En el seno de todo Estado democrático florecen dinámicas vitales entre la sociedad civil y la sociedad política, actuando como motores de bienestar y delineando las futuras orientaciones sociopolíticas. Este vigoroso desarrollo emerge naturalmente de la libertad ejercida con responsabilidad, canalizada a través de una gestión cívica de las tensiones inherentes a la diversidad de intereses, un proceso intrínsecamente saludable y enriquecedor para la vida pública.

Sin embargo, persiste una compleja disonancia que no radica en la pluralidad de intereses en sí misma, sino en la disparidad del peso e influencia que ostentan dichos intereses y las capacidades para promoverlos. Esta asimetría se agrava al considerar que la participación en un sistema democrático, en su concepción ideal, debería fundamentarse en la igualdad política, con instituciones diseñadas precisamente para garantizarla. En otras palabras, la prevalencia de una determinada visión o proyecto no debería estar determinada por su origen en esferas con recursos financieros desmesurados, el respaldo de la fuerza armada o la custodia de una supuesta autoridad moral histórica, entre otros factores ajenos al debate público y la expresión del voto ciudadano. El éxito legítimo debe emanar del escrutinio argumentativo y la decisión soberana de la ciudadanía a través del sufragio.

Esta realidad sitúa en una potencial desventaja legal e institucional a aquellos ámbitos sociales cuyos intereses y capacidades ejercen una influencia desproporcionada en relación con los intereses y capacidades de la ciudadanía que participa en el debate y ejerce su derecho al voto. De esta situación emergen los denominados poderes fácticos: actores que, a través de canales informales y a menudo opacos, ejercen una influencia significativa sobre los poderes formales del Estado, empleando estrategias dirigidas a determinar y orientar la conducta de otros actores políticos y sociales.

Estos canales informales suelen ser articulados por entidades como la banca y las instituciones financieras, las fuerzas armadas, las organizaciones empresariales (patronales), los sindicatos de trabajadores, las instituciones religiosas, las asociaciones de profesionales y otros colectivos, en algunos casos con una estructura formal menos definida. Es crucial señalar que estos poderes fácticos pueden integrar intereses tanto a nivel local como transnacional, tejiendo complejas redes de influencia. Cuando un poder fáctico acumula un influjo considerable en cualquiera de estos ámbitos o en varios de ellos simultáneamente, puede alcanzar un grado de impunidad virtual, sustrayéndose al escrutinio y la rendición de cuentas que se esperaría en un sistema democrático robusto.

Aunque a primera vista pueda parecer una anomalía, e incluso entrañar peligros evidentes, la articulación de estos grupos de interés no es intrínsecamente ilegítima. Sería contrario a la naturaleza de la dinámica social que estos actores no se organizaran eficazmente para defender sus intereses y ejercer una presencia relevante en los entramados de poder, los gobiernos y las instituciones cuyas decisiones impactan directamente en sus propias esferas de actuación. No obstante, la experiencia práctica demuestra que, en una medida excesiva, estos poderes fácticos trascienden la legítima influencia para convertirse en fuerzas reales que buscan controlar y dirigir la totalidad del espectro político y social; y es precisamente esta deriva la que representa un riesgo significativo para la salud de la democracia.

En ciertas ocasiones, ante la percepción colectiva de este riesgo y el creciente rechazo social, los poderes fácticos recurren a estrategias “delicadas” para mitigar el repudio público y prevenir reacciones adversas por parte de los actores políticos formales. Una táctica común consiste en identificar a individuos pertenecientes a minorías con una marcada vocación política y brindarles apoyo en sus carreras como políticos o colaboradores de estos. Posteriormente, extienden su apoyo durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, estableciendo así una relación de dependencia mutua que les permite servirse de estos individuos e incluso reclutarlos para sus propios fines. A través de esta estrategia, logran infiltrar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, obteniendo una influencia considerable en las esferas política, económica y mediática.

La acción de los poderes fácticos puede tener consecuencias tanto destructivas como estabilizadoras para el sistema democrático, dependiendo fundamentalmente de la posible convergencia de sus intereses particulares con las necesidades generales de la sociedad y los consensos políticos prevalecientes. Incluso en escenarios de convergencia, la estabilidad depende crucialmente de que las divergencias –especialmente las de intereses– sean gestionadas mediante la tensión inherente al debate democrático, y no a través de la confrontación y la imposición. Esto, a su vez, requiere que los poderes formales e informales desarrollen una necesidad mutua para la consecución de sus respectivos objetivos. Esta interdependencia puede convertirse en una condición de estabilidad social si ambos tipos de poder, para lograr sus propios beneficios, llegan a depender de la sociedad, sus necesidades e intereses.

En última instancia, una sociedad civil fuerte y organizada, con poderes propios y la capacidad de moldear el servicio de políticos maduros y responsables, se erige como la variable fundamental para asegurar dicha estabilidad. Esta fortaleza social equipararía el peso de los diversos intereses y capacidades existentes, lo que, como resultado, nivelaría las condiciones reales de igualdad política entre el poder fáctico y el poder formal, y entre ambos y el poder soberano de la ciudadanía, que debe constituir el poder primigenio y la fuente de legitimidad de todos los demás poderes en un sistema democrático genuino.