Programa político de "D Frente"
D Frente presenta con este Programa, una especie de guía para la transición democrática en Cuba y para la sanación política y económica de la nación.
Consideramos que D Frente tiene la vocación política, necesaria en estos momentos en Cuba, para ser parte de ese camino de cambios.
Mostramos, con este programa, nuestros principios y valores políticos y económicos, para que no queden dudas de nuestras convicciones y nuestros objetivos.
D Frente quiere, como concertación política de la sociedad civil cubana, una transición democrática en Cuba sin revanchas, sin odios manifiestos, sin linchamientos, sin violencia, por eso proponemos una amnistía política que sirva como plataforma para relanzar el proyecto de nación que creemos pendiente desde la propuesta martiana de república con todos y para el bien de todos.
Nuestro horizonte, para mañana, si fuera posible, y para el futuro, si somos capaces de hacer viable nuestra propuesta, es la libertad y el bienestar del pueblo cubano.
Entendemos que no puede haber libertad política sin libertad económica y que el bienestar no se logrará sino en el equilibrio entre la autonomía de los individuos y de la sociedad civil y la responsabilidad máxima del Estado para defender y permitir la realización de todos los Derechos Humanos de todas las personas, y no solo de los privilegiados económica y políticamente.
D Frente propone una democracia que trascienda el ámbito de lo formal y permita una participación ciudadana constante y real, sin ritualismos, para la toma de decisiones fundamentales que importen a la nación y al pueblo compuesto por sujetos con derechos públicos y privados, amparados por las leyes cubanas, incluyendo, sin ninguna duda ni discriminación, al pueblo cubano residente en otros países.
Para lo anterior, D Frente considera que es necesaria una Constitución nueva amasada en una Asamblea Constituyente, que permita a la ciudadanía cubana formar parte de un nuevo pacto social, político y económico, que deberá cargar con todas las imperfecciones a que la urgencia nos condenará, que será expresión del estado real de nuestra cultura política y cívica, pero que estará más cerca de la condición real que nuestro pueblo tiene ahora, y con la que deberemos afrontar la transición a la democracia y su afincamiento como rasgo de la nación en reconstrucción.
D Frente aboga y abogará por la legalidad, por la transparencia política, económica y financiera del Estado, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y por la composición paulatina y constante de un Estado de derecho. El Estado de derecho para nosotros, no deberá ser solo la suma de indicadores políticos, electorales, institucionales, jurídicos, procesales, para limpiar la imagen de décadas de autoritarismo en Cuba, sino un sistema político, jurídico, donde la ley impere, donde el voluntarismo encuentre siempre un filtro legal, donde la impunidad no sea posible, donde el acceso ciudadano a la justicia sea total, donde se erradique, lo más rápido posible, el vicio de la dependencia judicial a las indicaciones políticas y la toma de decisiones políticas fuera del ámbito de las instituciones creadas por la Constitución y las leyes.
D Frente-Programa
Concertación Democrática que procura refundar la República cubana, bajo la máxima martiana de «Con todos y para el bien de todos»; integrada por miembros directos y la alianza de varias organizaciones.
Sostenida en los principios de:
1- Libertad, Derechos Humanos, soberanía nacional y soberanía ciudadana, basadas en un proceso de Reconciliación Nacional, asentado en la necesidad de paz, justicia y transparencia, que nos facilite sanar, reconstruir, mirar adelante.
2- Igualdad ante la ley y contra de todo tipo de discriminación. Establecer políticas a favor de la igualdad de oportunidades, independientemente a cualquier pertenencia o consideración relativa a género, raza, religión, grupo social, y que favorezcan un real y ascendente acceso a la educación, al empleo, la atención médica, la seguridad social y las garantías judiciales.
3- Modelo de Estado democrático, incluyente y pluralista, descentralizado y con independencia entre las ramas del poder, autonomía de los gobiernos locales y una administración pública racional y eficaz, bajo el imperio de la transparencia y la Ley.
4- Modelo económico democrático, con participación de todas las formas de propiedad y planificación económica estratégica del gobierno, que regula y facilita, asentado en el valor y la virtud del trabajo, el esfuerzo, la creatividad y los beneficios obtenidos al amparo de la ley, y como necesidad vital y legítimo derecho de todos los cubanos y cubanas al progreso y a una vida mejor y más plena.
