La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí


Un Estado de Derecho garante de los Derechos Humanos, una sociedad civil autónoma con democracia material, humanismo y civilidad

Optamos por un Estado democrático engalanado con una administración de justicia independiente y sujeta a la ley, sin imperativos políticos partidistas sino con imperativos éticos de justicia, honestidad, transparencia, equidad, protección de los más débiles, búsqueda de la paz social y de la legitimidad basada en el sentimiento social de seguridad y arropamiento legal.

Imagen © OnCuba

El Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho «Cuba Próxima» ha presentado un documento programático, político, económico y social, llamado sin rodeos, «La Cuba que queremos, propuestas para refundar la República». Entre los llamados Horizontes de la participación política que «Cuba Próxima» expone, está el del Estado democrático, sobre el que desarrollaré algunas ideas en este artículo.

En el mencionado documento se declara que:

«La democracia sociopolítica demanda centralidad de los Derechos Humanos, imperio de la Ley, sociedad civil autónoma, cultura humanista, civilidad política, economía democrática y bienestar social. O sea, demanda un Estado de Derecho.»

De inicio la propuesta de «Cuba Próxima» adelanta un Estado de Derecho que sobrepasa sus expresiones formales y sus componentes típicos. En «La Cuba que queremos», el Estado de Derecho no solo debe estar caracterizado por la importancia central de los Derechos Humanos, sino que coloca en un lugar igualmente principal a la autonomía de la sociedad civil y a la democracia material, muchas veces ninguneada frente a las llamadas formas de democracia liberal. Además, se enriquece aún más el Estado de Derecho que pudiera ser con la búsqueda de una cultura humanista y de una civilidad política, que son valores menos comunes en el imaginario y los objetivos políticos del siglo XXI, pero sin los cuales creemos que avanzaríamos hacia una sociedad incapaz de superar el trauma histórico del largo autoritarismo.

Para lograr un Estado democrático, «Cuba Próxima» considera necesaria la convivencia cívica como causa y efecto del progreso de todas las personas. La democracia no se agota entonces en un diseño electoral, pluripartidista y de legalidad, sino que necesita de una cultura ciudadana de la participación, el respeto de normas jurídicas con sentido de justicia y con prevalencia del valor de la seguridad jurídica, sin los cuales la convivencia social se hace caótica y la ciudadanía se resiente de desesperanza y desidia políticas.

«La Cuba que queremos» entiende el Estado democrático como uno que defiende y garantiza el derecho a la múltiple ciudadanía y el derecho al sufragio de los cubanos y cubanas emigrados, que deben ser parte no solo cultural o nostálgica de la patria, sino sujetos actuantes de su política.

Entre los derechos civiles y políticos que consideramos indispensables para la consumación de un Estado democrático en Cuba, creemos fundamental:

«Garantizar el derecho de asociación política en todas sus formas, incluyendo constituir agrupaciones con programas de gobierno, nominar candidatos a los cargos públicos, ejercer facultades para organizar entidades de estudio e investigación, medios de comunicación, acceso a la prensa y a todas las fuentes lícitas de financiación privada y pública.»

Estas reivindicaciones son una sistematización de décadas de exigencias de la oposición política cubana, de generaciones de cubanos, dentro y fuera de Cuba, a los que se les han limitado hasta mínimos casi todos los derechos más conocidos como de primera generación.

La democracia socialista que se formalizó constitucionalmente en la Carta Magna de 1976, pretendió vender, -y lo hizo con relativo éxito hacia dentro y fuera de la isla mediante una profusa propaganda política y cultural-, la efectividad de un modelo de Poder Popular, que en la práctica nunca ha garantizado la soberanía del pueblo ni la participación de la ciudadanía en las decisiones principales sobre su vida económica y política ni el control de las funciones administrativas de la burocracia local y nacional, por la frustración de instituciones democráticas vaciadas de efectividad por su diseño y en su implementación, como la rendición de cuenta y la revocación de mandatos.

