A continuación, publicamos el acápite sobre teorías, experiencias y antecedentes de reconciliación del Informe del Centro de Estudios Cuba Próxima, de 2021, titulado Cuba: reconciliación y futuro. Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba, autoría de Juliette Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez, Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez (coordinador).   

La reconciliación social es una misión eminentemente multidisciplinaria que demanda esfuerzos desde el ámbito político, ético, intelectual, jurídico y del activismo social. El esbozo de un estado de la cuestión comprende las principales discusiones teóricas sobre el tema, la especificidad del aporte jurídico, las lecciones que brindan las distintas experiencias internacionales de reconciliación, así como algunos proyectos de la sociedad civil cubana que se han interesado en un futuro de reconciliación para el país.  

Enfoques y debates teóricos sobre la reconciliación

Los desafíos éticos de la reconciliación social y lo ardua que resulta su práctica hacen que gran parte de los acercamientos teóricos al tema transiten alrededor de preguntas, disyuntivas, tensiones conceptuales sobre lo que debe y no debe ser la reconciliación.

Si bien muchos estudios plantean su doble naturaleza como proceso y a la vez como meta o finalidad, una de las contradicciones surge a partir del énfasis colocado en su carácter procesual o final. Algunas de las resistencias que genera la reconciliación, sobre todo en las personas afectadas por los conflictos, al decir de D. Bloomfield,^[1] surgen de esa dualidad difusa: se desconfía del proceso a causa de las dudas sobre el estado final. La comunidad académica acentúa la visión de la reconciliación como una evolución de largo aliento, paulatina, a veces regresiva y cuyo cierre es difícil de establecer.⁵ Ciertos autores^[2] precisan que el inicio del proceso, incluso, se puede ubicar dentro de la etapa del conflicto, de manera que se erige como una herramienta para la transformación pacífica aun cuando no cuente con la validación estatal. 

Como proceso complejo y multidimensional, la reconciliación engloba elementos constituyentes que en la literatura especializada tienden a coincidir en la reparación o compensación a las víctimas, el establecimiento de la verdad y de la memoria histórica, el perdón, la intervención de la justicia y las garantías de no repetición del conflicto, entre otros. Algunos enfoques teóricos les otorgan mayor peso a unos u otros de estos elementos, que deben complementarse entre sí, pero en la práctica a menudo antagonizan y se presentan como opciones excluyentes. 

El modelo expuesto por Herrera y Torres⁷ intenta articular con fluidez las dimensiones de la reconciliación. La más amplia se refiere a la justicia; allí donde no se apliquen sus mecanismos tradicionales de corte punitivo, se crean lagunas de relativa impunidad, inevitables en todo proceso de esta naturaleza. Se integran entonces, como segunda dimensión, la verdad y la reparación, que los autores presentan como “monedas de cambio” de las necesarias concesiones de justicia, es decir, los aspectos que permiten complementar la administración de justicia tradicional. Una última dimensión, nucleada en la categoría del perdón, se relaciona con la actitud de las víctimas y la sociedad, necesaria para lograr la legitimidad del proceso.  

La reparación es uno de los aspectos constitutivos de la reconciliación que manifiesta mayor multiplicidad de procesos y prácticas. En general es entendida como las acciones para mejorar la condición de las víctimas y subsanar en distintos sentidos el daño que han sufrido. Pueden observarse a grandes rasgos dos posiciones respecto a la reparación: una se centra estrictamente en las víctimas y en la compensación, de algún modo “desde afuera”, que se les hace. Desde otra perspectiva se atiende la relación entre víctimas, perpetradores y el resto de la sociedad. 

C.H. Fernández plantea que el proceso comienza por la reparación de las relaciones entre los afectados y los responsables directos, pero se debe extender al nivel del tejido social comunitario y, más allá, a la restauración de las relaciones entre las instituciones y las comunidades, que muchas veces han soportado el abandono por parte del Estado.^[3] En este sentido el autor subraya la importancia del fortalecimiento organizativo de las víctimas (en forma de asociaciones o agrupaciones similares), que permita además su expresión diferenciada según género, grupos etarios e identidades diversas.

En la literatura especializada se diferencian varias subcategorías dentro del amplio espectro de la reparación.⁹ Una de ellas, la restitución, intenta devolver la situación previa a la vulneración de los derechos de las víctimas. Se aplica, por ejemplo, en casos de desplazamientos forzados, pérdida de propiedades y privaciones injustas de libertad. La restauración, por otra parte, implica acciones compensatorias en los casos en que persistan las secuelas del daño y no sea posible una restitución palpable de la situación anterior. Puede tomar formas materiales (como la indemnización) o simbólicas; conlleva el reconocimiento del vejamen y, en algunos casos, el arrepentimiento. También dentro de la reparación se sitúa la rehabilitación, que busca recuperar las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas cuando así lo necesiten. En algunos enfoques se incorpora a la reparación las garantías de no repetición, aunque no se esclarece del todo su definición.^[4]  

El relativo consenso que existe alrededor de las dimensiones y componentes de la reconciliación no es tan fácil de encontrar en cuanto al sentido profundo del proceso, el que constituye su norte y esencia, de manera que este varía entre los modelos teóricos. Se enfatiza ya sea la construcción de la paz, la narración de la verdad, el perdón y la expiación de las culpas, la transformación de sentimientos y creencias; o el restablecimiento del tejido social y la reconstrucción de relaciones de confianza entre los ciudadanos y hacia las instituciones del Estado. 

