En todo Estado democrático disfrutan de vitalidad las sociedades civil y política, es decir, crean bienestar y prefiguran los rumbos sociopolíticos. Por supuesto que esto ocurre producto de la libertad responsable, a través de una gestión cívica de la tensión entre intereses diferentes, lo cual es natural y provechoso.

Sin embargo, permanece una disonancia compleja, no entre la desigualdad de intereses, sino entre el peso desigual de tales intereses y capacidades; agravada porque a priori la participación en un sistema democrático debe concurrir desde la igualdad política, con instituciones diseñadas para ello. O sea, una proyección no debe tener mayor éxito que otras porque provenga de un ámbito con extraordinarias finanzas o posea la fuerza de las armas o resulte custodio de la historia moral, etcétera; el éxito debe provenir del debate y el voto. 

Esto coloca en una supuesta desventaja legal e institucional a los ámbitos sociales que poseen intereses y capacidades con un peso excesivo en relación con los intereses y capacidades de quienes debaten y votan. De esto resultan los poderes fácticos, que son aquellos que, por medio de canales informales, influyen en los poderes formales a través de estrategias que procuran determinar y orientar la conducta de los otros.

Suelen organizar estos canales informales, por ejemplo, los banqueros, los ejércitos, las patronales, los sindicatos, las iglesias, las asociaciones de profesionales y otros sujetos colectivos en algunos casos menos organizados formalmente. Tales poderes fácticos pueden integrar grupos -y por tanto intereses- locales y transnacionales a la vez. Cabe destacar que cuando un poder fáctico reúne suficiente influjo en cualquiera de estos ámbitos o en varios, puede tornarse casi impune.

Esto puede resultar una rareza, incluso peligrosa con toda seguridad, pero es legítimo. Sería antinatural que ellos no se articulen eficazmente como grupo de interés y queden sin presencia suficiente en los entramados de poderes, gobiernos e instituciones, cuando la acción de estos refiere a sus propias cuestiones. No obstante, la praxis muestra que en medida excesiva dichos poderes fácticos trascienden la influencia para tornarse en fuerzas reales que intentan controlarlo todo; esto sí es riesgoso.

En algunos casos, ante esta percepción colectiva de riesgo y rechazo, los poderes fácticos procuran formulas “delicadas” para disminuir el repudio social y evitar reacciones contrarias de los políticos. Identifican a las minorías con instinto político y las apoyan en sus carreras de políticos o colaboradores de estos, para luego también apoyarlos en el ejercicio de las responsabilidades públicas, creando así una relación que les permite servirse de ellos, inclusive reclutarlos de algún modo. De esta manera logran presencia en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, e influjo político, económico y mediático.

Los poderes fácticos pueden resultar destructivos o estabilizadores, en dependencia de la posible convergencia de sus intereses con las necesidades sociales y los consensos políticos. Si ello fuera así, todo depende además de que las divergencias -sobre todo de intereses- sean gestionadas con tensión, pero no a modo de confrontación. Lo cual depende a su vez de que los poderes formales y los poderes informales llegaran a necesitarse mutuamente para provecho mutuo. Y ello puede ser condición de estabilidad social si ambos poderes, para lograr sus provechos, llegaran a requerir de la sociedad, de sus necesidades e intereses.

Una sociedad fuerte, con poderes propios, capaz de prefigurar el servicio de políticos maduros, sería la variable aseguradora de tal estabilidad. Ello porque equipararía por encima el peso de los intereses y capacidades y, como resultado, emparejaría las condiciones reales de igualdad política entre el poder fáctico y el poder formal y entre ambos poderes y el poder soberano de la ciudadanía -que debe resultar el primer poder y el origen de los demás poderes-.