La realidad que sostiene al artículo 5 de la vigente Carta Magna cubana constituye el “nudo gordiano” que impide el ensanchamiento de ciertos derechos políticos. Los hacedores del modelo sociopolítico defienden la necesidad del unipartidismo. Lo hacen a partir de la noción de “estado de sitio” y de “confrontación subversiva” y para ello apelan a la convicción martiana de “unidad” en esas horas supremas de la Patria que requieren del esfuerzo conjunto de sus hijos (convicción proyectada en un artículo suyo publicado en el periódico Patria el día 16 de abril de 1892).

Sin embargo, como he señalado desde hace aproximadamente una década, no estoy seguro de que, en la actual etapa de nuestras extendidas circunstancias difíciles, ellas aún reclamen el unipartidismo; sino lo contrario, o sea, la instrumentalización del pluralismo político. Ante esto, sólo me queda recordar que el propio José Martí también estaba seguro de que tal “unidad” no debería traspasar el periodo necesario y que, en todo caso, un partido político que pretendiera agrupar y representar a todos los cubanos debería empeñarse, a su vez, en liberar a cada cubano y en abrir el país y entregárselo a la actividad diversa de sus habitantes. También puedo afirmar que por esta razón Martí no fundó un partido político clásico. Más bien instituyó una especie de “confederación de asociaciones civiles y políticas” con una amplia base democrática que tomaban partido por la independencia de Cuba y por auxiliar a Puerto Rico en una gestión similar, pero todas ellas continuaban trabajando de forma independiente.

Considero que también en esto el actual “partido único” debería apelar a las convicciones martianas. Del mismo modo debo aseverar que si dejamos de adentrarnos en la instrumentalización de una pluralidad política (positiva) y la oficialidad tampoco logra la suficiente dimensión política de un partido único (que, al menos, anhele ser abierto y vital), de seguro nos encaminaremos hacia un prototipo de gestión política sin política. Esto afectará las cualificadas potencialidades de gerencia gubernamental y añadirá aún más apatía social y desidia institucional. Esto, como es lógico, menoscabaría a todos los cubanos, con independencia de sus preferencias ideopolíticas.

Igualmente, el artículo 5 asegura que los derechos vinculados a la política y a la opinión no sean ejercidos con igualdad, como ya refrenda el artículo 42 de la Ley de leyes, sino sólo por parte del poder. Esto convierte en una ficción el artículo 3 que dice garantizar la soberanía en el pueblo. Además, revela que quizá la actual exaltación de un “socialismo de derecho” se refiera sobre todo a un énfasis en cuanto a ese criterio de “teóricos marxistas” acerca de que “el derecho es un instrumento de coerción de quién detenta el poder sobre toda la sociedad”. Igual, coloca la autoridad suprema del Parlamento sólo como un mecanismo estatal, tal vez amplio y “diverso” y de alta jerarquía legal, pero sólo al servicio de las proyecciones y políticas del PCC, según la orientación de este y en el momento y la forma que este prevenga. La denominada “comisión de candidatura”, que lastra eso que llaman Ley electoral (que es sólo un reglamento que establece los procedimientos para designar a quienes ocupen los cargos del Estado), resulta el enroque esencial que lo garantiza.

Por contraste, Cuba Posible fue un proyecto cívico que invitó a todos a transformarse en ciudadanos y pensar por su cuenta, expresar sus creencias, coincidir o discrepar, así como respetar y defender los mismos derechos cuando otros los ejercen. Pero los ciudadanos no pueden ejercer efectivamente las responsabilidades políticas de manera aislada. Es imprescindible asociarse con quienes poseen criterios afines para intentar hacer valer las opiniones en el contexto de la sociedad moderna, siempre amplia y compleja. Esto último introduce los temas del pluralismo y el pluripartidismo.

Siempre resultará difícil que la generalidad de una nación pueda llegar a un consenso casi absoluto que trascienda el acuerdo acerca de principios fundamentales, aptos para conformar una aspiración ideal comunitaria, capaz de lograr la unidad en la diversidad y la cooperación desde la libertad, pero no más que eso. Y aunque la generalidad de una nación haya acordado previamente salvaguardar y promover entre todos determinados principios e ideales, cada persona es idónea para ofrecer lo que las demás no son capaces y, a su vez, todas las demás son potencialmente competentes para contribuir con lo que cada persona no es suficiente de lograr. Esta es la base de la diferenciación social que demanda un libre ejercicio de la iniciativa, ya sea económica, social o política, etcétera.

