Por Roberto Veiga González

La rama ejecutiva del poder del Estado resulta el gobierno de un país, estrictamente, aunque a veces se emplea de modo extensivo. Ya sea mediante un Consejo de Ministros o a través de un Presidente con toda la responsabilidad ejecutiva, si bien se auxilia para ello de colaboradores.

En el caso de un Consejo de Ministros, éste resulta designado a propuesta del jefe del Estado y el Gobierno o del jefe del Gobierno si ambos cargos estuvieran separados en dos personas, y aprobado por el Parlamento; funciona de manera colegiada y cada ministro participa de la responsabilidad del titular del Gobierno al menos en el ámbito de su cartera. En el otro caso, sólo el Presidente es responsable y los colaboradores, en principio, son meros secretarios que lo auxilian, sin responsabilidad particular ni reunirse a modo de gabinete; aunque la praxis ha ido incorporando matices próximos al modelo anterior.

Mas, sin distinción, el ejecutivo está encargado de asegurar el desarrollo tangible de la sociedad.

El gobierno a la vez se integra con instituciones homologas inferiores en provincias y municipios, o sea, con los gobiernos de esas demarcaciones. Estas relaciones suelen ser de dos maneras, una con carácter unitario y otro federal.

El Estado unitario se caracteriza por tener un solo centro político de ejercicio de la soberanía -ya sea ejecutiva, legislativa y judicial-, a instancia nacional, aunque puede hacerlo con descentralización administrativa y ciertas autonomías sin llegar al federalismo. Cabe precisar que, en cualquier versión del Estado unitario, solo la instancia nacional ejerce poder y las instancias inferiores son consideradas como meros agentes que deben facilitar el ejercicio del poder central.

El Estado federal, por su parte, comparte el ejercicio de la soberanía entre el centro político nacional y los centros políticos de las unidades territoriales que componen el país, cuya organización, competencias y relaciones intergubernamentales están regidas por una Constitución como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

La desconcentración y descentralización del Estado, y el desempeño autónomo de los gobiernos locales, refieren a la repartición de cuotas de facultades públicas entre diversas ramas del poder y otras instituciones estatales e instancias locales. Pero no a modo de compartir un “botín”, sino en busca de un ejercicio más participativo, colegiado y eficaz -en fin, con mayor madurez y democracia.

Con tal repartición de cuotas de facultades públicas se consigue mayor profesionalidad, mejor cooperación entre las diversas ramas del poder y otras instituciones estatales e instancias locales, un audaz complemento recíproco y, muy importante, un vital cometido de control de unas a otras.

Conocemos esta diversificación dentro del entramado horizontal de la institucionalidad pública como “desconcentración”. Mas cuando ocurre en el entramado vertical de éstas, le llamamos “descentralización”. Pero cuando acontece un ahondamiento sustantivo de tal descentralización, podemos concurrir a la autonomía de determinadas instancias, como, municipios y provincias.

Esta autonomía local ya posee un carácter diferente que denota mayor madurez democrática. Se trata del derecho que pueden conseguir los gobiernos locales para gobernarse libremente -por supuesto, sin menoscabo de la integridad de la República.

Una verdadera descentralización o autonomía implicarían la transferencia, a los gobiernos locales, de las responsabilidades y facultades necesarias para cumplimentarlas. Igualmente se debería garantizar que estas autoridades locales tengan la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos de la localidad, a la comunidad del territorio y al gobierno central.

Tal gobernanza descentralizada, y gobiernos locales fuertes, podrían movilizar con facilidad los recursos y la autoridad necesaria para proporcionar mayores oportunidades a favor de un desarrollo socioeconómico significante en la localidad. Sin embargo, esto demandará la implementación de una administración cualificada y de diversos tipos de sistemas de medición de esta.

En tal sentido, sería indispensable multiplicar los centros de poder político y administrativo. Por otro lado, esto solo resultaría efectivo a través de la institucionalización de espacios y medios para que la sociedad civil (organizaciones de la localidad, grupos de interés, asociaciones empresariales, cooperativas, sindicatos, medios de comunicación, etcétera) puedan desarrollarse, cooperar y participar en el diseño, aprobación, gestión y control de la gestión del gobierno local. Esto, además, sería extremadamente importante en términos de la construcción de la democracia.

A la vez, los ciudadanos, en todo caso, deben tener acceso a los provechos de la buena gobernanza de múltiples gobiernos locales y de niveles superiores de gobierno. La descentralización o autonomía no deberían limitar, sino todo lo contrario, que, si los ciudadanos no logran recibir el servicio deseado en una unidad de gobierno, en un nivel específico, puedan optar por obtenerlo en otra unidad u otro nivel de gobierno.

Asimismo, todo gobierno requiere de una institucionalidad de administración pública; o sea, de una burocracia sólo ejecutora eficiente de ordenes encargadas de ser punto de unión entre el gobierno y los gobernados. Este funcionariado debe constituirse como servicio a modo de autoridad racional basada en normas legales lógicamente definidas a través de reglas impersonales y escritas, que delineen la jerarquía del aparato administrativo, la racionalidad y beneficio efectivo de sus funciones, así como los derechos y deberes inherentes a cada posición, etcétera.

La lógica de la burocracia debe fundamentarse sobre la autoridad técnica, y sobre la meritocrática-administrativa, de modo que se constituya en punto de unión entre el Gobierno y los gobernados. Desde este razonamiento, la burocracia debe ser una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de sus objetivos.

En tal sentido, dicha burocracia debe asegurar:

– Racionalidad en relación con el logro de los objetivos de sus funciones.

– Precisión en la definición de las gestiones a realizar por las entidades y por cada funcionario.

– Rapidez en las decisiones.

– Unidad de interpretación garantizada por la reglamentación específica y escrita.

– Consonancia de prácticas y procedimientos que favorece la estandarización y, por ello, la reducción de costos y errores.

– Continuidad de la organización y de su eficacia, a través de una sustitución del personal que se retira o abandona el cargo, por medio de un procedimiento comprometido con el desarrollo cualitativo de las responsabilidades a ejecutar.

– Justicia, estabilidad y bienestar ciudadano; pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas circunstancias.

Todo ello demanda además suma transparencia por medio de un entramado sólido de mecanismos horizontales y verticales para controlar el quehacer del gobierno y de toda la administración pública.

El control horizontal suele resultar ejercido a través del Parlamento, que debe tener la obligación de interactuar, inspeccionar y des/aprobar el desempeño gubernativo. Igualmente, debe realizarlo la Fiscalía, quien ha de exigir a todos el cumplimiento de la legalidad. También estará obligada a ocuparse de esta tarea la Contraloría de cualquier país. Además, está llamado a ejercerlo el sistema de tribunales, cuando alguna instancia de gobierno -rama administrativa, institución ejecutiva, autoridad o funcionario- sean inculpados debidamente.

El control vertical demanda la institucionalización de una multiplicidad de procedimientos para garantizar que las instancias inferiores del Estado, del gobierno y de toda la administración pública, puedan exigir transparencia a sus instancias superiores. Por otro lado, resulta imprescindible asegurarle este derecho -a través de la mayor combinación posible de dispositivos- sobre todo a la ciudadanía, a todas las comunidades, a las asociaciones sociales y a las instituciones civiles.

Solo un gobierno democrático puede ser eficiente.