Compartimos el capítulo 10 de una serie de 10 capítulos, autoría de Roberto Veiga González, publicados en el Cuaderno No. 15 de este Centro de Estudios con título «Cuba, bordeando el precipicio».

“Confío en la subsistencia de esa estirpe de hombres de cultura, de estadistas y de políticos (cultivadores todos del afinado arte del equilibrio) convencidos de la identidad de nuestra Nación y de sus posibilidades de futuridad realista (…) Ellos, los equilibristas abiertos al aire, y solamente ellos, podrán retomar el camino.”

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes (10 de octubre de 1994).

Será difícil avanzar hacia La Cuba que queremos sin adelantar cambios sociopolíticos, con libertades y democracia, y algún espíritu de concertación.

Una Cuba que podemos sintetizar del modo siguiente:  

– La apuesta por el orgullo de ser ciudadanos apreciados del mundo, a partir de nuestra capacidad para la prosperidad y la paz, y para ser pequeños e incluso pobres, pero dignos y generosos, hasta en las peores situaciones.

– Por medio de una República sustentada en la libertad y los Derechos Humanos, el civismo político y la inclusión, el desarrollo y el bienestar, la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho.

– A partir de una ciudadanía laboriosa y democrática, sobre todo por la manera libre y respetuosa con que promueva su cosmovisión ideo política y se relacione con las otras.

Ello es necesario, inclusive para el propio Gobierno cubano. Este tuvo la oportunidad de establecer un proceso democratizador gradual, a modo de evolución del modelo ideológico establecido -quizá entre 2006 y 2019-, pero lo rechazó. Actualmente sólo podría recuperar capacidades para el bienestar y sostener el poder a la vez, por medio de una especie de concertación -ya no evolución-.

Pero, en todo caso, para avanzar o no en esto, sería indispensable una zona ciudadana dispuesta a proponérselo en un contexto sociopolítico adverso. Tal empeño demandaría además incorporar desafíos identitarios, de valores, de oportunidades y de praxis.

La Cuba que queremos debería zanjar el reto identitario, vinculado a la cultura política, de liberación e integración, que arrastra desde inicios del siglo XIX. Tendría, definitivamente -como sostiene el historiador y político Manuel Cuesta Morúa, en su ensayo Cuba: los futuros de la Isla de 2005-, que integrar los tres proyectos de nación que desde entonces discuten la hegemonía sin proponerse una integración; denominados por el autor como emancipador, económico y cívico.

Es decir, armonizar:

– El celo por consolidar la soberanía nacional en todos los ámbitos.

– La flexibilidad y el pragmatismo para potenciar la iniciativa empresarial y su integración a los mercados mundiales, con el propósito de hacer crecer la economía cubana.

– Un proyecto vigoroso de nación que aspire al bienestar general y para ello exija a la economía su compromiso social, promueva una cultura humanista, eduque a la ciudadanía y le demande su responsabilidad colectiva.   

Mas esto -sin valores que lo prefiguren- podría resultar un mero discurso, una entelequia, un oportunismo, y no una síntesis cultural donde todos los cubanos puedan identificarse y siempre emprender caminos nuevos, mejores.

Para ello, estas perspectivas exigirían la prevalencia -de algún modo compartida por la pluralidad- de estos principios:

– Independencia política (si bien resultaría fatal concebirla como aislamiento nacional, pues nadie existe sin estar junto a los otros, incluso cuando es espinoso. Recordemos que al respecto José Martí propuso: «injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas». Sin embargo, también debemos incorporar que sería incierto ese tronco si lo nacional no fuera expresión auténtica del ejercicio de todos los derechos por todos los cubanos).   

– Desarrollo humano (es decir, el esfuerzo por integrar el desarrollo económico, social y cultural, con oportunidades reales para todos).

– Integridad cultural (o sea, el desarrollo del agregado de aportes numerosos, orientados hacia la conciencia colectiva y respaldados por un estado de ánimo nacional que los promueve y reconoce, aprecia y estimula. Por medio del quehacer artístico e intelectual, y también a través de una dimensión social que, integrada a la anterior, incluya el derecho, la economía, el trabajo y la política).