Bloomfield propone una alternativa pragmática del fenómeno: la reconciliación política

―como opción ante la cultural―, caracterizada por la confianza en el proceso político, el desarrollo de relaciones efectivas de trabajo y el respeto por las nuevas instituciones. El autor aspira a que este tipo de reconciliación “podría ser tan estructural, tan visible y tangible, tan replicable públicamente, como los procesos jurídicos o las comisiones de verdad”.^[5] La reconciliación en el sentido cultural, como complemento, tendría lugar en las esferas interpersonales o de pequeños grupos. 

Esta perspectiva concibe la reconciliación como la construcción de relaciones de cooperación caracterizadas “por un mínimo de tolerancia y confianza en el proceso político por parte de las comunidades más amplias. Esto está bastante lejos de la reconciliación como estado final, de la ‘paz y armonía’, y, ciertamente, del perdón. Pero es el objetivo realista de un proceso realista que exige comienzos urgentes para establecer la democracia y construir una paz sostenible. Así, este enfoque ofrece una definición más pragmática de reconciliación (construir relaciones funcionales) que tiene que ver con la reconstrucción de la política democrática”.^[6] 

Atendiendo a los niveles que involucra, la reconciliación se expresa tanto en el plano subjetivo individual como en el interpersonal y el colectivo, en el marco institucional formal y en los modelos mentales compartidos. Algunos autores consideran que en el nivel interpersonal es posible un proceso de reconciliación más profundo y emocional, aunque asumirlo solo desde ese plano desaprovecharía las posibilidades de impactar en la vida social y política de la nación. En este sentido, se considera que no siempre es favorable llevar las categorías individuales o interpersonales (como el trauma, la sanación y el perdón) al contexto de la sociedad. 

Si bien la reconciliación nacional no se puede reducir a un estado mental idílico, es también cierto que si no se trabaja con la actitud de las personas ―con independencia del lugar que ocupen dentro del conflicto― las políticas y diseños estructurales resultan igualmente idealistas. Según expresa Murillo: “(…) por más procesos de diálogos y negociaciones que se hagan entre partes enfrentadas; por más diseño de políticas, programas y proyectos; por más subsidios y mecanismos de ayuda a poblaciones vulneradas y vulnerables; sin la voluntad explícita y expresa de cada persona, los intentos seguirán siendo eso, intentos”.^[7] 

G. Bilbao^[8] resume cuatro actitudes subjetivas que podrían promover la reconciliación social: el paso desde las convicciones políticas e ideológicas individuales hacia las prioridades éticas de la sociedad, de la crítica a la autocrítica, de la indiferencia a la compasión, y de la confrontación a la concordia.

El reto radica en mantener los procesos reconciliatorios activos en todas las dimensiones, de ahí que Bloomfield subraye la importancia de que existan corrientes de reconciliación de arriba hacia abajo, a gran escala, y de abajo arriba (con iniciativas comunitarias, pedagógicas, psicosociales), que encuentren en la sociedad civil su punto de interconexión.   

Muchas preguntas de los debates teóricos sobre reconciliación se relacionan con el peso que en ella deben tener los procesos de justicia, verdad y perdón. ¿Cuánto protagonismo otorgarle a la justicia?, ¿es imprescindible el perdón para la reconciliación?, ¿cuál debería ser el balance entre memoria, verdad y olvido? 

Herrera y Torres ilustran uno de los desafíos de la reconciliación como el punto que la sociedad ocupa en un continuo entre la total impunidad y la total justicia, que implica asumir ciertas dosis de cada una. La presencia y el valor de la justicia se potencia cuando es abordada en su perspectiva restaurativa ―centrada más en el daño y la víctima que en el perpetrador y el delito―, como complemento a la visión retributiva. Una justicia multidimensional, que además de estas miradas incorpore la que Bloomfield define como justicia regulatoria, es decir, el desarrollo de reglas justas para la vida social, sería uno de los pilares de la reconciliación.

La articulación del perdón dentro de los procesos de reconciliación social resulta una tarea compleja, tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como en las políticas y actividades que se llevan a la práctica en esos procesos. En parte se debe al tratamiento que lo reduce al terreno de la ética religiosa o, por otro lado, a medidas impuestas que no dejan espacio a la implicación de las partes. Tampoco es fácil encontrar aproximaciones teóricas que abarquen tanto una dimensión individual como una colectiva del perdón.  

No son pocos los autores que sugieren distinguir el perdón de la reconciliación. Esto hace salvables algunas de las mayores objeciones de las víctimas y permite avanzar en relaciones sociopolíticas que labren a largo plazo el camino de sanación. 

