Los usos siempre variables de la historia, constituyen una herramienta de legitimación al instante de validar posicionamientos individuales, proyectos sociales y agendas colectivas. Desde las esferas de gobierno hasta los sectores más reacios de la política oficial, se promueven narrativas que en sus matrices de pensamiento, proyección analítica y prioridad temática, ponderan visiones sobre hechos o acontecimientos, ―que si bien pueden no estar alejados de la realidad―, resultan objeto de variaciones interpretativas, cuando se asumen presupuestos teóricos que inciden sobre el discurso totalizante de procesos históricos, como parte sucesoria de fenómenos complejos en un determinado contexto epocal.

La honestidad de todo individuo comprometido con el servicio público de las ciencias sociales, exige el reconocimiento de aquellas condicionantes marcadas por la influencia cognoscente del factor ideológico, de cuyas mediaciones ningún exponente intelectual se encuentra ajeno. Sin embargo, ello no implica la relativización de la veracidad científica; en tanto la objetividad se construye a partir de consensos al interior de una comunidad académica, nucleada por una variable plural de herramientas que oscilan desde los testimonios orales hasta los documentos escritos, declaraciones públicas y materiales que pudieran servir de sustento probatorio sobre un fenómeno objeto de investigación.

La ciencia histórica forma parte imprescindible del discurso mitológico establecido en una sociedad, dado su funcionamiento utilitario como componente narrativo, perteneciente a la maquinaria que sustenta la racionalidad política de las organizaciones sociales asentadas en el paradigma moderno del Estado nacional. La validez de su utilidad adquiere un sentido meritorio como parte del proceso evolutivo de los pueblos, cuando estos someten su pasado al rigor del revisionismo crítico, convirtiéndose en presupuesto indispensable al momento de proyectar un modelo de nación hacia el futuro.

Sobre los consensos y disensos del proceso revolucionario cubano

El intelectual socialista libertario Dmitri Prieto Samsónov ofrece una valiosa propuesta epistémica consistente en la idea de trans/posdominación a la hora de pensar los procesos de cambio abruptos que, erigidos en proyectos de liberación sociales, se convierten de manera progresiva en estructuras fosilizadas de dominación burocrática, soportadas por la fuerza coercitiva de un aparato militarizado al servicio de la clase gobernante. Dicho cuerpo dirigente propicia con el tiempo la consolidación de un modelo institucional, conducente al socavamiento de la voluntad popular, mediante el dominio arbitrario impuesto por una vanguardia política que asumió roles de protagonismo durante la etapa previa de lucha emancipatoria.

La validez del concepto es sin dudas plausible, al momento de comprender la deriva del proceso revolucionario cubano, movilizativo del extenso espectro político nacional, consagrado al restablecimiento de las libertades civiles, derechos constitucionales y garantías democráticas, violentadas por el mandato autoritario que significó la dictadura de Fulgencio Bastista entre 1952-1958. Sin embargo, la radicalización posterior encabezada por el liderazgo de las fuerzas rebeldes, estuvo motivada por los anhelos dignificadores en la restauración de un conjunto de derechos históricos negados a amplios sectores de la sociedad cubana, influido en su decurso polarizante por los efectos de la hostilidad estadounidense en los contornos de un gélido conflicto bipolar, ―signado por dos grandes campos sistémicos en disputa―, que a la postre inclinarían a la Isla hacia la influencia de la superpotencia dominante en el oriente hemisférico.

Esta realidad generó apreciaciones que en sus lecturas «biológico-naturalistas» más elementales, apuntaban a la incompatibilidad de Cuba con el modelo socialista. Desde esta perspectiva, se incluía el peso geopolítico que significaba asumir a un aliado a miles de kilómetros de distancia; mientras el principal socio histórico de la Isla en el terreno económico-comercial desde hacía más de un siglo, se encontraba a unas noventa millas. Para entonces, dadas las consecuencias desestabilizadoras en la región que significaba el triunfo de un proceso revolucionario en el subcontinente, los efectos previsibles de la agresividad norteamericana, pasarían de la suspicacia inicial hacia una fase abierta de materialización, con el despliegue intensivo de acciones violentas, militares y cognitivas, encaminadas a lograr un inminente cambio de régimen.

