En el momento actual de crisis que atraviesa la nación, corresponde a la sociedad civil, sus organizaciones y figuras representativas, asumir el protagonismo para hacer realidad las necesarias transformaciones.
La propuesta para refundar la República del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho «Cuba Próxima» titulada «La Cuba que queremos», en un acápite esboza la apuesta por una sociedad civil -que ya es transnacional- regida por leyes e instituciones, pero autónoma y vital, no tutelada, protagonista de un Estado de Derecho garante de la libertad, el civismo, la democracia, el bienestar y la solidaridad. Construirla demandará conocer las condicionantes históricas que ha padecido el desarrollo de nuestra sociedad civil y también la naturaleza indomable del empeño.
Uno de los procesos de larga duración en la historia de Cuba es el del contrapunteo entre la sociedad civil y la militar. Su origen se remonta a la época de Conquista/Colonización, cuando la Corona delegó esta tarea en jefes militares a los que otorgó poderes máximos en todos los asuntos. Desde entonces, a la hegemonía tradicional del despotismo militar se le ha contrapuesto una diversa y contestataria sociedad civil que ha probado su sempiterna resiliencia creando mecanismos de resistencia acordes a cada época. Durante la Colonia, el Poder de los Capitanes Generales fue refrendado con la aplicación del régimen de las Facultades Omnímodas -aplicado a territorios conquistados-. De este modo, los habitantes de Cuba quedaban exentos de los derechos civiles de que disfrutaba la población de la Península. Sin embargo, entre los escasos resquicios que dejó este modelo autoritario, civiles cubanos se las ingeniaron para expresarse libremente.
Al respecto, es interesante lo ocurrido con Juan Gualberto Gómez y las autoridades coloniales. En su artículo «Por qué somos separatistas» (La Fraternidad, septiembre 1890), declaró: «La separación se impone por la fuerza de las circunstancias [y acotó sobre la vía armada] nosotros, hoy por hoy -que del porvenir nadie responde- no estamos por ese camino». Acusado del delito de «proposición de rebelión», fue condenado a tres años de prisión. Tras apelar al Tribunal Supremo, este anuló la sentencia y ordenó liberarlo pues: «dentro del derecho constitucional puede ser perfectamente legal la defensa de las ideas separatistas».[1] Lástima que el actual Tribunal Supremo de Cuba carezca de la visión de los derechos civiles de que hacía gala el de la Metrópoli.
Durante la República (1902-1958), gracias al entorno democrático que brindaban las Constituciones de 1901 y 1940, la sociedad civil cubana se enriqueció en cantidad y calidad y prácticamente todos los actores del tejido social de la nación (sectores sociales, ideologías, gremios, razas, religiones, minorías y regiones) tuvieron sus respectivas instituciones representativas y la capacidad de crear otras nuevas. Esto no excluía el predominio del militarismo y la violencia política en diferentes momentos, pero dotaba a los individuos e instituciones de un respaldo sociocultural capaz de hacer sus existencias más libres y llevaderas.
Como tendencia general, en el caso cubano los movimientos revolucionarios y progresistas nacieron del seno de la sociedad civil, no de la militar. El carácter pretoriano que imperó en la sociedad militar durante la colonia y la república hicieron que las iniciativas acordes al progreso de la nación surgieran de la sociedad civil, excepto contadas ocasiones. Por el contrario, los militares y policías se caracterizaron por su fidelidad a los intereses oligárquicos y antinacionales y asumieron la represión interna como su principal deber.
Tras el triunfo de la revolución democrática, antibatistiana, del 1 de enero de 1959, todo empeoró para la sociedad civil. Desde ese mismo día, al constituirse el Gobierno Provisional Revolucionario en Santiago de Cuba, el presidente Manuel Urrutia tuvo que entregar a Fidel Castro, comandante en jefe del triunfante Ejército Rebelde (ER), la atribución presidencial de comandar todas las fuerzas armadas de la nación. El despotismo militar había obtenido su más grande triunfo en la historia republicana y el poder civil del Estado quedaba supeditado al militar.
En la medida en que se radicalizaba la Revolución -con el añadido del componente comunista que nunca había tenido-, la sociedad civil iría cediendo terreno. A la prohibición de los partidos políticos, siguió la de numerosas instituciones civiles catalogadas de contrarrevolucionarias. La imposición acelerada del socialismo de Estado traería consigo la reunificación de las organizaciones e instituciones que actuaban en el mismo campo social y su conversión en correas de trasmisión de la voluntad del Gobierno/Partido/Estado.