Para C.H. Fernández “resulta relevante distinguir entre perdón y reconciliación, ya que, aunque los matices son muy sutiles, la finalidad y la dimensión de cada uno son muy distintas. El perdón puede entenderse como un proceso individual de sanación que requiere un trabajo psicológico y moral, donde se superan sentimientos como el resentimiento, el juicio negativo y afloran sentimientos como la compasión, la generosidad y el amor. Por su parte, la reconciliación supone recobrar las relaciones y, por tanto, ya no es un asunto individual, sino que implica un proceso de acercamiento voluntario de las partes, antes en conflicto, que buscan conectarse de nuevo”.^[9]

Una postura que recomienda Villa consiste en “abstenerse de ‘invitar’ al perdón como solución sociopolítica, como deber, como obligación o como acción ‘necesaria’ para la paz. Porque puede haber paz sin perdón. Lo que no puede haber es paz con venganza”.^[10] En general el acuerdo reflejado en la literatura indica que el perdón no debe constituir una presión para las víctimas; no debe ser presentado como condición de la reconciliación; y responde a tiempos subjetivos, por lo que surge más fácilmente en etapas avanzadas del proceso. 

 Garrido Rodríguez concibe un marco analítico que intenta presentar el perdón como un mecanismo político de transformación. “Se parte del perdón como un mecanismo, es decir, como una herramienta para solucionar un problema; asimismo, es un mecanismo de tipo micropolítico, es decir, que abarca las dimensiones intrapersonales, interpersonales y modelos mentales compartidos y finalmente, es un mecanismo micropolítico que se aprende, esto es, que es el resultado de un proceso cognitivo tanto en términos individuales como colectivos”.^[11] Según la autora, el proceso cognitivo del perdón atraviesa tres estadios: la reinterpretación del hecho violento y resignificación del trauma, la humanización del otro y del propio sujeto, y por último el reconocimiento del otro como un potencial cooperante.

 En relación con la verdad y la memoria, a menudo las sociedades experimentan la tensión entre “pasar la página” y la necesidad de dar una respuesta ética y política a las violaciones de derechos. Una de las clasificaciones de modelos de reconciliación que realiza Lederach^[12] diferencia los procesos que toman como punto de partida el pasado (con las comisiones de verdad y la memoria como ejes centrales), de los que surgen en el presente (enfocados en la solución de problemas actuales, muchas veces a escalas comunitarias), y los que parten de una concepción de futuro para actuar sobre el presente y luego asumir el pasado. 

Sin restarles importancia a la memoria y el perdón, algunas propuestas reconciliatorias apuntan a no subordinar todo el proceso a esas categorías, sino, mediante ciertos olvidos acordados (nunca forzados) y una memoria histórica creada pluralmente, dirigirse al bienestar común y el futuro compartido.

Haciendo un balance de la producción teórica analizada, esta propuesta concibe la reconciliación social como un proceso que no es inmediato ni impuesto; y que requiere tiempos y manejos propios en función de los actores sociales y la realidad nacional. La amplitud con que debe ser abordada la reconciliación contiene no solo a afectados y perpetradores, sino también a las comunidades y a toda la sociedad, más allá de los límites físicos nacionales. Es un proceso profundo que forja un cambio de actitudes, creencias y sentimientos; lo cual no impide que en el terreno institucional, político y jurídico se den pasos tempranos que ayuden a cimentar el camino. 

En el caso cubano los elementos constituyentes del proceso de reconciliación podrían ser el diálogo, la justicia, la verdad y memoria histórica, y la reparación. El primero de esos aspectos, que en la mayoría de las propuestas teóricas es visto como un elemento que atraviesa el proceso, en esta ocasión se plantea como un componente en sí, dada la deslegitimación del conflicto por parte del Estado cubano y la necesidad de establecer espacios de diálogo que favorezcan el cambio de la situación vigente. El perdón, por otra parte, es asumido como un factor que complementa y enriquece la reconciliación, pero no una condición exigida. En virtud de esta lógica se incorpora el perdón como una de las caras de la reparación, en tanto aporta la evolución subjetiva de víctimas, responsables y el resto de la sociedad en un proceso de reparación que intenta ser participativo en lugar de ejercerse externamente.  

El avance en los componentes mencionados (diálogo, justicia, verdad y reparación) requiere también del establecimiento de acuerdos colectivos de la vida social, que hagan de la reconciliación un proceso estable y duradero por el cual no haya que pasar una y otra vez en el futuro. Tal escenario debería contar con un Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y amplia inclusión y participación.   

Justicia y legislación en los procesos de reconciliación

La realización de la justicia en los entornos de reconciliación nacional se vale de un conjunto de mecanismos y principios que buscan garantizar su multidimensionalidad. Algunos procesos nacionales hacen uso de las amnistías, indultos, rebajas de penas y penas alternativas. 

Alrededor de las amnistías se suscitan controversias, al percibirse que las de tipo general e incondicional otorgadas a los responsables de delitos suponen un mayor margen de impunidad y un distanciamiento respecto a la investigación y divulgación de la verdad. No obstante, las amnistías extensas han sido empleadas con éxito en conflictos armados, y las llamadas amnistías condicionales siguen siendo una herramienta legal en diversos procesos de reconciliación. Los sistemas temporales de justicia y las jurisdicciones especiales aplican penas que no coinciden con las contempladas en los códigos existentes y son igualmente un camino alternativo en los procesos de justicia transicional.

