Quizá haya consenso acerca de que la Cuba próxima sea un Estado de Derecho, con democracia, inclusión social y política, cultura y civilidad, economía y trabajo, bienestar general y atención a las personas con desventajas. Sí así fuera, entre las instituciones nuevas debería contar un cuerpo policial apropiado a tales fines, que no implique menos capacidad y autoridad, sino profesionalidad y métodos adecuados.

Esa realidad deseada requeriría de fuerzas policiales con carácter «civil». Estas son instituciones encargadas de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, no directamente vinculadas a las fuerzas armadas, sino con estructura, entrenamiento y misiones orientadas a tareas policiales en una sociedad democrática. Si bien al parecer esto ocurriría en un contexto de ampliación del delito y la criminalizad, e incluso, de desarrollo del crimen organizado con participación internacional, lo cual también suele acechar la integridad de los cuerpos policiales

En unas fuerzas policiales de tal carácter, los agentes deberán cumplir sus funciones ordinarias dentro de lo establecido legalmente, y sólo podrán ejecutar operaciones de otra índole bajo el mandato o autorización casuística de la fiscalía o los tribunales. No deberán pertenecer a agrupaciones políticas ni ser electos para cargos de autoridad mientras permanezcan en activo, aunque puedan elegir autoridades. También, cabe destacar, serán regidos por una disciplina de cuerpo, pero a la vez podrían, a título individual y en última instancia, apelar al imperio constitucional o a sus conciencias.

Dichas tareas policiales consisten en la protección de los ciudadanos, sus derechos y libertades individuales, la convivencia pacífica, un ambiente seguro para el desarrollo económico y social, la prevención del delito y la investigación de estos. Tareas que deben ocuparse del salvamento frente a incendios, inundaciones, peligros marítimos u otras catástrofes y riesgos, de la seguridad fronteriza marítima, aérea y migratoria, de la lucha contra la corrupción pública, el crimen organizado y otros delitos tipificados, del patrullaje público y la protección del tránsito, del registro de identidad, de la prevención y control del delito, del enfrentamiento a terroristas y disturbios, del peritaje y las gestiones técnicas.

La organización interna y la jerarquía de las fuerzas policiales con carácter «civil», deben asemejarse más a las de una institución civil que a las de un cuerpo militar, a través de un ministerio propio, dirigido por un estado mayor policial, bajo el mando de un ministro civil. Esto con funcionamiento ajeno a las fuerzas militares y de seguridad, si bien existan mecanismos de cooperación entre éstas para los casos necesarios, de acuerdo con leyes establecidas y procedimientos asentados.

Tales cuerpos policiales requieren de una sólida y continúa profesionalización. Ósea, criterios de selección que garanticen la idoneidad de los candidatos, evaluando no solo sus habilidades físicas, sino también su inteligencia emocional, ética y vocación de servicio. Programas de formación que combinen conocimientos teóricos, habilidades prácticas, valores éticos, Derechos Humanos y cultura democrática. Especialización en áreas como investigación criminal, ciberseguridad, inteligencia policial, etcétera, para responder a las demandas de un entorno cada vez más complejo. Herramientas tecnológicas de última generación para mejorar su eficacia y seguridad, y adecuado mantenimiento del equipamiento para garantizar su correcto funcionamiento.  

Del mismo modo, colaboración con otras instituciones policiales, judiciales y gubernamentales para mejorar la coordinación y la eficacia en la lucha contra la delincuencia. Programas de prevención del delito dirigidos a diferentes grupos poblacionales. Canales de comunicación fluidos con la ciudadanía para fomentar la confianza y la colaboración en la resolución de problemas de manera conjunta. Participación en redes internacionales de cooperación policial.

También establecer sistemas de promoción basados en el mérito y la experiencia para incentivar el desempeño y la permanencia en la institución. Conciliación de la vida laboral y familiar para mejorar la calidad de vida de los agentes. Programas de salud y bienestar para los agentes.

Asimismo, sistemas de control interno y externo para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en las actuaciones policiales. Investigación exhaustiva de todas las denuncias de abuso policial y aplicar las sanciones correspondientes.

Cabe resaltar que tamaña organización necesitaría de cuantiosos recursos, lo que sería difícil en un país sin una economía eficiente.

En tanto cuerpo policial de un Estado de Derecho -garantista-, una Ley debe establecer todo lo anterior y asegurar su cumplimiento. En ella debe quedar proscrita toda intervención e intromisión en la vida de los individuos, ante lo cual los ciudadanos podrían presentar querella por vías de jurisdicción ordinaria y bajo la supervisión judicial, nunca mediante cuerpos de investigación especiales de carácter político.

La policía en una sociedad democrática tendrá que defender los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, tendrá que cumplir irrestrictamente la ley, tendrá que emplear métodos que respeten la dignidad de quienes sean objeto del trabajo policial, y tendrá que ser implacable con el crimen.