Ante esa realidad, las variaciones fenoménicas en los posicionamientos adoptados, así como en las lecturas de los acontecimientos asumidas por intelectuales, actores políticos y sujetos protagónicos del proceso de cambio, comenzaron a sufrir de transformaciones, rupturas o consensos en torno al liderazgo ascendente, ―en dependencia de la radicalidad de pensamiento― siempre atravesado por el matiz ideológico de quienes se posicionaban en el complejo tablero político. No obstante, ante la persistente retórica de «plaza sitiada» que definía el lenguaje revolucionario frente a la real amenaza extranjera, el pueblo cubano contemplaba con el paso del tiempo una postergación de sus anhelos democratizadores, dada la ausencia de un corpus jurídico-político que institucionalizara una concepción republicana y soberanista en la arquitectura constitucional de la nación, cuyas garantías se encontraban inhabilitadas desde 1952.

El discurso establecido en torno al consenso nacionalista correspondiente a un Estado que asumió el camino de la reforma social mediante la adopción de cambios estructurales, abandonó desde fases tempranas de su gestación el lenguaje integrador de la ciudadanía por los postulados radicales del socialismo ortodoxo, entendido entonces como alternativa «comunista». Esta variante transicional, contaba con el respaldo de personalidades como Fidel Castro Ruz, Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Armando Hart Dávalos, Raúl Castro Ruz y otros protagonistas de la época, aunque afrontó resistencias importantes dentro del propio seno revolucionario. Prueba de ello fue la carta escrita por el comandante Huber Matos desde Camagüey al primer ministro de la nación, en la que renunciaba a sus cargos públicos y militares, ante el avance de los elementos radicales de izquierda o «comunistas» en las esferas del gobierno.

Las tendencias conservadoras, aristocráticas y liberales también tomaron distancias por razones ideopolíticas y económicas, al resultar incapaces de conciliar la viabilidad de un proyecto afín a sus intereses desde las instancias de poder, con el propósito de vehiculizar los afanes del sector corporativo y empresarial, frente a los avances nacionalizadores y reformistas radicales emprendidos por el gobierno de cambio. En dicho contexto, devino en fenómeno apreciable la emergencia de estudios que profundizaban sobre las falencias estructurales del modelo cubano, como resultaron las propuestas de Agustín Souchy, René Dumont, K. S. Karol, Leo Huberman, Paul Sweezy, Oscar Lewis y Sam Dolgoff, quienes abordaron temáticas complejas desde una densidad intelectual apegada a una visión de izquierda libertaria; en tanto se mostraban seriamente críticos de los resortes maquinizados, militaristas, centralizados y antidemocráticos, que para entonces exhibían las serias influencias del paradigma estalinista soviético en la Isla.

Las reflexiones desarrolladas en este sentido, apuntaban a la investigación sobre problemáticas identificadas en la estructura de funcionamiento del modelo socialista asumido por la Revolución cubana. En dichas elaboraciones quedaba de manifiesto una sincera preocupación por la cooptación de las formas de producción cooperativas, la proscripción del derecho a huelga por la clase obrera, la desarticulación efectiva del asociacionismo civil mediante la imposición de una estructura verticalizada convertida en cultura jurídica de subordinación estatal, la normativización de un estilo de mando militarista en las diferentes esferas ―lo cual reeditaba la vieja figura del caudillo latinoamericano―; al tiempo que otros flagelos sociales como la persistencia de la pobreza, la prostitución y la desigualdad fueron igualmente abordados, al tratarse de manifestaciones de larga data en el seno de la sociedad cubana. Resultó además objeto de interés crítico, el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, transmutado en política restrictiva a los derechos de libre expresión de la ciudadanía y el cuestionamiento legítimo sobre la capacidad real del unipartidismo para abarcar la más extensa voluntad popular.