En pocos años, miles de organizaciones fueron extinguidas por medio de la violencia física y/o simbólica, o abducidas por otras de pura estirpe totalitaria. De ahí que ponga en entredicho la existencia real de una sociedad civil socialista, u oficialista. La cuestión es de naturaleza identitaria, no político-ideológica -en cualquier país, una institución de la sociedad civil puede defender posiciones coincidentes con el Estado; pero, organizaciones únicas (re)creadas por el Gobierno, organizadas territorial y verticalmente a nivel nacional -CDR, CTC, FMC, ANAP, UNEAC…-, y obligadas a acatar las decisiones del partido único y las instituciones armadas, no son propias de la sociedad civil.
Sin embargo, desde 1976, cuando surgieron el Comité Cubano Pro-Derechos Humanos, liderado por Ricardo Bofill, y el grupo encabezado por Elizardo Sánchez, se ha venido desarrollando una sociedad civil independiente (SCI), interesada en cambiar el régimen militar/totalitario renunciando a los métodos violentos y optando por los derroteros de la lucha pacífica y la desobediencia civil. Hoy, cuenta con un largo y rico historial de luchas, sacrificios e iniciativas de diálogo y consenso que constituye antecedente y fundamento del nivel de desarrollo actual.
Entre fines del 2022 y primeros meses del 2023, investigué el ecosistema de la SCI con el fin de clasificar sus organizaciones activas en el período 2017-2021. En esta taxonomía se incluyeron 32 organizaciones representativas de la SCI cubana actual (OSCI), de una población que abarcaba más de doscientas. Para su conformación se partió de los géneros más generales para una sociedad trasnacionalizada: “En la Isla” y “En la diáspora”, con sus correspondientes órdenes internas, según el tipo de organización: publicaciones; agencias y editoriales; artivismo;[2] partidos, movimientos e iniciativas; plataformas plurales; y académicos. La investigación demostró que:
– A pesar de la amplia variedad ideológica presente entre los actores de la SCI, las actitudes y reacciones de los aparatos represivos del Gobierno/Partido/Estado, no suelen distinguir mucho entre ellos. En su visión punitiva, todos significan una amenaza para el disfrute del poder omnímodo por parte del grupo de poder hegemónico militar-burocrático.
– La tendencia inicial a la creación de partidos y movimientos en la SCI es anterior al último decenio. En el quinquenio analizado, prevaleció la necesidad de crear grupos de artivismo, plataformas plurales, organizaciones académicas de análisis político, observatorios y medios de búsqueda y gestión de información.
– Hasta el 2016, la mayoría de las organizaciones académicas surgían en el exterior, pero entre 2017-2021 se crearon varias en el interior, sobre todo observatorios y de búsqueda y gestión de información. A pesar de las grandes limitaciones para su funcionamiento y desarrollo, tienen creciente papel en la presentación a la opinión pública, nacional e internacional, de información que suele ser ignorada/tergiversada por las fuentes oficiales.
– La determinación de un “Inventario de puntos de consenso entre los diferentes actores de la sociedad civil independiente” pone de manifiesto los lazos de continuidad entre la actual SCI y anteriores iniciativas de concertación, en particular la Declaración de Madrid (1990), ratificada por diferentes OSCI y -aun sin saberlo- por las manifestaciones populares antigubernamentales de los últimos años.
– Los puntos consensuales más importantes entre las OSCI incluyen: renuncia a los métodos violentos y adopción de los de lucha pacífica y desobediencia civil; necesidad de empoderar a la ciudadanía brindándole información, capacitación y equipo técnico para implementar diferentes formas de lucha pacífica; liberación de los presos políticos, como punto de partida para un diálogo nacional; reconocimiento de los DDHH en su integridad, en particular los de asociación, libertad de expresión y manifestación; fin de la represión, estigmatización y persecución a las OSCI y sus miembros; libre circulación nacional e internacional de los miembros de la SCI; reconocimiento legal de las OSCI, y de los emigrados como ciudadanos con plenos derechos; organización de un proceso de diálogo nacional entre representantes del Gobierno/Partido/Estado y las OSCI con el fin de iniciar la transición hacia un genuino Estado de Derecho, paso previo a la organización de elecciones libres, con observación internacional, para redactar una nueva Carta Magna y constituir un gobierno representativo de la diversidad política cubana.
