La política demanda una democratización que reconozca el rol de los partidos políticos, pero corrija los actuales déficits ensanchando los horizontes de participación/representación.
La política tiene características comunes en todos los sitios y épocas, aunque siempre atravesada por circunstancias culturales, particulares y temporales; estas últimas, en algunos casos estimadas como déficits o errores. Por ejemplo, el funcionamiento social requiere de autoridades, si bien estas pueden ser demócratas o dictatoriales o autócratas.
A veces, al intentar corregir unos u otros déficits o errores, optamos por aniquilarlos y sustituirlos de modo absoluto. Esto también podría resultar perjudicial; en ocasiones, la solución está en establecer otros componentes esenciales que ofrezcan estabilidad a las relaciones sociales. Por ejemplo, la empresa privada genera desigualdad social, pero sería absurdo imponer que sea sustituida por un modelo económico íntegramente colectivista, pues ello instituye la ineficacia y la pobreza; la solución sería alcanzar un modelo equitativo de distribución sin afectar las distintas formas de propiedad económica.
Decía Félix Varela que sería un delirio creer en la posibilidad de una comunidad de bienes. Todos no concurren igualmente a la producción de riquezas, advierte, por tanto, de igual forma habrá de ser diferente el derecho a los beneficios. Es imposible, asegura, que en la sociedad concurran todos los hombres de un mismo modo con esfuerzos iguales a producir bienes, y un perezoso nunca tendrá derecho a lo que produce un artesano activo. La absoluta comunidad de bienes, sentencia, es un delirio de poetas que nunca podrá realizarse en todo un pueblo.
Actualmente, muchas sociedades comparten problemáticas. Por ejemplo, padecemos una distorsión sociopolítica provocada por la transferencia de la ciudadanía a los partidos políticos y ello no significa que estas agrupaciones programáticas deban dejar de existir. El menoscabo radica en que además deben instalarse otros instrumentos de participación ciudadana, así como ampliar y diversificar el universo de organizaciones sociales representativas de la ciudadanía, capaces participar en importantes decisiones y gestiones acerca de la “cosa pública”.
Esta transferencia de la ciudadanía a los partidos políticos ha conllevado un conjunto de faltas. Por ejemplo, los partidos políticos han monopolizado la política excesivamente; la ciudadanía en general sólo vota cada cierto tiempo por opciones seleccionadas previamente por otros; los partidos políticos suelen colocar en el centro el voto y el clientelismo; el modelo representativo tiende a una especie de aristocracia electiva; los jerarcas de los partidos políticos usan los parlamentos para registrar decisiones ya tomadas; y estos líderes prefieren controlar, repartir y designar a su antojo, mientras pueden estar controlados excesivamente por los poderes fácticos.
Sobre estos liderazgos, cabe destacar que, sociológicamente, mientras mayor resulta una comunidad menos ella aprecia la colegialidad, si bien no deja de valorarla. En estos casos, aumenta enormemente el atractivo de los líderes.
Resalta asimismo que ya no suelen implicarse en política los intelectuales, poetas y empresarios, etcétera. Han ocupado este espacio otros actores, que van convirtiendo la política en profesión, en modo de vida con el que sustentan la familia y sus ambiciones. Esto facilita que sean sumisos a los lideres y aún más dóciles al poder fáctico. Como efecto, padecemos una pérdida de calidad de la clase política.
Esta transferencia de la ciudadanía a los partidos políticos, muchas veces convertidos en aristocracias electivas, ha instalado una crisis de representación ciudadana. La política demanda una democratización que reconozca el rol de los partidos políticos, pero corrija los actuales déficits ensanchando los horizontes de participación/representación.
Necesitamos instaurar el protagonismo a una sociedad civil autónoma que, incluso, pueda estar representada en instituciones de poder del Estado, y protagonizar dinámicas institucionales de negociación y coordinación, con el gobierno y otros sujetos sociales, en aras de participar en importantes decisiones y gestiones acerca de la “cosa pública”. A continuación, dos ejemplos.
Algunos abogan por el establecimiento de una Comisión Trisectorial ⸺integrada por representantes de los sindicatos y las asociaciones de profesionales y oficios, de los empresarios y del Gobierno⸺ con facultades para considerar periódicamente las condiciones para el desarrollo socioeconómico y a partir de ello refrendar sobre el proceso económico-laboral. Igualmente, algunos sugieren que las organizaciones civiles autónomas, no sólo las partidistas programáticas, puedan nominar diputados.
Con estos comentarios no pretendo respuestas a los desafíos bosquejados sino sólo provocar el empeño por una política mejor, posible.
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