercicio del derecho constitucional de manifestación pacífica de todas y todos los ciudadanos cubanos.

Por otra parte, la prioridad que el Gobierno cubano le ha dado a la criminalización de las y los protagonistas del estallido social de julio de 2021, contrasta con morosidad de las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven Diubis Laurencio Tejeda, el 12 de julio de 2021, durante la manifestación en el barrio La Güinera, y llevar ante la justicia el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, ejecutor del disparo que segó la vida de Laurencia Tejeda.

Ante las sentencias abusivas dadas a conocer por el Tribunal Supremo Popular, Cuba Próxima:

1) Rechaza la imposición de condenas excesivas contra las y los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021.

2) Exige la inmediata excarcelación de todas las personas presas por motivos políticos.

3) Exige que el responsable de la muerte Diubis Laurencio Tejeda sea juzgado sin detrimento del debido proceso.

4) Rechaza la represión contra familiares, amigos, activistas y ciudadanos en general, que, en ejercicio de sus Derechos Humanos y constitucionales, expresan su solidaridad con compatriotas que pueden pasar buena parte, sino el resto de sus vidas, privados de libertad.

Comprometida con el respeto a los Derechos Humanos, los valores y principios democráticos, la construcción de un Estado de Derecho y la justicia social, este Centro de Estudios ya es parte de las iniciativas de la sociedad civil cubana que surjan para denunciar, dentro y fuera de Cuba, la existencia de centenas de presos políticos en cárceles cubanas y exigir su liberación.