Por esta razón y por la criminalización de la participación política no oficial en Cuba, es que «Cuba Próxima» considera que el derecho de asociación política y del consiguiente financiamiento público y privado de ese asociacionismo, que hoy parece tan extraño a la cultura política cubana, no pueden esperar al asentamiento de una transición democrática entre nosotros, sino que deben ser defendidos y garantizados desde ahora. El derecho a la creación de organizaciones, grupos, colectivos, sindicatos, asociaciones, partidos, debe estar regulado en una ley que tome en cuenta lo más avanzado, democrático y garantista del derecho actual en el mundo y esto debe incluir la posibilidad, transparente, controlada y fiscalizada, del financiamiento honesto de estas formaciones, sin peligro de su persecución por «mercenarias» o «traidoras».

El documento «La Cuba que queremos», por otra parte, regresa al derecho a la iniciativa legislativa y constituyente popular, que si bien se ha ampliado en Cuba, formalmente, desde la aprobación de la Constitución de 2019 y de la nueva Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional, no son derechos efectivamente realizados por la ciudadanía cubana, por la evidente criminalización de las convocatorias a recogidas de firmas para la presentación de proyectos de leyes y por el carácter instrumental que este tipo de mecanismos de participación tiene en el ordenamiento jurídico cubano. Instrumental, en este caso, por su función de estructurar un sistema de procedimientos e instituciones políticas, desde 2019, que sirven para representar un teatro de democratización del sistema político cubano, cuando en la práctica nos encontramos con obstáculos insalvables para el cumplimiento de los requisitos del ejercicio de las iniciativas populares legislativa y constituyente. Uno de esos obstáculos ha sido la exigencia de la presentación de un certificado de elector junto a cada firma entregada con fines de iniciativa política o jurídica. Este certificado lo debe entregar el Consejo Electoral Nacional, novísima institución electoral cubana, pero sabemos que la finalidad de este certificado es limitar el derecho político a la participación directa, porque no se le entrega sino a los residentes en Cuba, dada la implementación de la ciudadanía efectiva, lo que impide, de un plumazo, el ejercicio de la iniciativa popular, legislativa y constituyente, a millones de emigrantes cubanos a no ser que pidan el certificado en la isla.

De la misma manera, para la consecución del Estado democrático, «Cuba Próxima» propone:

«Establecer una estrategia nacional de descentralización con enfoque amplio y democratizador que contemple las reformas al Estado central y lineamientos de política para resolver los desequilibrios regionales, de todo lo cual se derive una Ley de Municipios que –pasando por consulta popular- delimite su autonomía y competencias políticas, administrativas y fiscales, así como la cooperación e interrelación equilibrada con los niveles e intereses municipales, provinciales y centrales.»

Esta es, a mi entender, una clave de la república democrática que queremos refundar en Cuba. Sin un municipio autónomo -dígase que la Constitución de 2019 lo dibuja y pretende-, la democracia se reduce a relaciones políticas y jurídicas verticales y no se desarrolla la participación y la responsabilidad cívica en el lugar donde convivimos política y económicamente con nuestros conciudadanos.

La Ley de Municipios, como todas las leyes que esperamos desde 2019, crea una enorme dificultad práctica al PCC y al gobierno cubanos, porque no pueden instituir ahora un municipio que no sea autónomo, cuando sabemos que la autonomía es enemiga mortal del totalitarismo y por lo tanto un imposible dentro del estatus quo cubano actual.

«La Cuba que queremos» considera, también, que el Estado democrático que pretendemos debe contar con una administración pública nutrida de un funcionariado profesional, con alta formación a la altura científica y técnica de los problemas que tiene que enfrentar en el futuro mediato e inmediato. Esta esperada capacidad no debe confundirse con la creación de una clase política de tecnócratas formados para el gobierno de lo eficiente pero antidemocrático, que busque la alta gobernabilidad sin importar la alta participación popular.

Por último, «La Cuba que queremos», opta por un Estado democrático engalanado con una administración de justicia independiente y sujeta a la ley, sin imperativos políticos partidistas sino con imperativos éticos de justicia, honestidad, transparencia, equidad, protección de los más débiles, búsqueda de la paz social y de la legitimidad basada en el sentimiento social de seguridad y arropamiento legal.

SOBRE LOS AUTORES

( 12 Artículos publicados )

Miembro de la Junta Directiva de Cuba Próxima. Licenciado en Derecho (1998) y en Historia (2003) por la Universidad de La Habana (UH). Doctor en Ciencias Jurídicas desde 2005.

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