El debate sobre el futuro político y social de Cuba se intensifica a medida que diversos actores dentro y fuera de la Isla presentan sus visiones para una transición democrática. En este contexto, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” emerge con una propuesta concreta y detallada: un conjunto de normas destinadas a regular el proceso hacia una eventual Asamblea Constituyente. Este documento, que presento y analizo a continuación, se erige como una hoja de ruta ambiciosa y meticulosa para garantizar que cualquier cambio sociopolítico en Cuba desemboque en un proceso genuinamente democrático, participativo y plural.

“Cuba Próxima” parte de una premisa fundamental: la necesidad de una Asamblea Constituyente “auténtica y promisoria” como piedra angular de cualquier transformación significativa. Subraya la importancia de la participación de “todos los sectores socioeconómicos y las distintas posiciones políticas” en un marco de “dinámicas libres, plurales y democráticas, de genuino diálogo y concertación”. En este sentido, el documento no solo propone un mecanismo, sino que también establece los principios que deben guiarlo.

La propuesta desglosa el proceso constituyente en diez fases claramente definidas, que abarcan desde la convocatoria hasta la ratificación mediante referéndum. Esta secuenciación lógica busca asegurar la transparencia y la legitimidad en cada etapa.

La convocatoria se reserva al Consejo Electoral Nacional (CEN), pero solo a solicitud de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Este punto inicial ya introduce un elemento de equilibrio de poderes, aunque en el contexto actual cubano, la composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional merecerían un análisis aparte.

La fase de inscripción de las propuestas otorga un plazo de tres meses para que diversas visiones constitucionales sean acreditadas por el CEN. Este paso es crucial para garantizar la pluralidad de opciones que se someterán al debate público.

Una innovación interesante es la inclusión de una deliberación social previa de dos meses. Durante este período, los medios de comunicación públicos deberían convertirse en plataformas para el análisis y la discusión de las propuestas acreditadas, así como para las voces de organizaciones civiles, políticas, instituciones académicas y la ciudadanía en general. Además, se propone un debate público amparado por la Asamblea Nacional entre representantes de la sociedad civil y los partidos políticos. Esta fase busca fomentar una comprensión profunda de las diferentes opciones antes de la elección de los delegados.

La constitución del Comité de Expertos, integrado por 25 miembros de reconocida solvencia técnica y política, marca un punto de inflexión. Este comité tendría la responsabilidad de elaborar un anteproyecto constitucional que sirva como base para los debates de la Asamblea Constituyente. La propuesta detalla cuidadosamente el proceso de selección de los expertos, su subdivisión en subcomisiones temáticas y su obligación de considerar las diversas propuestas y análisis emanados de la deliberación social previa. La publicación del anteproyecto veinte días antes de la elección de los constituyentes busca informar a la ciudadanía.

La elección de delegados constituyentes se plantea a través de un sistema que combina la representación de las propuestas acreditadas con la posibilidad de candidaturas independientes. Se enfatiza la necesidad de garantizar la paridad de género y raza entre los nominados. La elección se realizaría en los mismos distritos electorales que para la elección de diputados, mediante sufragio libre, igual, directo, secreto y competitivo, con un sistema de doble vuelta si fuera necesario.

La constitución de la Asamblea se detalla minuciosamente, incluyendo el proceso de elección de su presidente y vicepresidente, así como la figura de un secretario con funciones específicas. Se definen claramente los derechos y obligaciones de los delegados, así como las causales de pérdida de su condición, buscando asegurar la integridad y la dedicación de los asambleístas.

La fase de elaboración de una propuesta de Constitución establece un quórum de la mitad más uno de los delegados y la publicidad de las sesiones. Se garantiza el derecho de palabra y se establece un sistema de votación que requiere una mayoría cualificada de 3/5 de los delegados para la aprobación de cada precepto.

Una vez elaborada la propuesta en su totalidad, se contempla una deliberación social posterior de un mes, similar a la fase previa, para que la ciudadanía pueda analizar, debatir y expresar sus opiniones sobre el texto constitucional antes de su aprobación final.

La aprobación de la Constitución por la Asamblea Constituyente requeriría la mayoría absoluta de los delegados. Finalmente, la ratificación mediante referéndum popular, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, otorgaría la legitimidad definitiva al nuevo texto constitucional.

La propuesta de “Cuba Próxima” se destaca por su exhaustividad y su intento de anticipar los desafíos y las complejidades de un proceso constituyente. Al detallar cada fase, desde la convocatoria hasta la ratificación, el documento busca minimizar la improvisación y sentar las bases para una transición ordenada y legítima.

Sin embargo, es importante señalar que la implementación de estas normas en el contexto político actual de Cuba presenta interrogantes significativas. La existencia de un sistema unipartidista y la ausencia de libertades políticas fundamentales podrían obstaculizar la convocatoria, la inscripción plural de propuestas, la deliberación social genuina y la celebración de elecciones libres y competitivas para la Asamblea Constituyente.

A pesar de estos desafíos, la propuesta de “Cuba Próxima” constituye un valioso aporte al debate sobre el futuro de Cuba. Ofrece un marco de referencia concreto y detallado que podría servir como punto de partida para discusiones más amplias entre los diversos actores interesados en una transición democrática. Al presentar una visión clara de cómo podría desarrollarse un proceso constituyente inclusivo y participativo, el documento no solo ofrece un modelo técnico, sino que también reafirma la aspiración de muchos cubanos a construir un futuro basado en el Estado de Derecho y la soberanía popular.

En definitiva, las Normas para regular el proceso constituyente en Cuba de “Cuba Próxima” representan un ejercicio de planificación política ambicioso y necesario. Su valor reside en su capacidad para visualizar un camino hacia una transformación democrática en Cuba, ofreciendo un marco normativo que, aunque desafiante de implementar en el presente, podría inspirar y guiar los esfuerzos futuros hacia un horizonte de mayor libertad y participación para el pueblo cubano.