La justicia restaurativa, por su parte, es adoptada como un instrumento que complementa la práctica tradicional punitiva, a la vez que algunos autores la asumen como principio que eleva la administración de justicia. La complejidad del uso retributivo tradicional de la justicia estriba, en palabras de algunos expertos, en que “la retribución tiene el potencial tanto de proporcionar una justicia satisfactoria y reconciliadora, como el de poner en peligro el proceso de reconciliación y democratización”.^[13] 

Se señalan como riesgos y limitaciones de la justicia retributiva la posibilidad de poner en peligro la paz, debilitar el capital social si se hacen grandes purgas, y el hecho de que se centra en la culpabilidad individual en lugar de las dinámicas causales del conflicto. No obstante, en los casos en que se considera necesaria, permite romper el ciclo de la impunidad, satisface una obligación jurídica con las víctimas y, al concentrar la responsabilidad penal en determinados individuos, evita la culpabilización de grandes cantidades de personas. 

La visión restaurativa, en cambio, incluye la mediación y resolución de conflictos y la participación tanto de los afectados y los responsables, como de la comunidad; en algunos procesos de reconciliación ha demostrado tener gran potencia práctica y simbólica. Se enfoca en el daño producido y en la relación entre víctimas y victimarios, más que en la regulación del delito.

Dentro de los escenarios de reconciliación desempeñan un papel significativo la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional. La ONU, como facilitador neutral, puede ofrecer asistencia técnica y brindar información, con respeto de las opciones y creatividad que cada país genere.^[14] 

En el siglo que corre se observa la tendencia del derecho internacional a proporcionar medios que protejan a las naciones contra el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. El establecimiento de tribunales ad hoc por parte de Naciones Unidas y la posibilidad de que el poder judicial de algunos países actúe extraterritorialmente aplicando la jurisdicción universal dan cuenta de esa intención. Han sido establecidos dos tribunales ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (creados en 1993 y 1994, respectivamente). También existen tribunales penales híbridos nacionales e internacionales, como en el caso de Sierra Leona.²¹ 

Otra de las acciones fundamentales en materia internacional ha sido la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), institución de carácter permanente e independiente, vigente desde el año 2002 y surgida a partir del Estatuto de Roma de 1998. La CPI se rige por el principio de complementariedad, es decir, su jurisdicción es subsidiaria de la de los tribunales nacionales y debe aceptar la primacía de estos, a menos que demuestren su incapacidad o falta de voluntad para encarar el procesamiento de determinados crímenes.

J. E. Méndez expresa que “En condiciones ideales, pues, el TPI y los tribunales de jurisdicción universal tendrían poco o nada que hacer. Si las sociedades se enfrentaran a su pasado y lo tuviesen en cuenta de manera eficaz, no sería necesario que interviniese la comunidad internacional”.^[15]

Lograr el imperio del derecho y la justicia en los procesos de reconciliación supone múltiples desafíos, correspondientes con la magnitud de su importancia. Los límites a la aplicación de justicia, el respeto a las garantías procesales de los responsables, que la justicia no se convierta en un obstáculo para la paz, la reconstrucción de un aparato judicial previamente deficiente, el espacio de participación de la sociedad sin perder de mira los derechos y la integridad de las víctimas, son elementos que manifiestan el valor político de la aplicación de la justicia en este tipo de procesos. 

Experiencias internacionales de reconciliación 

A partir del último cuarto del siglo XX numerosos países atravesaron por transformaciones profundas que suponían remediar conflictos nacionales. Transiciones democráticas desde regímenes autoritarios, el fin de dictaduras militares, la terminación de conflictos armados y el cese de genocidios masivos han requerido la puesta en marcha de procesos de reconciliación marcados por signos diversos. Algunos han resultado de un derrumbamiento, otros han sido negociados entre élites políticas; en ocasiones se centran en transformaciones institucionales y a veces involucran a toda la sociedad desde su base.

Una de las mayores regularidades que presentan las distintas reconciliaciones alrededor del mundo son las comisiones de la verdad. Entre ellas destacan la de Sudáfrica (1991), Argentina (1984), Ruanda (1993) y Perú (2001).^[16] En su mayoría estas instituciones tienen origen gubernamental y no significan un remplazo del poder judicial.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica, una de las más relevantes, concentró el proceso en ciclos de audiencias públicas, confesiones, perdones y amnistías; y propició un escenario de encuentro entre víctimas y victimarios, basado en la verdad y el perdón. Las amnistías se sujetaron a la condición de que los perpetradores confesaran su participación y colaboraran con el proceso de esclarecimiento de la verdad. Los principales mensajes de la CVR sudafricana consistían en que la verdad es el camino de la reconciliación y el perdón no tiene que significar el olvido, pero es necesario para avanzar hacia el futuro. 

Sin embargo, algunas críticas señalan en ese caso el desbalance entre la abundante producción de memoria histórica y las limitadas acciones de reparación; así como que la CVR centralizó la misión de la reconciliación, la cual debería abrirse a la sociedad entera.^[17]

En cambio, en España, a diferencia de Sudáfrica, se optó por prescindir de cualquier proceso de esclarecimiento de la verdad, sobre la base de la voluntad común de no repetición; de esa manera la reconciliación descansó en amnistías y un olvido público. El consenso, el diálogo y el compromiso con el futuro fueron las apuestas, en detrimento de las políticas de memoria histórica.  