5- Proyección social a favor de una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, orientada hacia la prevención y solución; del acceso universal e integral a una educación democrática con altos estándares científicos, técnicos, humanistas y éticos; de la atención de salud universal e integral, incluida la prevención; de la lucha contra todo tipo de violencia, en particular contra la violencia de género; de un sistema sostenible de pensiones y de seguridad social; de los grupos sociales vulnerables e históricamente marginalizados; del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia; de la atención a las personas con discapacidad y cuidado de las personas mayores; de la protección a personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda; y del desarrollo de una defensa civil que responda a catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras.
6- Institutos militares y fuerzas policiales –con carácter «civil»- de acuerdo con el respeto de las normas constitucionales y legales; comprometidos con la soberanía nacional y ciudadana y con la responsabilidad internacional por la paz los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio, de acuerdo con el Derecho Internacional.
7- Relaciones internacionales asentadas en el interés nacional y el Derecho internacional, de acuerdo con los principios y necesidades señalados en los acápites anteriores.
Que, ante la grave crisis humanitaria y la importancia de la economía para los procesos que deben ocurrir en Cuba, también reclama la implementación inmediata de las medidas siguientes:
1- La participación equitativa de todas las formas de propiedad, con una legislación que garantice cuánto mercado y libre contratación económica sean posibles y cuánto control de la sociedad, del Estado y del gobierno sean necesarios.
2- Las empresas públicas deben estar regidas por el Estado, pero no son propiedad suya, ni administrada por este, sino a través de una junta de directores o fideicomisos -independientes de las gestiones políticas- que guíe, seleccione y compense a la gerencia de las empresas, siempre a partir de medidas económicas relacionadas con la rentabilidad, el crecimiento, el retorno en la inversión, la eficiencia y la productividad.
3- El Estado tiene la obligación de garantizar la transparencia y la rendición de cuenta de las empresas públicas.
4- Todas las empresas deben efectuar retribuciones dignas, reinvertir ganancias en el desarrollo de la empresa y/o en vínculos asociativos, y el tributo al bienestar general.
5- Las empresas deben cumplir todas las exigencias legales y, con suma responsabilidad, satisfacer todos los requerimientos de la legislación laboral.
6- El Estado sólo podrá expropiar a las empresas por colisión entre el interés público o social y el interés privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero, y con la debida indemnización; a partir de los casos, las condiciones y la forma que fije la legislación; y a través de procedimiento judicial.
7- Cuando la colisión entre el interés público o social y el interés privado no demande una expropiación forzosa, la legislación deberá indicar el consorcio o el arrendamiento forzosos; lo cual no conduce a la transmisión obligada de la propiedad a favor del Estado, pero sí implica una limitación individualizada del dominio, mientras a su vez le otorgue la adecuada y justa compensación.
8- El Estado y el gobierno deben garantizar el desarrollo del entorno empresarial a escala de país, así como fomentar entre las empresas la cooperación transfronteriza; y para ello, habrá de aprovechar las oportunidades que brinda la libre circulación de personas, servicios y capitales.
9- El Estado y el gobierno deben conceder, a todo tipo de empresa, los derechos de importación y exportación, de acuerdo con lo establecido legalmente.
10- El Estado y el gobierno deben asegurar el desarrollo, regulación y supervisión de la debida actividad bancaria, permitiendo la banca privada.
11- El Estado y el gobierno deben facilitar que las empresas accedan a créditos, nacionales y extranjeros.
12- El Estado y el gobierno deben ofrecer -con fondos públicos, marcos regulatorios y aranceles y subsidios transparentes- apoyos temporales a empresas, cuando esté justificado por razones de interés general, para el desarrollo de localidades y sectores en desventaja o prioritarios para transformaciones productivas de largo plazo, o a favor de beneficios sociales, tales como: la promoción de emprendimientos, la investigación, la educación, la seguridad alimentaria, los desarrollos tecnológicos, el medio ambiente, el empleo; siempre que los beneficios que le aporte no afecten los intercambios comerciales ni falseen la más racional competencia.
13- La legislación debe fijar los criterios de concesión de estas ayudas, las obligaciones de las empresas beneficiadas, así como los límites de esta oportunidad; esto último, con el propósito de no instituir distorsiones financieras, económicas, comerciales y sociales.