La particularidad resolutiva que las autoridades adoptaron ante la transparentación de conflictos entre el poder y los intelectuales, como parte de un debate más amplio del rol que estos debían desempeñar en el socialismo, provocó enconadas polémicas cuya más célebre discusión tuvo lugar en el verano de 1961, como parte de varias jornadas de reuniones efectuadas en el teatro de la Biblioteca Nacional José Martí. Este hecho motivó el célebre discurso de Fidel Castro Ruz que pasaría a la historia con el título de Palabras a los intelectuales, pronunciado el 30 de junio del mismo año. Con el tiempo, la pieza retórica sería desempolvada por historiadores y académicos como referencia imprescindible de la política cultural revolucionaria, en sus diversas interpretaciones más allá del ámbito creativo, disputas de narrativas y conflictos, para abarcar una dimensión de incidencia política o en el peor de los casos: policial.

Aunque un sector reconoce en el memorable discurso una condición inclusiva en la regulación de las pautas gubernamentales hacia el gremio de artistas y escritores, la realidad del país en los años siguientes estaría marcada por el ascenso de serias contradicciones en este campo, como fue el cierre forzoso de la vanguardia nucleada en torno a la columna Lunes de Revolución (1959-1961), la clausura del grupo editorial El Puente (1961-1965), la detención del poeta y escritor Heberto Padilla en 1971, así como la supresión de las páginas impresas de la revista Pensamiento Crítico (1967-1971), de amplio reconocimiento entre militantes de una intelectualidad de izquierda difusora del marxismo heterodoxo; a partir de las ideas teóricas de autores como Antonio Labriola, Rosa Luxemburgo, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Georg Luckács, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Aimé Césaire, Mao Tsé Tung y Ernesto Che Guevara, quienes hallaron el eco de sus postulados en el enunciado medio publicístico, de manera explícita o intertextualmente dialógica.

De acuerdo a los criterios manejados por autores como Jorge Fornet y Juan Valdés Paz, densificados además por las visiones de otros investigadores de esta etapa como Rafael Rojas, Abel Sierra Madero, Desiderio Navarro Pérez, Ambrosio Fornet Frutos, Alberto Abreu Arcia, Guillermo Rodríguez Rivera, Duanel Díaz Infante y Hamlet Fernández Díaz, la deriva autoritaria que dictaminó la política cultural cubana a partir de 1971 con la apertura de una etapa signada por el dogmatismo, la parametrización, el silenciamiento y la exclusión como herramientas tecnopolíticas, adquirieron una racionalidad de Estado a partir de un asumido pragmatismo doctrinal geo-estratégico, determinado por la apuesta plena del liderazgo antillano hacia el paradigma soviético. De tal forma, quedaban tácitamente clausuradas las intermediaciones esbozadas por intelectuales de izquierda procedentes del bloque occidental, reticentes en sus elaboraciones a las variables de experiencia autoritarias del socialismo en Europa del Este y la URSS.

Las manifestaciones públicas de una parte importante de la intelectualidad democrática anti-estalinista, propiciaron la ruptura abierta con el liderazgo de la Revolución cubana, a partir de las decisiones políticas que condujeron al encarcelamiento del poeta Heberto Padilla. La trascendencia de este hecho adquirió matices de relevancia debido a la interpretación sintomática del caso, asumida por los exponentes del campo letrado como un notorio atentado a las libertades civiles de manifestación y libre expresión de los artistas e intelectuales bajo el modelo de socialismo entonces vigente en Cuba.