Las experiencias internacionales se han acompañado de un amplio soporte legal, que puede incluir transformaciones profundas, tal es el caso de la Constitución española de 1978 y la reforma constitucional peruana de 2006. En este mismo país se aprobó la Ley de los Partidos Políticos, y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo recomendaciones para reformar las Fuerzas Armadas y la Policía.^[18] En España fue creada la Ley de la Memoria Histórica en 2007 y en la actualidad existe el proyecto de Ley de Memoria Democrática. La Ley de Justicia y Paz, de 2005, en Colombia, es un ejemplo de cómo los pasos hacia la reconciliación pueden iniciarse dentro del período de violencia.

Las acciones de reparación a las víctimas son previstas de una u otra forma en estos procesos reconciliadores. En Colombia, por ejemplo, se aprobó la Ley para la Reparación Integral de las Víctimas y la Restitución de Tierras en 2011, y luego en el Acuerdo Final de Paz uno de los puntos centrales estuvo dedicado a las personas dañadas. Como reconocen Rico y Maza,^[19] uno de los mayores logros de la ley es la elaboración de la categoría de víctima con distintas tipologías a su interior. En el texto legal se plantean medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, como elementos de la reparación integral. En el Acuerdo se contemplaron medidas materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño, medidas de convivencia y reconciliación, y mecanismos de participación activa de las víctimas.^[20]

Por su parte, la CVR del Perú elaboró un programa de reparaciones simbólicas, económicas, colectivas, de salud, de educación y de restitución de derechos ciudadanos.²⁸ Asimismo recomendó la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones. 

Cada país, a partir de sus vivencias y aprendizajes, puede aportar prácticas particulares en materia de reparación. En el País Vasco, algunos ejercicios restauradores descritos por G. Bilbao^[21] consistieron en insertar el testimonio directo de las víctimas en los planes educativos escolares, celebrar encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, y organizar talleres de intercambio entre personas damnificadas provenientes de distintos países.  

Una de las carencias que se les ha señalado a muchos de los procesos de reconciliación es que, aunque en lo común cuentan con políticas de reparación, el impacto de las acciones de este tipo es menor que el de la verdad y la memoria histórica. Después de comparar algunas experiencias internacionales, Herrera y Torres^[22] estiman que “la reparación ocupa un lugar de enorme importancia en el análisis, pero encuentra niveles más bajos de presencia política, particularmente si la comparamos con el nivel que ocupa la búsqueda de la verdad”. Dentro de la diversidad de actividades restaurativas, señalan los autores, las de corte simbólico y moral, como las audiencias, los reconocimientos públicos, los monumentos; son de uso creciente y a veces más extendidas que las materiales.

Uno de los desafíos que se han identificado en procesos de reconciliación en otros países consiste en mantener altos niveles de participación de las víctimas y de la sociedad civil, a la vez que se cuenta con la voluntad política estatal. En Perú se detectaron como problemas el desinterés de la sociedad por el trabajo de la CVR, el relativo desconocimiento de su Informe Final, la poca responsabilidad asumida por el gobierno y el avance lento en materia jurídica y de los programas estatales.^[23] 

En una encuesta realizada en Colombia^[24] la población identificó algunas instituciones como las más importantes para la reconciliación, entre ellas estaban la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo; mientras que a las Alcaldías Municipales, las organizaciones comunitarias y las Secretarías de Educación se les reconoció escasa influencia. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación fue identificada por las personas afectadas, pero en mucha menor medida por la población general. 

También es compleja la atención a las personas afectadas: que existan suficientes posibilidades de participación de las víctimas en las discusiones públicas, que se examinen sus expectativas respecto a la justicia y que su seguridad e integridad no se descuiden; son dilemas identificados por Rico y Maza en la experiencia colombiana, que mantienen vigencia para todos los casos.^[25]

Garrido Rodríguez^[26] formula algunos factores que maximizan o minimizan el perdón y la reconciliación. Entre los maximizadores o que aumentan las probabilidades de la reconciliación, menciona la implementación de políticas públicas respecto al pasado, la promoción de espacios de reparación a las víctimas; el diseño de procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los sectores militares y armados, entre otros. Como parte de los factores minimizadores estarían la ausencia de las víctimas y de sectores representativos de la sociedad civil en la generación de acuerdos, la imposibilidad de monitorear el DDR o las amnistías incondicionales sin el debido sustento público.

Resulta de mucha utilidad la sistematización de los distintos procesos de reconciliación internacionales; si bien cada situación nacional, cada conflicto y momento histórico constituyen un escenario único que demanda toda la inspiración e iniciativa del país implicado.

Aportes a la idea de la reconciliación en el espacio político y social cubano

En la historia nacional reciente se han abierto paso varias iniciativas de la oposición y la sociedad civil que han hecho del diálogo, la integración y los cambios pacíficos su aspiración. Dada la ausencia de voluntad política del gobierno y el PCC para unirse como interlocutores, esos proyectos han quedado restringidos al terreno de lo ilícito y lo obligadamente fragmentario. No obstante, constituyen antecedentes notables que han hecho posible el arribo al momento actual, en que se verifica un florecimiento de los debates y preocupaciones en torno a un futuro democrático e inclusivo para Cuba.  

