En un momento crucial para Cuba, marcado por una profunda crisis socioeconómica, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” presenta un documento trascendental: un conjunto de pilares para la institucionalización empresarial y comercial con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. Esta propuesta, lejos de ser una mera enumeración de principios, constituye un andamiaje robusto para transformar el panorama económico cubano, ofreciendo una hoja de ruta para la creación de un entorno favorable a la inversión, la productividad y la prosperidad compartida.

El documento de “Cuba Próxima” parte de una premisa fundamental: reconocer a las empresas como el núcleo primario del orden económico, el espacio donde los ciudadanos se insertan directamente en la actividad productiva, contribuyendo al desarrollo general y asegurando su sustento y futuro familiar (Pilar 1). Esta visión sitúa a la empresa en el centro de la dinámica económica y social, otorgándole un papel protagónico en la construcción de una Cuba más próspera.

A partir de esta base, la propuesta despliega una serie de principios rectores que buscan equilibrar la libertad económica con la responsabilidad social y la supervisión estatal necesaria. Un aspecto destacable es la vinculación de la explotación de los recursos naturales a la aprobación parlamentaria (Pilar 2), lo que introduce un mecanismo de control democrático sobre un patrimonio fundamental de la nación.

La propuesta enfatiza la responsabilidad intrínseca de las empresas, instándolas a ofrecer retribuciones dignas, reinvertir ganancias y contribuir al bienestar general a través de tributos (Pilar 3). Este enfoque promueve una visión de la empresa no solo como generadora de beneficios privados, sino también como agente de desarrollo social.

En el marco de una economía plural que reconoce y articula coherentemente todas las formas de propiedad (Pilar 4), se aboga por la autonomía empresarial en la elección de su estructura organizacional y de dirección (Pilar 5). Esta flexibilidad es crucial para adaptar las empresas a sus particularidades y potenciar su eficiencia.

Un punto innovador y de gran relevancia se refiere a las empresas públicas. La propuesta de “Cuba Próxima” plantea que, si bien deben estar regidas por el Estado, no deben ser propiedad ni administradas directamente por este. En su lugar, propone una gestión a través de juntas de directores o fideicomisos independientes de la política, que guíen y compensen a la gerencia basándose en criterios puramente económicos como la rentabilidad, el crecimiento y la eficiencia (Pilar 6). Esta medida busca profesionalizar la gestión de las empresas estatales y blindarlas contra injerencias políticas que puedan comprometer su desempeño.

El documento reconoce el papel del Estado y la sociedad en la designación como “públicas” de aquellas entidades que aseguran actividades supraeconómicas o de interés estratégico (Pilar 7), al tiempo que permite la participación de diversas formas de propiedad, incluyendo la inversión nacional y extranjera, en su desarrollo. Se subraya, además, la obligación estatal de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de estas empresas públicas (Pilar 8).

En cuanto a la expropiación, se establece que solo procederá por colisión entre el interés público o social y el privado, con la debida indemnización y a través de un procedimiento judicial (Pilar 9). Asimismo, se contempla la figura del consorcio o arrendamiento forzoso como alternativas a la expropiación cuando la colisión de intereses no demande la transferencia de la propiedad, asegurando una compensación justa (Pilar 10).

Para liberar el potencial de todas las empresas, la propuesta aboga por garantizar cuánto mercado y libre contratación económica sean posibles, equilibrándolo con el control necesario de la sociedad, el Estado y el gobierno (Pilar 11). Se insta al Estado y al gobierno a fomentar un entorno empresarial favorable a nivel nacional y a promover la cooperación transfronteriza, aprovechando las oportunidades de la libre circulación de personas, servicios y capitales (Pilar 12).

La equiparación de derechos es otro pilar fundamental, al conceder a todo tipo de empresa los derechos de importación y exportación (Pilar 13). De igual forma, se aboga por asegurar el desarrollo, regulación y supervisión de una actividad bancaria debida, permitiendo la banca privada (Pilar 14), y por reconocer la licitud de todas las fuentes de financiación empresarial que no contravengan la constitución y las leyes (Pilar 15). Se insta al Estado y al gobierno a facilitar el acceso de las empresas a créditos nacionales y extranjeros (Pilar 16).

La propuesta no ignora la necesidad de apoyos temporales a empresas por razones de interés general, pero subraya la importancia de que estos se realicen con fondos públicos, marcos regulatorios y aranceles y subsidios transparentes, evitando distorsiones en la competencia (Pilar 17 y 18).

En el ámbito legal e institucional, se aboga por garantizar el derecho de compraventas, traspasos, herencias y quiebras de empresas (Pilar 19), así como por evitar y regular los monopolios económicos, comerciales y financieros, tanto estatales como privados, penalizando las prácticas que dañen a los consumidores y supriman la competencia (Pilar 20).

El documento dedica especial atención al comercio, proponiendo que se sustente en principios de libertad comercial, licitud, transparencia, responsabilidad social y ambiental, comercio legítimo y respeto a los derechos del consumidor (Pilar 21). En este sentido, se plantea la reconceptualización y reinstitucionalización de la Cámara de Comercio de Cuba (Pilar 22).

La responsabilidad laboral de las empresas es otro aspecto crucial, instándolas a cumplir todas las exigencias legales y los requerimientos de la legislación laboral (Pilar 23). Se aboga por la contratación y cancelación laboral libre y directa, siempre ateniéndose a las leyes y los contratos colectivos (Pilar 24), y se prohíbe cualquier obstrucción a la sindicalización de los trabajadores (Pilar 25).

En materia fiscal, se propone un sistema tributario proporcional y progresivo sobre las ganancias de todas las personas jurídicas y naturales, con reglas claras y eficaces, transparencia, ausencia de mercados ilegales y arbitrariedades, y acceso a tribunales tributarios (Pilar 26). Se establece la necesidad de un procedimiento para cumplimentar el presupuesto estatal y redistribuir la riqueza (Pilar 27).

Finalmente, la propuesta define el deber y el derecho del Estado a intervenir en la vida económica en virtud del bienestar general, a través de la planificación estratégica, la solidez financiera, la ayuda a empresas justificada, la regulación y supervisión, y la toma a su cargo de empresas indispensables solo en casos de emergencia (Pilar 28). Se concluye con la necesidad de establecer un corpus de infracciones, contravenciones y delitos en estos ámbitos, con sus sanciones y procedimientos correspondientes (Pilar 29).

En definitiva, el documento de “Cuba Próxima” representa una propuesta integral y ambiciosa para la transformación del modelo económico cubano. Sus pilares buscan sentar las bases de un sistema empresarial y comercial dinámico, transparente, responsable y orientado al desarrollo y al bienestar de todos los ciudadanos. La implementación de estos principios podría marcar un punto de inflexión en la historia económica de Cuba, abriendo un nuevo horizonte de oportunidades y prosperidad.