14- Las leyes e instituciones públicas deben garantizar el derecho de compraventas, traspasos, herencias y quiebras de empresas.
15- El Estado y las leyes deben prohibir los monopolios económicos, comerciales y financieros estatales o privados. Deben penalizarse las prácticas monopólicas o en la forma de “carteles empresariales” que dañen a los consumidores y supriman la competencia. Tales prácticas dificultan la reasignación equitativa de los recursos productivos; afecta la cantidad, variedad y calidad de los productos y servicios; y daña el equilibrio de los precios en detrimento del consumidor.
16- El comercio debe sustentarse en los principios de libertad comercial, licitud de las actividades comerciales, transparencia, responsabilidad social y ambiental, comercio legítimo y respeto a los derechos del consumidor.
17- La reconceptualización de la Cámara de Comercio de Cuba.
18- El Estado debe establecer un sistema tributario, proporcional y progresivo, sobre las ganancias de todas las personas jurídicas y naturales, públicas y privadas, con reglas claras y eficaces, transparencia, ausencia de mercados ilegales, sistemas de captura de transacciones, ausencia de arbitrariedades por parte de las autoridades tributarias, y acceso fácil a tribunales tributarios donde el contribuyente tenga posibilidades de presentar querellas y reclamar sus derechos.
19- El Estado y las leyes debe establecer un procedimiento para cumplimentar el presupuesto del Estado y redistribuir la riqueza.
20- La legislación está obligada a definir el deber y el derecho del Estado a intervenir en la vida económica en virtud del bienestar general a través de la planificación estratégica, la búsqueda de solidez financiera, la ayuda a empresas, las relaciones entre diversos quehaceres empresariales, la restricción de lo incorrecto, la toma a su propio cargo -sólo por emergencias y según los requisitos legislados- de la organización y gerencia de empresas indispensables e impostergables, y supervisar las entradas y salidas de riquezas del país.
21- El Estado debe establecer un corpus de infracciones, contravenciones y delitos en estos quehaceres, con sus correspondientes sanciones; así como normas jurídicas en torno a los incumplimientos de contratos y a las bancarrotas. Del mismo modo, se debe establecer los procedimientos y las autoridades encargadas de esto.
Que aboga además por un proceso de apertura a través una «negociación política», con la agenda siguiente:
1- Incorporar la distensión política y favorecer una amnistía reciproca que sea general y plena, excepto para quienes hayan cometido crímenes desde cualquiera de las partes en conflicto.
2- Garantizar los Derechos Humanos y, de este modo, liberar los presos políticos y los derechos de expresión, acceso a la información y prensa, movimiento, reunión, manifestación y asociación, incluyendo los derechos políticos.
3- Establecer una legislación empresarial y comercial capaz de instaurar un modelo económico eficaz, y facilitar el acceso de Cuba a finanzas, tecnología y mercado.
4- Establecer una Ley Electoral Provisional que dé acceso a una ciudadanía plural a las instituciones públicas de representación; e incorpore un referendo que autorice a los diputados electos para que realicen una Reforma General Provisional de la Constitución de 2019 y, con esas nuevas garantías, enrumben al país hacia un proceso constituyente originario.
5- Realizar elecciones libres según la Ley Electoral Provisional, de conjunto con el referendo que autorice la Reforma General Provisional de la Constitución de 2019.
Con el compromiso de que quienes resulten electos según esta Ley Electoral Provisional se comprometan con la agenda siguiente:
1- Ejecutar la Reforma General Provisional de la Constitución de 2019.
2- Aprobar leyes de necesidad inmediata, relacionadas con los Derechos Humanos y el desarrollo socioeconómico.
3- Establecer condiciones sociales, económicas y políticas que aporten a la estabilidad y el desarrollo.
4- Aprobar una Ley que regule el proceso constituyente, elección y toma de posesión de la Asamblea Constituyente.
5- Aprobar una Ley de tránsito constitucional que establezca el modo de institucionalizar la nueva Constitución y la realización de elecciones generales.
Que igualmente convoca a que toda estrategia política apueste por reducir y acortar el tiempo del dolor del pueblo cubano, e impulse toda la ayuda humanitaria posible para socorrer a los cubanos que sufren.
La Concertación Democrática D Frente tiene capacidad para iniciar una transición hacia la democracia y el Estado de derecho, como horizonte para la refundación de la República y la regeneración nacional.
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