Concilio Cubano fue una alianza que se forjó durante los años noventa del pasado siglo. Motivado por la convocatoria del Estado cubano a la primera Conferencia de la Nación y la Emigración, en 1995 surgió la idea de realizar un evento que lograra unificar a la oposición. Consiguió el compromiso de participación de alrededor de 150 grupos disidentes, asociaciones de defensa de los derechos humanos y líderes opositores que nunca antes se habían congregado alrededor de estrategias comunes. A la iniciativa del jurista Leonel Morejón Almagro se integraron figuras como Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación; y Gustavo Arcos Bergnes, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos; además de Elizardo Sánchez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y otros.^[27] 

En la declaración que hizo pública Concilio Cubano se sintetizaban los cuatro principios en que se concentraba el acuerdo: la transición absolutamente pacífica hacia la democracia, amnistía incondicional para los presos políticos, transformaciones jurídicas que permitieran garantizar el respeto a los derechos humanos; y el derecho de todos los cubanos, sin exclusión, a participar en las decisiones del país.^[28] 

La represión ejercida por el Gobierno y, en menor medida, la inexperiencia en las tácticas organizativas y el afán de liderazgo, determinaron que no fuera posible efectuar el encuentro, el cual fue dinamitado por una ola de detenciones y arrestos domiciliarios. Concilio Cubano, no obstante, dejó como legado una de las mayores experiencias de concertación de la oposición política en Cuba. 

Dos documentos significativos fueron producidos desde la oposición en los años siguientes: La Patria es de Todos (1997) y Todos Unidos (1999). El primero de ellos, firmado por Félix Bonne, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca y Martha Beatriz Roque, constituye un reto a los planteamientos del PCC. Cuestionaba la noción de unidad proclamada desde el poder político; al igual que la de Patria, presentada como sinónimo de Revolución y socialismo, para reivindicar una que acogiera a todos los cubanos.^[29][30] 

Todos Unidos, manifiesto emitido en 1999 por varias agrupaciones pacíficas opositoras, expresaba su adhesión al reclamo por los derechos humanos y la búsqueda de caminos que condujeran a la reconciliación. Posteriormente, en 2002, fue ratificado en el documento Todos Unidos por la Libertad, bajo las rúbricas de Oswaldo Payá, Vladimiro Roca, Félix Navarro y Elizardo Sánchez, entre otras figuras.^[31]

Para esa fecha, y como parte de Todos Unidos, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, había presentado el Proyecto Varela, uno de los hitos de la lucha por una transición pacífica en Cuba haciendo uso de la ley. En dos ocasiones (2002 y 2004) se recogieron más de diez mil firmas para la solicitud de un referendo sobre este proyecto, que se inició desde 1998 pero fue presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 2002. Las propuestas del Proyecto Varela se condensaban en los derechos a la libre expresión y asociación, la amnistía para los encarcelados por motivos políticos, el derecho de los cubanos a formar empresas y la creación de una nueva ley electoral.^[32] 

Como respuesta al proyecto, aunque este nunca fuera divulgado por los medios de comunicación ni discutido por la ANPP, las direcciones nacionales de organizaciones de masas propusieron una modificación a la Constitución con el objetivo de acuñar el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Este cambio fue respaldado por la masiva recogida de firmas llevada a cabo por los Comités de Defensa de la Revolución, y aún en la actualidad es esgrimido como uno de los principales argumentos a la hora de declarar ilegítimas las propuestas discrepantes surgidas dentro de la sociedad civil.

En otro ámbito de actuación, y como un espacio de aportes relevantes al pensamiento alrededor de la reconciliación, la revista católica Espacio Laical ha constituido durante años un verdadero foro de reflexiones y debates inclusivos sobre el tema, de la mano de expertos de Cuba y la diáspora. 

El proyecto Convivencia, igualmente nacido del seno de la Iglesia católica en el año 2007 y bajo la dirección de Dagoberto Valdés, agrupa la publicación, el proyecto de formación cívica y el centro de estudios del mismo nombre. Sus posturas constructivas y conciliadoras han logrado acumular una valiosa provisión de ideas y propuestas sobre el futuro de la isla.^[33]

Si atendemos a la construcción de la memoria histórica como un elemento estrechamente relacionado con los procesos de reconciliación social, es posible identificar algunos proyectos de documentación y archivo en las últimas décadas de la historia nacional. Uno de los más relevantes es Archivo Cuba, plataforma contemplada como iniciativa de Free Society Project, organización fundada en Estados Unidos en 2001 por la investigadora y activista María C. Werlau y el economista Eduardo Lago. El propósito de Archivo Cuba es la recuperación de la verdad, la investigación, recopilación de información y capacitación en temas de verdad y memoria histórica.^[34]  

En 2020 tuvieron lugar dos fenómenos políticos emergentes, con demandas específicas que tendrían como hilo de enlace la defensa de derechos como la libertad de expresión en Cuba: El Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N (27 de noviembre). Surgido en un barrio pobre de la Habana Vieja, el MSI y sus principales integrantes constituyen un grupo de oposición que a través del artivismo, el performance y huelgas de hambre, protagonizarían protestas que conducirían al encarcelamiento, ingreso hospitalario obligatorio y represión de sus principales líderes.

 27N fue un movimiento posterior al MSI y se estructuró parcialmente desde el reclamo de intelectuales, artistas y escritores al encarcelamiento prolongado de los líderes más influyentes del MSI. La velada que ocurriese fuera del Palacio del Ministerio de Cultura era un intento de dialogar con el gobierno y sus principales representantes del sector de la cultura. Una vez más la propaganda oficialista sería vocera de la criminalización de la protesta e inundaría los canales televisivos y digitales con mensajes que ceñían los intentos de diálogo; petición solo concedida bajo las condiciones declaradas por el gobierno ante el grupo de intelectuales convocados y seleccionados para estos fines. 