La confrontación fue exacerbada por la máxima figura del poder en la Isla, al ratificar su responsabilidad directa en las decisiones relacionadas con la detención del escritor, de modo que certificaba el posicionamiento oficial del Estado cubano sobre la problemática esgrimida. Por su parte, el ministro de las Fuerzas Armadas Raúl Castro Ruz, en un discurso pronunciado el 6 de junio de 1972 con motivo del 11° aniversario del Ministerio del Interior, descartaba la posibilidad de promover cualquier alternativa de socialismo «liberal», «mejorado», «humano», «libre», «nacional» o «de mercado»; en franco desafío a las conceptualizaciones provenientes del marxismo occidental o de sus alternativas socialista democráticas, calificándolas como corpus de «anticomunismo intelectual», con la funcionalidad sofisticada de sustituir las ideaciones de un presunto «anticomunismo cavernario».

En cambio, la posición adoptada por los intelectuales comprometidos con una variante auténtica de socialismo cubano (humanista y democratizado), reflejaban una preocupación genuina sobre la praxis estalinista documentada en las denominadas «democracias populares» del este europeo. A esa comunidad pensante pertenecían personalidades de renombrada trayectoria y sobrado reconocimiento internacional como Jean-Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Carlos Monsiváis, Italo Calvino, André Gorz, István Mészáros, Susan Sontag, entre otras/os. La singular indiferencia con que dichos reclamos fueron acogidos en La Habana, no hizo más que ratificar la postura inalterable del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC), lo cual contribuía a reforzar los estigmas en el ámbito internacional sobre las libertades de expresión en el socialismo y la compleja posición de los intelectuales para el despliegue de sus potencialidades creativas.

La Revolución traicionada ante la herencia colonial de un modelo subdesarrollado

Desde una perspectiva de izquierda libertaria, la temprana deriva autocrática del modelo cubano resulta incongruente con los ideales emancipatorios de un proceso revolucionario auto-proclamado «socialista de liberación nacional». En evidente contradicción con los principios de justicia social y humanismo que guiaron el proceder retórico del liderazgo rebelde, la extensión del caudillismo militarista se convirtió en uno de los obstáculos más perceptibles de la democratización popular y la eficiencia de los sectores productivos al extenderse una cultura de ordeno-mando en las actividades de la economía; en tanto la sovietización ideológica facilitaba las labores importadoras de un sistema reproductor del colonialismo interno, que se mostraba además seriamente restrictivo ante las formas libres de manifestación pública.

Desde el ámbito de la economía política, la hiper-centralización burocrática de la mano de una estatalización disfuncional cercenó la economía popular, comunitaria y familiar, sostenida por el dinamismo que ofertaban los pequeños productores independientes. Al mismo tiempo, propició la disolución fáctica de este sector y la cooptación forzosa en el caso de las asociaciones cooperativas, reducidas a un papel subordinado de la voluntad estatal. Dicho conjunto de transformaciones apartadas de la racionalidad, estuvo acompañado por un asentado proceder institucionalista que le concedía exigua o nula participación a los trabajadores en la elaboración de los planes económicos de la Isla. En consonancia, se consolidaron procedimientos autoritarios en la gestión del poder que atentaban contra el bienestar material de la nación y la funcionalidad orgánica del sistema político.

Este escenario contribuyó al predominio de la escasez, el aumento de la improductividad, la caída de la eficiencia y la sobrevenida de una etapa de estancamiento con impacto perceptible en la vida de las personas. Las consecuencias de esa realidad generaron trascendentes debates entre economistas, intelectuales y académicos, a la hora de valorar la dimensión real de la socialización del poder y las riquezas en un modelo de pretendido carácter socialista. La legitimidad de esos cuestionamientos adquiría matices gnoseológicos apremiantes, cuando los supuestos protagonistas del nuevo régimen social (la clase trabajadora o proletaria), quedaba excluida para planificar, participar e intervenir en la toma de decisiones, expresar sus inconformidades en el espacio público, sindicalizarse de manera autónoma o promover la revocación de dirigentes en el desempeño de sus funciones.