En el momento actual de crisis que atraviesa la nación, corresponde a la sociedad civil, sus organizaciones y figuras representativas, asumir el protagonismo para hacer realidad las necesarias transformaciones. Para ello es necesario superar, no solo los efectos destructivos de la persecución y el acoso de los órganos represivos y la inercia terrible del adoctrinamiento, sino también los factores internos que perjudican a la sostenibilidad de las OSCI y sus plataformas plurales e iniciativas de diálogo y concertación: las tendencias a la sobrevaloración individual, el liderazgo y la exclusividad que muestran algunas de ellas, o varios de sus miembros; y su acompañamiento de exclusión, subvaloración y apartamiento de otros actores de la SCI por diferencias ideo-políticas, sociales o intelectuales.
La necesidad de la integración de las OSCI en un frente común es condición sine qua non para llevar al Gobierno/Partido/Estado a un diálogo nacional y ganar respeto y consideración en el plano internacional. Fuerza y determinación poseen las OSCI y el pueblo necesita que sepan canalizar sus angustias e intereses antes que continue el colapso de la nación. El momento es de unidad y creatividad para las OSCI porque, una vez más en la historia patria, la solución cubana deberá salir de la SCI.
[1] Luis Navarro García. “Juan Gualberto Gómez, propagandista legal de la revolución”. Asociación Española de Americanistas. Actas del Congreso de Huelva, 2007, pp. 119-127.
[2] Denominación extendida para referirse a organizaciones, proyectos y movimientos de artistas contestarios.
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Somos una sociedad en movimiento que ha ido creando otras realidades en las últimas tres décadas; que, dadas en ese orden, han sido una nueva sensibilidad de época (lustros de entre siglos), una economía mixta con anclaje en la comunidad (décadas de entre siglos) y un sujeto político-popular inédito en el proceso (años 2010). Estamos en medio de una situación revolucionaria en Cuba que enfrenta a esa sociedad y a un Estado burocrático policial de tipo prusiano.
Sugiero a esta hora revisitar al joven Marx, que, en su Crítica el derecho político hegeliano, dice que la sociedad política es una realidad particular de la sociedad civil, pero que a su vez es su realidad suprema.
Sucede que el poder en Cuba es la resultante de un frágil equilibrio de fuerzas que emanan de la sociedad civil cubana y que decide el estado político de la misma. Significa lo dicho que la explicación de lo que sucede en el Estado se hallará en la sociedad real existente. Entonces la idea de la existencia de una sociedad civil homogénea que se opone a un Estado político despótico es un producto de nuestra imaginación que no contribuye a dar solución a lo que sucede en Cuba en la actualidad.
Diferente es saber y asumir que se ha articulado un movimiento cívico antisistema que apuesta por el cambio, que ha facturado un consenso y que suma a mayorías en la sociedad civil cubana.
Entender lo que sucede hoy en Cuba nos obliga a renunciar a la visión estadocéntrica que afecta el análisis que hacemos de la situación de la sociedad cubana en este instante. Sabemos que es extrema la extratifivación de la riqueza y la segregación de los territorios. Luego esas realidades nos muestran una sociedad frágil e insegura, que, en su impotencia, busca una salida de emergencia que resuelva la fractura y estado de precariedad en que se encuentra.
Insistir en ver la realidad a través de un prisma que distorsiona la realidad no ayuda a hallar una solución al dilema de Cuba y los cubanos. Entonces no se trata de qué hará el Estado, sino cómo vamos a enfrentar dicha situación.
Durante los años 2000 se crea una masa de conciencia crítica que puso en cuestión el proceso iniciado en 1959, así como se reconoce y asume la pluralidad y diversidad en la sociedad. Explica eso, entre otras cosas, cómo fue posible el consenso que se logró de modo espontáneo en 2019 cuando se debatió el anteproyecto de Constitución y luego se aprobó la misma. Entonces hoy se impone una vuelta al punto de partida, para exigir la aplicación del catálogo de derechos y derogar la Enmienda Platt (art. 5, 14 y 221) que dejaron clavada en la Constitución.