Parte de la superación del sistema actual, que ha hecho del odio y la desacreditación pública y social de quienes no comparten su ideología la piedra angular de su naturaleza, es que los cubanos nos reconciliemos entre nosotros. Debemos superar el odio y la violencia mediante el diálogo, el rescate de la memoria histórica y la aplicación de la justicia. Así, un proceso de «concertación política y reconciliación nacional basada en la necesidad de paz, justicia y transparencia» es imprescindible.
En el documento programático de «Cuba Próxima», La Cuba que queremos. Propuesta para refundar la República, se presentan los principios básicos para lograr una Cuba donde los derechos estén garantizados para todos los cubanos y donde el Estado tenga como función esencial la protección de los Derechos Humanos de sus ciudadanos.
Este documento define conceptos esenciales sobre cómo debería ser la transición y el futuro de la nueva República, con el objetivo de superar y evitar, en cualquier circunstancia, los patrones de exclusión, discriminación y violencia que la llamada «Revolución» ha instaurado en nuestro país.
La primera parte del documento, «República de ciudadanos, con democracia y bienestar», enumera lo que consideramos los diez principios fundamentales para garantizar un futuro de inclusión, democracia, Derechos Humanos y desarrollo para los cubanos.
Uno de los aspectos transversales a todos estos principios, mencionado explícitamente en los de inclusión política, social y económica, y en el de acceso universal e integral al bienestar, es la atención prioritaria a los grupos sociales vulnerables e históricamente marginados. Estos son aquellos que han sido discriminados política, social, cultural y económicamente por un sistema que, paradójicamente, nació en 1959 con la promesa de superar estos males. Sin embargo, la visión de «La Cuba que queremos» no es la de un Estado asistencialista y controlador, sino la de una república que permita el desarrollo integral de todos. La única vía posible para alcanzar este objetivo es que el pueblo recupere su soberanía, secuestrada por una cúpula partidista incapaz de generar bienestar.
La conquista de la soberanía popular solo es posible si se garantizan todos los Derechos Humanos, si las libertades políticas son reconocidas, y si el pueblo se otorga una constitución nacida de un proceso constituyente originario. En este proceso, todas las fuerzas políticas y civiles deben poder participar, y el pueblo debe decidir soberanamente su sistema social y político. Por esta razón, el principio cinco establece claramente que Cuba debe ser un «modelo de Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado y con independencia entre las ramas del poder, autonomía de los gobiernos locales y una administración pública racional y eficaz, bajo el imperio de la transparencia y la Ley.»
Nada de esto sería viable sin las condiciones para garantizar una vida digna para todos. La creación de riquezas debe garantizar el bienestar general, lo cual requiere un modelo económico que promueva la libertad de empresa y la libre competencia, elimine los monopolios y la economía centralizada, y asegure la soberanía sobre los recursos naturales para su uso en el bienestar duradero de todos. Sin estos aspectos, no sería posible garantizar efectivamente los derechos sociales y económicos de todos. Por ello, el principio siete afirma la necesidad de un «modelo económico democrático, con centralidad del Trabajo Decente, orientado al desarrollo y el bienestar general.»
Parte de la superación del sistema actual, que ha hecho del odio y la desacreditación pública y social de quienes no comparten su ideología la piedra angular de su naturaleza, es que los cubanos nos reconciliemos entre nosotros. Debemos superar el odio y la violencia mediante el diálogo, el rescate de la memoria histórica y la aplicación de la justicia. Así, un proceso de «concertación política y reconciliación nacional basada en la necesidad de paz, justicia y transparencia» es imprescindible, como se afirma en el principio número ocho.
Por último, la nueva república debe contar con «institutos militares y fuerzas policiales —con carácter “civil”— de acuerdo con el respeto de las normas constitucionales y legales; comprometidos con la soberanía nacional y ciudadana, y con la responsabilidad internacional por la paz a través de la ONU, de acuerdo con el Derecho Internacional y los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado a nivel global y hemisférico.» Asimismo, la política exterior debe basarse en el respeto al derecho internacional, la defensa y promoción de los derechos humanos, la cooperación y la paz.
Como siempre decimos en «Cuba Próxima», estas ideas son solo propuestas para debatir, dejando claro que muchos de nosotros, tanto a nivel personal como institucional, contamos con programas que permitirían a Cuba superar la miseria, la pobreza y la exclusión que el régimen actual ha instaurado como inevitables.
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