A raíz de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021 (11J), dos agrupaciones han realizado un intenso trabajo conjunto de acompañamiento y documentación de las violaciones de derechos humanos que se produjeron: Cubalex y el grupo Justicia 11J. La primera es una asociación sin fines de lucro para brindar asesoría y asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos, que cuenta con años de experiencia previa, desde su surgimiento en 2010, y que en el contexto actual se ha encargado de dar forma legal a las denuncias de detenciones. 

Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J es fruto de un emprendimiento activista que se ha dedicado a identificar y registrar los arrestos y desapariciones que hacen parte de la escalada represiva desde esa fecha. “La lista [de detenidos], como de manera popular se le conoce, es un documento público de actualización en tiempo real, fruto de la articulación cívica de un grupo de cubanas, residentes en Cuba y en el exterior, surgida como respuesta emergente al estado de desinformación general en el país sobre el paradero de los manifestantes del domingo 11 de julio”.⁴² 

Al cumplirse el primer mes del 11J, las coordinadoras de dicho grupo de trabajo presentaron una petición online que recoge trece demandas, entre las que se cuenta no solo la restitución de la libertad a los manifestantes del 11 de julio y los presos políticos previos a esa fecha, sino también la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación para la cual la lista de detenidos podría ser un documento de apoyo. 

El trabajo de Cubalex y del grupo Justicia 11J, además de tener las funciones de investigación, registro, denuncia de violaciones y defensa de los derechos humanos; está contribuyendo a la construcción de la memoria histórica y de hecho a la reparación a las personas afectadas, y por tal motivo es referido en estas páginas como uno de los proyectos que tributan a un posible proceso de reconciliación.

Por último, desde el punto de vista cronológico, la plataforma ciudadana Archipiélago se inscribe eminentemente en la tradición de contribuciones nacionales a la causa de la reconciliación. Archipiélago surge un mes después del 11J como un espacio articulador de deliberaciones sobre el futuro del país, los cambios necesarios y las vías cívicas posibles. Una de sus principales razones de ser fue la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el 15 de noviembre de 2021 y continuadora directa de las manifestaciones espontáneas del 11J. La marcha, posteriormente convertida en jornada, fue desautorizada por las autoridades estatales. Como motivaciones de la manifestación Archipiélago declaró en la solicitud presentada formalmente: “La Marcha será contra la violencia, el respeto de todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los 42 Rodríguez, C.: “De qué hablamos cuando decimos ‘la lista’. Acompañamiento a familiares y construcción de la memoria en Cuba a raíz del 11J”, en DemoAmlat. Desafíos de la democracia en América Latina, No. 30, septiembre de 2021. 27 presos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.43

La plataforma logró articular de modo sobresaliente los valores de pluralidad, civismo y paz. Ha sabido hacer uso de las posibilidades brindadas por las redes sociales digitales y ha cargado de sentido a una serie de símbolos movilizadores y aglutinadores ―el color blanco como emblema de la paz, el archipiélago que aúna a una multitud de islas y la rosa blanca del Apóstol nacional como símbolo de reconciliación por excelencia―. En resumen, ha encarnado la esperanza y el anhelo de un futuro reconciliado para Cuba.

[1] Bloomfield, D.: “Clarificando términos: ¿Qué podemos entender por reconciliación?”, en Bloomfield, D., Fernández, C.H. y Angulo Novoa, A., Reconciliación: perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión (pp. 11-32), Colección Papeles de Paz No. 10, Centro de Investigación y Educación Popular/

Programa por la Paz (CINEP/PPP), Bogotá, Colombia, 2015. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161027012002/20150801.Reconciliacion_Ppaz10.pdf ⁵ Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011.

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Reconciliación luego de conflictos violentos. Resumen de políticas, IDEA, 2003.  

[2] Bueno Cipagauta, M.A.: “La reconciliación como un proceso socio-político. Aproximaciones teóricas”, en Reflexión Política, Vol. 8, No. 15, 2006, pp. 64-78.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas: Guía para la implementación del enfoque de reconciliación en procesos de restitución de tierras, Bogotá, 2018.

[3] Fernández, C.H.: “Comprensiones en torno a la reconciliación y algunas implicaciones para el caso de

Colombia”, en Bloomfield, D., Fernández, C.H. y Angulo Novoa, A., Reconciliación: perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión (pp. 11-32), Colección Papeles de Paz No. 10, Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP), Bogotá, Colombia, 2015. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161027012002/20150801.Reconciliacion_Ppaz10.pdf ⁹ Herrera, C.J. y Torres, S.: Ob. cit.

[4] Rico, D. y Maza, M.: “Actitudes hacia la reconciliación social y apuntes para una política del perdón: casos en el Caribe colombiano”, en Análisis Político, No. 90, mayo-agosto, 2017, pp. 140-153.

[5] Bloomfield, D.: Ob. cit., p. 27.

[6] Ibidem, p. 23.

[7] Murillo, E.: Reconciliación social hoy: una apuesta más allá de retos y desafíos, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017, p. 20. 