Por ello cada persona debe decidir con entera liberad qué puede aportar a los demás, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Es más, puede haber diferentes maneras de promover un mismo principio; incluso muchas veces esa diversidad se complementa, facilitando una mejor realización de los objetivos comunes.

Algunos cuestionan la actual legitimidad y pertinencia de los partidos políticos. Muchos estiman que los partidos políticos ya constituyen un mal y deben comenzar a formar parte del pasado. Otros consideran que podrían continuar existiendo, pero en un marco de condiciones que los obligue a servir al pueblo y no a servirse del pueblo. Asimismo, unos sostienen que el pluripartidismo ha quebrado históricamente y otros que se hace necesario revitalizarlo, pero sin condiciones que lo restrinja, sino con los privilegios de siempre. Igualmente, algunos ratifican que el unipartidismo también quebró y otros reafirman que pudiera, por medio de nuevas formas y perspectivas, constituirse en un instrumento válido. Por otro lado, no faltan quienes aceptan que cualquier variante podría resultar válida, siempre que sea podada de lo negativo y tenga la voluntad de incorporar la honradez, el respeto y la responsabilidad. Del mismo modo, no pocos señalan la urgencia de buscar instrumentos distintos, muy distintos, aunque por supuesto sin descontar la experiencia del pasado (ya sea positiva o negativa).

Este dilema aún atraviesa los análisis, discursos y posiciones dentro de la sociedad cubana y, de manera enfática, entre los miembros de la red de colaboradores de Cuba Posible. No obstante, dentro del Laboratorio de Ideas, aunque se mantenga vital toda esa pluralidad de inquietudes al respecto, se tuvo la responsabilidad de ir tejiendo consensos que, a la vez, en cada etapa siempre consiguieron mayor precisión.

Como un ejemplo de esto muestro como resultó esbozado este consenso en el documento “Cuba soñada, Cuba posible, Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato”, de 2013, y en el documento “Propuesta de Declaración de Derechos Humanos para una futura Constitución en Cuba”, de 2017. En el primero, queda declarado de la forma siguiente: “garantizar a la multiplicidad social y política de la nación el derecho de escoger diversas formas para auto-organizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión pública”. Por su parte, en el segundo se expresa de la siguiente manera: “El derecho a la creación de partidos políticos será regulado en una ley especial”.

Sin embargo, con anterioridad al año 2013, algunos ya abogamos por el pluripartidismo político, a falta de una propuesta y una experiencia que muestren otro modo de garantizar la instrumentalización del pluralismo político.

Lo hicimos convencidos de que una política democrática requiere la expresión de toda la pluralidad de criterios. Por otro lado, también de que las opiniones y prácticas deben ser realizadas con sumo respeto y encaminarse al bienestar general y particular, y jamás a la satisfacción de mezquindades humanas. No obstante, igual hemos reconocido que de la expresión de toda la pluralidad de criterios emanarán críticas y opciones novedosas que no siempre serán integradas ágilmente por quienes poseen el control de las diferentes maquinarias políticas. Por ello afirmamos que quienes ofrezcan opciones novedosas deben poder agruparse y constituir sus maquinarias políticas particulares, para hacer posible el trabajo a favor de la consecución de sus agendas. Sin embargo, hemos reiterado que las mismas han de orientarse hacia el bien común y por ello han de ser leales al país, a la nación.

Esto propició un debate, por momentos polémico, entre quienes optamos por el pluripartidismo político. Recopilamos los intercambios de ideas y opiniones que fueron realizados durante el año 2013 y ahora es factible revisarlos en el Cuaderno No. 17, de Cuba Posible, del año 2015, titulado Política y lealtad a cuba. 

El núcleo profundo de los desencuentros y de las desconfianzas entre cubanos (no importa si habitan en la Isla o residan en otros países), ha constituido un verdadero dilema nacional. Este radica en la pugna excluyente entre proyectos disímiles de país y en la sucesiva incapacidad para articular, de forma complementaria, toda la diversidad política de la nación.

