Que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no pasan por un buen momento no es noticia. Su deterioro durante los cuatro años de la administración Trump es algo que aún no se supera, aunque luego del 11 de julio de 2021 han comenzado a moverse, al menos así parece, algunos resortes relacionados con este tema. No obstante, la idea central de este breve texto no versa sobre qué puede esperarse de la parte estadounidense, sino qué puede hacerse en Cuba, que a su vez redundaría positivamente en el estado actual y futuro de las relaciones bilaterales.

En otras ocasiones he planteado, y lo sostengo, que el proceso de democratización que necesita Cuba no debe ser visto como un requisito sine qua non para el diálogo con Estados Unidos. De hecho, con la administración Obama no lo fue. Igualmente, no creo factible seguir esperando a un mejor ambiente entre ambos gobiernos para impulsar transformaciones dentro del país. Los cambios que una parte de la sociedad civil reclama con justeza, deberían ser la primera motivación para recomponer el pacto social en la Isla. Si eso redundara en mejores relaciones con el vecino del norte pues sería un plus, un valor agregado.

Ahora bien, algo que es necesario definir es cuáles serían esos cambios que podrían interpretarse como parte de un proceso democratizador. No creo que dadas las actuales circunstancias pueda pensarse que solo con transformaciones de índole estrictamente económicas sea suficiente. El “relanzamiento” del trabajo por cuenta propia que ha venido produciéndose, con avances y retrocesos, desde los años 2010 y 2011, no sería algo nuevo. Tampoco la implementación de las micro, pequeñas y medianas empresas, o la ampliación de las cooperativas no agropecuarias. La novedad de esos “cambios” se verificó en el proceso de negociación anterior. No hay nada “nuevo” que decir al respecto.

No hay ninguna primicia con el acceso a internet, a no ser las restricciones impuestas en la materia. Si en algo repercutió favorablemente el momento que vivieron las relaciones diplomáticas entre 2014 y 2016, fue en la apertura de internet en Cuba. Aclaro que cuando utilizo este término me refiero a que los ciudadanos pudieron acceder, por primera vez desde la comodidad de su hogar y con un móvil, a información no generada o producida por los medios bajo control del Estado, el Partido Comunista u organizaciones sociales y de masas afines. Ese detalle, aparentemente simple, cambió las reglas del juego mediático. De ahí en lo adelante lo que ha ocurrido, a partir de la confluencia de este y otros factores, es un proceso de pérdida del monopolio informativo por parte del Estado.

Dado este orden de cosas, ¿qué podría hacerse? Pues creo que lo primero es empezar por un proceso de diálogo nacional, franco, verdadero, con interlocutores dispuestos a manifestar sus opiniones con transparencia y respeto. No creo que exista la voluntad estatal de promover algo así, sobre todo porque un diálogo es debatir con quien no comparte tu postura y los acontecimientos de noviembre de 2020 a la fecha no indican nada positivo en este sentido. Pero este es mi punto de partida deseable.

Más allá de ese inicio poco probable hay varias cosas que pueden impulsarse dentro de Cuba, que podrían estimular un acercamiento con Estados Unidos y al mismo tiempo operar como parte de la democratización del país. La abolición de la pena de muerte, en consonancia con el reconocimiento de la vida como derecho constitucional, según el artículo 46 de la carta magna, sería un paso en ese sentido. A esto podría añadirse el reconocimiento legal del ecosistema de medios que existen en Internet, y cuya agenda mediática tiene que ver, en lo fundamental, con Cuba. En definitiva, la línea dura, de confrontación con estos medios, periodistas y colaboradores, no ha impedido que sus contenidos sean visualizados dentro de las fronteras nacionales.

Otro paso positivo sería ampliar el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y manifestación. Adoptar una nueva legislación sobre estas libertades fundamentales que permita a la ciudadanía articularse de diversas formas, más allá de las hoy existentes, es algo que vemos como un catalizador de la participación política de los ciudadanos. Esta nueva regulación debería viabilizar la ocurrencia de manifestaciones pacíficas sin la anuencia o apoyo del Estado, e inclusive en contra de una decisión de las autoridades a cualquier nivel. Tal cambio implicaría una redefinición de las formas en que la sociedad civil y el Estado se comunican actualmente, sería un reacomodo positivo, a mi juicio, del ágora cubana.

Esta brevísima lista de cambios, los cuales he esbozado muy someramente, no son los únicos. No tengo dudas de que hay otros que pueden y deben hacerse. Los he formulado sin la intención de ofrecer una relación cerrada, definida. He preferido hacerlo así porque, entre otros aspectos, no creo que ahora mismo se pueda decir la última palabra cuando de transformaciones en Cuba se trata.