Sin embargo, las aspiraciones compartidas, los valores y principios, no suelen prefigurar la historia sin oportunidades, preferiblemente garantizadas por un orden jurídico y político, o sea, un Estado democrático con imperio de la Ley. En tal sentido, acaso La Cuba que queremos jamás será de no acontecer una evolución sociopolítica que conduzca a un Estado con horizontes establecido por una Carta Magna que tenga como protagonista, verdaderamente y por vez primera, al sujeto que aparece en las primeras cinco palabras de la actual Constitución: “Nosotros, el pueblo de Cuba”.   

Esa nueva Ley de leyes deberá proponerse:

– La complementariedad de un universo más amplio de derechos sociales e individuales, y la incorporación de los más importantes derechos de tercera y cuarta generación. Además, ubicar el catálogo de derechos como imperativo para todo el funcionamiento del Estado y de la sociedad civil, de la ley y la impartición de justicia.

– La igualdad de ideas y opiniones, y de posiciones ideo políticas; instituir el pluripartidismo; y concebir el desempeño de las agrupaciones políticas como un servicio público de asociaciones privadas que, en todo momento, deben obediencia a la ley.

– El protagonismo a una sociedad civil autónoma que, incluso, pueda estar representada en instituciones de poder del Estado, y protagonizar dinámicas institucionales de negociación y coordinación, con el gobierno y otros sujetos sociales, en aras de participar en importantes decisiones y gestiones acerca de la «cosa pública».

– Una concepción múltiple y equitativa de la propiedad económica, con una dirección estatal estratégica, no de ordinaria administración, que promueva el desarrollo integral y equitativo de los ciudadanos y las localidades del país.

– El imperio de la Ley, como imperativo del catálogo de derechos para todo el funcionamiento del Estado y de la sociedad civil, y como independencia y solidez del poder judicial y del sistema de justicia.

– Un sistema democrático, caracterizado por la desconcentración y cooperación de los poderes, la descentralización y profesionalización del quehacer público, el desempeño autónomo de los gobiernos locales y la transparencia.

Luego, todo lo anterior sería escaso, o nada, sin el compromiso cotidiano de la mayoría y/o de minorías significativas capaces de convertir en acción las ideas y los valores a través de las oportunidades posibles. Ello por medio del arte, la literatura, la ciencia, el trabajo, la política -incluso, a modo de “cultivadores todos del afinado arte del equilibrio”.

Cito algunos ejemplos de esos horizontes que demandarían una praxis cotidiana para hacer posible esa Cuba que queremos:

– La libertad, los Derechos Humanos y el progreso para todos los cubanos.

– La inclusión política, social y económica; el disfrute por todos los ciudadanos de los mismos derechos y oportunidades; el empoderamiento de los grupos sociales vulnerables e históricamente marginados; y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de las personas mayores, y la lucha contra todo tipo de violencia, en particular contra la violencia de género.

– La institucionalización de una sociedad civil democrática y pluralista.

– La instauración de mecanismos para la probidad pública y la transparencia de las instituciones del Estado.

– El saneamiento de las finanzas; el desarrollo de la infraestructura; la reducción de la inflación y el aumento de la producción, los servicios, la exportación, el PIB y el ingreso per cápita; el fomento de instituciones financieras y crediticias; el desarrollo del empleo, y un sistema tributario progresivo, capaz de garantizar el mejor empleo de lo recaudado.

– El acceso universal e integral al bienestar por medio de una educación democrática con altos estándares científicos, técnicos, humanistas y éticos; la atención de salud integral, incluida la prevención; un sistema sostenible de pensiones y seguridad social; la protección a personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda; una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, orientada hacia la prevención y solución; y el desarrollo de una defensa civil que responda a catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras.

– Unos institutos militares y fuerzas policiales –con carácter «civil»- de acuerdo con el respeto de las normas constitucionales y legales; comprometidos con la soberanía nacional y ciudadana y con la responsabilidad internacional por la paz a través de los «cascos azules» de la ONU y de los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio.

– Unas relaciones internacionales asentadas en la defensa de los Derechos Humanos, la cooperación y la paz.

Mas queda por construir el instante de inflexión, capaz de tornar la hecatombe, la frustración y el peligro, en necesidad de cambio, respeto, acogida, libertad y democracia.  Vale precisar que actualmente el poder necesita los cambios, pero no los desea, y la sociedad civil necesita y desea los cambios, pero no los puede.