Desde Cuba Posible siempre se pronunciaron voces muy claras en torno al reclamo de importantes transformaciones constitucionales, institucionales e ideológico-culturales. En este empeño se solicitó una reforma política y civil en paralelo a la reforma económica, que diera cuenta de la diversidad social y de la pluralidad política de la sociedad cubana contemporánea.

Se deliberó muchísimo acerca de 1) la institucionalización de la sociodiversidad y la participación política ciudadana; 2) la construcción de instituciones estatales y de un marco legal asociativo, que sean capaces de procesar el pluralismo y de ponerlo en función del bienestar general de la nación; y 3) hacerlo teniendo presente el desafío irrenunciable de mantener las más altas cotas de estabilidad social, económica y política.

Comprendíamos la necesidad de incorporar, en la práctica política cubana, esa dinámica de tensión a la vez civilizadora, capaz de gestionar los conflictos desde el respeto y a través de maneras democráticas, además sin menoscabo del bienestar general. No obstante, considerábamos que si, en nuestro caso, imperaban la polarización radical y la deslegitimación absoluta, debíamos procurar un plus de virtud a la ordinaria “tensión civilizadora”; porque, de no lograrse dicho plus, podría ser insuficiente esta dinámica, en aras de alcanzar una solución. Para intentarlo apelamos a lo que llamamos “lealtad al país y lealtad entre los ciudadanos”.

Con ello quisimos promover el respeto irrestricto a la integridad moral y política de toda la nación y de cada cubano. Por tanto, esta idea desestimaba cualquier acción política que dañase a la sociedad o a una parte de ella. Hacía suya la frase martiana: “con todos y para el bien de todos”, por medio de la cual el Apóstol proponía una sociedad cubana integrada en toda su diversidad, pero ubicaba como parámetro para aceptar la participación de personas y de grupos particulares, en el empeño de éstos por trabajar para el bienestar de los otros, aunque algunos de ellos sean sus contrincantes. 

Esta propuesta reclamaba la honestidad de quienes ostentan el poder y sus simpatizantes, de quienes se le oponen y de toda la diversidad nacional. En este sentido, para señalar un ejemplo, podíamos cuestionar la decisión ideológica de la oficialidad acerca de no aceptar la propiedad privada en la economía, porque ello reduciría su poder, aunque afecta el bienestar de todos los cubanos. Igualmente, podíamos cuestionar las leyes norteamericanas que dañan a toda la sociedad cubana y cualquier otra posición extranjera que restrinja las posibilidades de Cuba, así como a los actores internos y externos que procuran escenarios de caos en la Isla. 

No obstante, el debate en torno a “la lealtad” se fue reduciendo a la pertinencia o no de que la oposición política también debía ser leal al gobierno. Ante tan peliaguda interpelación, apelamos a que cualquier oposición debería desempeñar su rol político interno de una manera particular, fresca, patriota. Formulamos que su interés no debía ser exclusivamente el poder, aunque le interesara el mismo, sino el servicio a toda la nación, incluso a quienes ahora posean dicho poder. De esta manera, procurábamos fortalecer el clima de confianza política necesario para deshacer al actual nudo gordiano.

Algunos cuestionaron, con sólidos argumentos, que esta orientación colocaba como centro al nacionalismo y no a los derechos humanos. Con ello sólo procurábamos un “terreno común”, porque históricamente en Cuba el nacionalismo posee una legitimidad generalizada. Sin embargo, nos empeñábamos en distanciarlo del nacionalismo rústico usado entre los políticos cubanos de hoy, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro ideológico. Lo hicimos porque estimábamos que podría ser útil para lograr un principio de entendimiento entre los ciudadanos amantes del bienestar, la justicia, la democracia, los derechos humanos y la libertad.

No obstante, aunque esta idea entusiasmó a muchos, sólo fue aceptada públicamente y en cierta medida, por algunos actores significativos. La oposición tradicional la rechazó con mucha fuerza y resultó grandemente combatida por el gobierno. Otros actores, más afines a este hálito, recelaron de colocarse frente (o en medio) de ambas tradiciones, de ambas maquinarias, de los poderes que las sustentan.

Quiero distinguir que el gobierno cubano, con su embestida a Cuba Posible, demostró de manera total que sólo es capaz de reconocer a “un otro en tanto sea replica suya” y que jamás aceptará a “un otro diferente” (si es de verdad) por “leal” o “muy leal” que realmente pueda ser. Esto quedó, definitivamente, probado.