Ante el predominio de tales variables, las interpretaciones sobre la traición del proceso de cambio por la militancia política de su propio liderazgo, resulta una hipótesis relevante manejada por pensadores socialistas y ciudadanos del común. En sustento de esas alegaciones, es posible afirmar que el proyecto histórico devino en instrumento incapaz de materializar los ideales democráticos, de justicia y liberación social del pueblo cubano, debido al desinterés explícito de los dirigentes en establecer una estructura horizontalizada de participación popular, que le concediera protagonismo a la clase trabajadora, sectores humildes y sujetos desposeídos por el régimen del capital. Del mismo modo, se impidieron desde las estructuras partidistas y de gobierno, los esfuerzos encaminados a promover formas de producción cooperativizadas y colaborativas desde abajo, como debieran caracterizar a las lógicas organizativas de funcionamiento productivo en una sociedad socialista.

En su haber, el proceso revolucionario cuenta además con el peso negativo de establecer relaciones económicas que dieron paso a la formación de élites burocráticas y sectores empresariales en su aparato militar, ajenas a los intereses de la clase trabajadora, para cuya demostración no resulta siquiera necesario apartarse de los postulados teóricos de la filosofía marxista clásica. Este hecho posibilita que estudiosos en el campo de la sociología y la economía política, sean capaces de sostener con rigor demostrativo que las dinámicas reales de la sociedad cubana se relacionan de una manera más acorde a los preceptos de un sistema capitalista de Estado, que a los principios y valores de un régimen socialista, tanto en su ideología como en sus relaciones sociales de producción, intercambio y consumo.

Las políticas de neoliberalismo tardío impulsadas por el Partido Comunista de Cuba

Los expertos más acuciosos en el campo de la economía cubana, con una perspectiva de larga duración sobre el devenir de su evolución histórica, refieren que la Mayor de las Antillas afronta en el transcurso de la tercera década del siglo XXI, las consecuencias sistémicas de un fenómeno de crisis extendida, que remonta sus orígenes a la caída de los países del campo socialista europeo y la URSS. Con el advenimiento de ese complicado escenario, la Isla no solamente perdió el 98 % de su abastecimiento petrolero y el 72 % de sus relaciones comerciales; quedó además plenamente aislada ante el reforzamiento de la hegemonía estadounidense y sus aliados occidentales. La imposibilidad de insertarse de forma plena, dinámica y eficiente a las cadenas de producción, financiamientos y suministros de la economía mundial, derivaron en factores demostrativos de los anquilosados resortes aún persistentes en un modelo estatalista burocrático, incapaz de satisfacer siquiera las necesidades básicas de la población.

Sin embargo, lejos de proyectar la aplicación de medidas que potenciaran el carácter democrático, socializador y cooperativo del sistema político, la clase dirigente promovió la privatización de las formas de propiedad existentes en el país y liberalizó el mercado cambiario, lo cual contribuyó a segmentar el acceso a bienes indispensables mediante la semi-dolarización del consumo interno. Al mismo tiempo, las autoridades fomentaron la apertura al capital privado extranjero y la profundización del rentismo, a través del incentivo a las remesas provenientes desde el exterior. Dicha estela de políticas ocasionó secuelas irreversibles en la vida de las personas, dado el repunte en la desigualdad, el racismo, la prostitución y las asimetrías sociales, debido a la emergencia de un renovado modelo económico que asociaba el emprendimiento empresarial y la tenencia de divisas como referentes de éxitos, en franca contradicción al paradigma de igualdad establecido durante décadas en el seno de la sociedad cubana.

De forma paradójica, el Estado desarrollaba paralelamente esfuerzos por sostener el esquema soviético en la distribución igualitaria y la garantía de servicios indispensables, sustentado en el acceso universal a la salud, la educación, la seguridad pública y el subsidio de productos alimentarios. Empero, a nivel sistémico no se implementaron estrategias dirigidas a revertir los efectos negativos de las medidas liberalizadoras, de mayor impacto entre quienes se encontraban afectados por las consecuencias históricas de la pobreza, la exclusión y la marginalidad.