[8] Bilbao, G.: “La reconciliación social como reto ético. Experiencia del País Vasco” (transcripción de conferencia), 2019.

[9] Fernández, C.H.: Ob. cit., p. 36.

[10] Villa Gómez, J.D.: “Perdón y reconciliación: una perspectiva psicosocial desde la noviolencia”, en Polis, Revista Latinoamericana, Vol. 15, No. 43, 2016, pp. 131-157. 

[11] Garrido Rodríguez, E.: “El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo micropolítico del aprendizaje para la convivencia”, en Papel Político Bogotá, Vol. 13, No. 1, enero-junio, 2008, p. 136.

[12] Lederach, J.P.: “The journey toward Reconciliation”, Library of Congress Cataloging; citado por

Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011. 

[13] Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Ob. cit., p. 14.

[14] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Reconciliación nacional después de los conflictos: papel de las Naciones Unidas”, punto 44 del Capítulo VIII del Repertorio, Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales, 2004. https://www.un.org/securitycouncil/es/content/repertoire/agenda-items-2004-2007-chapter-viii-repertoire ²¹ Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA): Ob. cit.

[15] Méndez, J.E.: “Reconciliación nacional, justicia transnacional y el Tribunal Penal Internacional”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, No. 6, 2002, p. 489.

[16] Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo),

Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011.

[17] Aguirre, E.L.: “La Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana: otro gran legado de Mandela”, Derecho a réplica, 30 de noviembre de 2001, https://derechoareplica.org/secciones/criminologia/489–lacomision–de–verdad–y–reconciliacion

Báez, J.R.: “Verdad, perdón y reconciliación: algunas lecciones de Sudáfrica para Colombia”, Agencia Anadolu, Colombia, 6 de noviembre de 2019, https://www.aa.com.tr/es/mundo/verdad–perd%C3%B3n–yreconciliaci%C3%B3n–algunas–lecciones–de–sud%C3%A1frica–para–colombia/1637492

[18] Oelschlegel, A.: “Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Un resumen crítico respecto a los avances de sus recomendaciones”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,Biblioteca jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006, pp. 1335-1368.

[19] Rico, D. y Maza, M.: Ob. cit.

[20] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Colombia, 24 de noviembre de 2016. https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx ²⁸ Oelschlegel, A.: Ob. cit.

[21] Bilbao, G.: “La reconciliación social como reto ético. Experiencia del País Vasco” (transcripción de conferencia), 2019. 

[22] Herrera, C.J. y Torres, S.: “Reconciliación y justicia transicional: opciones de justicia, verdad, reparación y perdón”, en Papel Político, No. 18, 2005, p. 97.

[23] Oelschlegel, A.: Ob. cit.

[24] Méndez, M.L.: Revisión de la literatura especializada en reconciliación (documento de trabajo), Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ), Bogotá, 2011.

[25] Rico, D. y Maza, M.: Ob. cit.

[26] Garrido Rodríguez, E.: “El perdón en procesos de reconciliación: el mecanismo micropolítico del aprendizaje para la convivencia”, en Papel Político Bogotá, Vol. 13, No. 1, enero-junio, 2008, pp. 123-167.

[27] Escobar, R.: “Concilio Cubano, la semilla que no germinó”, en 14ymedio, 24 de febrero de 2016.

[28] Vicent, M.: “La apuesta política de Concilio Cubano”, en El País, 24 de febrero de 1996. https://elpais.com/diario/1996/02/24/internacional/825116415_850215.html

[29] Betancourt, E. F.: “Presentación sobre La Patria es de Todos”, Cuba in Transition, ASCE, 2003, pp. 7-

[30] . 

[31] Payá, O., Alfonso, O., Roca, V., Palacio, H., Rolando, V., Navarro, F., Álvarez, P.P. y Sánchez, E.: Todos

Unidos por la Libertad, 2003. https://www.cubanet.org/htdocs/ref/dis/06170201.htm

[32] Payá, O.: “Fundamentación del Proyecto Varela”, en Oswaldo Payá Sardiñas y el Proyecto Varela. La lucha pacífica por la apertura democrática en Cuba, Konrad Adenauer Stiftung A.C. y Fundación CADAL, 2003.

[33] Sánchez, Y.: “El proyecto Convivencia cumple una década”, en 14ymedio, 16 de octubre de 2017.

[34] Rodríguez, C.: “Registro de la represión en Cuba: emprendimientos de memoria y activismo (archivístico)”, en DemoAmlat. Desafíos de la Democracia para América Latina, No. 032, noviembre de 2021, pp. 15-18.

[35] El 15 de noviembre no fue posible celebrar la Marcha Cívica por el Cambio y la jornada se caracterizó por fuertes despliegues represivos, detenciones, arrestos domiciliarios, cortes selectivos de Internet y gran cantidad de actos de repudio a los miembros de Archipiélago; además de la agresiva campaña de desprestigio por parte del Estado y los medios de comunicación. La represión y la salida del país del líder de la plataforma, Yunior García Aguilera, han dibujado cierto paisaje de desorientación que deja en suspenso la evolución próxima de Archipiélago.

⁴² Rodríguez, C.: “De qué hablamos cuando decimos ‘la lista’. Acompañamiento a familiares y construcción de la memoria en Cuba a raíz del 11J”, en DemoAmlat. Desafíos de la democracia en América Latina, No.30, septiembre de 2021.