El espejismo temporal que significó la asistencia energética ofrecida por la solidaridad del mandatario venezolano Hugo Chávez Frías, no motivó en la clase dirigente cubana la adopción de serias transformaciones con la intención de mejorar los niveles de eficiencia productiva, fomentar la diversificación de la agricultura con el propósito de reducir el carácter dependiente del monocultivo azucarero, impulsar la industria mediante un esquema de planificación participativa con la clase trabajadora y promover de modo sinérgico con el sector privado, una economía de servicios basada en las potencialidades emergentes del turismo. Todo ello ocupó roles secundarios en la agenda gubernamental, como fue el caso de las energías limpias o fuentes renovables, de trascendental importancia en el esbozo de una transición energética dirigida a sustituir importaciones, conquistar soberanía y preservar el medio ambiente a planos nacionales y globales, mediante la disminución de la quema de combustibles fósiles.

En su lugar, se profundizó el deterioro de la maquinaria industrial, la depauperada infraestructura del país experimentó una mayor agudización de su deprimente estado técnico, se postergó la necesaria reforma de la empresa estatal y las inversiones en el sector agrícola resultaron insuficientes ante las carencias alimentarias de la población; sin obviar la permanencia de normativas y estructuras burocráticas incongruentes con las necesidades del territorio. En cambio, la producción azucarera y la industria nacional mantuvieron un decrecimiento sostenido, con la misma intensidad que la economía ataba su dependencia a la importación subsidiada de combustibles provenientes de Venezuela.

Por su parte, la crisis pandémica aceleró a destiempo el proceso de reformas que la élite cubana había postergado durante años, dado el proceder dilatado de sus formulaciones. De ahí que el golpe mortífero de una despiadada enfermedad, golpeara con magnitudes similares la capacidad adquisitiva de la moneda local, resultante a una de las devaluaciones más escandalosas en la historia del país, debido a su implementación en un contexto de parálisis de las actividades productivas y principales fuentes de ingresos, como consecuencia de la propia pandemia. En ese contexto, el combustible para la inflación galopante de manera descontrolada, fue promovido por las propias autoridades encargadas de velar por la estabilidad monetario-financiera de la nación.

El neoliberalismo tardío de signo ideológico «comunista», adoptó niveles aún más sorprendentes con los sucesivos tarifazos a los servicios públicos de electricidad, gas licuado, transporte urbano y telefonía móvil, ―a la vieja usanza de las recetas fondomonetaristas―, puesto que llegaron incluso a experimentar un aumento por encima del 500 % y un deterioro ostensible en la calidad del servicio. Mientras tanto, el salario medio oscilaba en el entorno de los 12 dólares mensuales y la jubilación mínima no superaba la irrisoria cifra de 5 dólares estadounidenses; según el tipo de cambio del mercado informal que constituye la referencia mayoritaria para el establecimiento de transacciones comerciales.

La imposición de severas medidas con carácter regresivo para los ingresos de la clase trabajadora, jubilados y asistenciados, estuvieron acompañadas por el desmontaje paulatino e irreversible del sistema de seguridad social que beneficiaba a millones de niñas/os, adolescentes, personas discapacitadas y adultas mayores; lo cual generó a los efectos prácticos un incremento de la pobreza, la inseguridad alimentaria, el resurgir de la mendicidad, el trabajo infantil y la vulnerabilidad generalizada de la población.

La inoperancia de las instituciones públicas encargadas de brindar asistencia a los sectores más afectados por la crisis, adquirió matices de escándalo internacional ante las declaraciones de la ministra del Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó Cabrera, cuando afirmó ante el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en la Isla «no existían mendigos» y los deambulantes obligados a escarbar en la basura para sobrevivir, no eran más que «evasores de impuestos» por el ejercicio de actividades al margen de la legalidad. Este hecho que tuvo lugar en medio de un escenario caracterizado por la concentración de las riquezas en el sector privado y una minoritaria clase burocrática, contribuyó aún más al deterioro en la popularidad de los dirigentes, al evidenciar su notorio distanciamiento con las realidades cotidianas del pueblo cubano.

Paralelamente, el consenso social experimentó una severa fractura, dado el ostensible deterioro de servicios tradicionalmente estables como la salud y educación públicas, que constituían pilares esenciales del sistema político. Estos adolecen de una severa caída en sus funciones y capacidades, debido a la escasez de insumos, el descenso de sus potencialidades formativas, las carencias de personal humano, la emigración de profesionales y la precariedad de los salarios; al tiempo que tiene lugar una parcial privatización de los servicios, como garantía para recibir un tratamiento adecuado y de calidad, del cual obviamente quedan excluidos los estratos más humildes del territorio.

El devenir de la institucionalidad democrática, la justicia reparativa y la reconciliación nacional

El Gobierno cubano no solamente reafirma con el paso del tiempo su incapacidad económica, sino además su falta de voluntad política para establecer consensos fructíferos a través del diálogo fluido que demandan los diversos actores de la sociedad civil. Al abismo desolador que implica la profundización de la crisis, se suman las penosas arbitrariedades contra la ciudadanía, perpetradas impunemente por el aparato militar-policial y los agentes secretos al servicio de las autoridades partidistas.

La falta de interés de los gobernantes para encontrar una solución colegiada, dialógica y consensuada a la crisis sistémica que afecta a la Isla, ―dada la persistencia de problemáticas tan graves como urgentes de cara al presente y futuro de la nación―, constituye un elemento de peso fundamental para entender la nada despreciable aprobación a la idea del intervencionismo extranjero, como «probable salida» a la situación humanitaria que padecen millones de habitantes, afectados además por las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y garantías constitucionales.

La ausencia de toda esperanza de reformas conducentes al sendero del crecimiento económico, el bienestar general y el entendimiento consensuado mediante la cultura del diálogo, explican en buena medida la pérdida de valores patrióticos incluso entre las generaciones más jóvenes. La máxima responsabilidad ante estos hechos de carácter lamentable, recae sobre los hombros del poder militarista, discrecional y arbitrario, impuesto durante décadas por el mandato supraconstitucional del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Ante la vigente crisis del nacionalismo cubano, se torna apremiante la necesidad de fomentar un ambiente propicio para la conservación de los valores que conforman la cultura criolla autóctona, como sendero hacia la reconstrucción de un modelo republicano ideado para responder a las realidades plurales del territorio y resolver las diferencias políticas, mediante la capacidad resolutiva de las instituciones estructuradas para dirimir los conflictos resultantes de vivir en sociedad.

El fin del totalitarismo de signo ideológico «comunista», demanda el protagonismo de una ciudadanía política consciente, al momento de impedir por todos los medios que las fuerzas reaccionarias del aparato estatal, interpongan sus intereses de promover una alternativa de transición oligárquica caracterizada por la impunidad judicial, el establecimiento de nuevas asimetrías socioeconómicas y la institucionalización de un régimen neo-capitalista autoritario.

El arribo a un anhelado escenario de justicia transicional debiera estar definido por los principios rectores de no repetición, reparación a las víctimas y la investigación documentada sobre flagrantes violaciones de derechos humanos. La materialización de estos propósitos no requiere del protectorado intervencionista exterior ante las reconfiguraciones del tablero geopolítico mundial; sino más bien de la capacidad organizativa, madurez política y cultura democrática de la sociedad civil, comprometida en materializar el rescate de la soberanía popular, la dignidad nacional y la justicia para todos los ciudadanos del país.

El goce efectivo de estas virtudes republicanas resulta en la práctica impedido por el poder de una clase dirigente pos/anti-revolucionaria, envejecida y arcaica en sus postulados, al devenir con el tiempo en una composición dirigente sin las cuotas de legitimidad necesarias para gobernar ante el tiempo histórico que transcurre, debido a las demandas urgentes de garantías civiles, derechos económicos y libertades políticas, exigidas por los sectores más amplios del pueblo cubano.