El Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” ha elaborado un documento exhaustivo que propone la creación de una Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica como un pilar fundamental para la transición democrática en Cuba. Esta iniciativa reconoce la profunda necesidad de paz, justicia y transparencia para sanar las heridas del pasado y construir un futuro inclusivo para todos los cubanos.

La propuesta de “Cuba Próxima” se fundamenta en la convicción de que una reconciliación nacional genuina debe abordar de manera integral las múltiples dimensiones del daño causado, abarcando la reparación económica, política, judicial, psicológica, social y moral. Subraya la importancia de que este proceso beneficie a toda la nación, sin exclusiones de ningún tipo.

Para llevar a cabo esta tarea trascendental, el documento detalla la necesidad de establecer una comisión ad hoc, imparcial e independiente, bajo una serie de premisas esenciales:

Respaldo Legal y Seguridad: El trabajo de la Comisión debe contar con un sólido refrendo legal por parte del Estado, que a su vez deberá garantizar la seguridad de los comisionados, participantes y testigos, además de proporcionar los recursos necesarios para su funcionamiento.

Aprobación Parlamentaria: Las conclusiones emanadas del trabajo de la Comisión deberían someterse a la aprobación del futuro parlamento plural.

La propuesta establece una serie de objetivos claros y ambiciosos para guiar la labor de la Comisión:

1- Esclarecimiento Histórico: Investigar y ofrecer una explicación exhaustiva y plural sobre los eventos del período en disputa, promoviendo un entendimiento compartido de su complejidad y sus efectos en la sociedad cubana.

2- Gestión de la Justicia y la Paz: Facilitar la inclusión de las personas afectadas por el Estado, buscando acuerdos sobre sus derechos a reclamar, la magnitud de los daños sufridos y las vías para su reparación.

3- Audiencia de Verdad y Justicia: Promover y validar la creación de una Audiencia de Verdad y Justicia, dotada de reglas procedimentales y profesionales rigurosas en derecho e investigación.

4- Asesoría y Defensa Autónoma: Impulsar un sistema independiente de asesoría y defensa legal, incluyendo asistencia gratuita para quienes carezcan de recursos, integrado por abogados cualificados.

5- Restauración Integral de las Víctimas: Fomentar la recuperación material, social y psicológica de las personas directamente afectadas a través de programas que fortalezcan su dignidad y empoderamiento, basados en la solidaridad y el respeto a la diversidad.

6- Memoria Histórica Plural: Promover una memoria histórica diversa y enriquecedora a través de investigaciones y exposiciones civiles y académicas totalmente libres. Esto incluye la revisión crítica de las etapas históricas de la república, incorporando análisis historiográficos, trabajos de prensa censurados, producciones audiovisuales olvidadas, testimonios de individuos y colectivos, archivos independientes, información clasificada sobre violaciones de derechos humanos, procesos de exclusión política, procesos penales relevantes, relatos sobre los éxodos masivos y archivos fotográficos inéditos. Esta memoria plural se reflejaría en libros de texto, museos y monumentos.

En cuanto a la integración de la Comisión, la propuesta establece los siguientes criterios:

1- Composición Plural: La Comisión estará integrada por un número impar de miembros, seleccionados bajo criterios de equidad política, social, territorial, de sexo y raza, garantizando legitimidad, imparcialidad e independencia.

2- Candidatura Abierta: Cualquier ciudadano cubano podrá presentar su candidatura para formar parte de la Comisión.

3- Requisitos de los Comisionados: Los candidatos deberán demostrar civismo probado, conocimiento de los conflictos y las materias relevantes, y un compromiso reconocido con Cuba.

4- Selección Parlamentaria: Un comité de selección designado por el primer parlamento plural evaluará las candidaturas y presentará nominaciones a los diputados, quienes elegirán a los miembros de la Comisión mediante voto libre, directo y secreto.

5- Presidencia Legítima: El presidente de la Comisión será propuesto por un acuerdo entre el gobierno en funciones y representantes legítimos de la ciudadanía, debiendo ser una personalidad con legitimidad nacional e internacional y ser aprobado por una mayoría cualificada del parlamento.

La propuesta también detalla aspectos cruciales del funcionamiento de la Comisión, incluyendo la elaboración y publicación de su programa, reglamento y metodología de trabajo, la garantía de objetividad e imparcialidad en sus actividades mediante la verificación rigurosa de la información, y la posibilidad de solicitar información a entidades judiciales respetando las garantías legales. Un punto fundamental es que la información recabada por la Comisión no tendrá valor probatorio en procesos judiciales, aunque sí podrá certificar casos que deban ser tratados por el sistema de justicia en reconocimiento de verdad y responsabilidad. Los miembros de la Comisión gozarán de inmunidad por las opiniones y conclusiones derivadas de su trabajo.

Los resultados esperados de la labor de la Comisión incluyen:

1- Un informe final exhaustivo dirigido a la sociedad civil y al Estado, que recoja diversas perspectivas, investigaciones, conclusiones y recomendaciones.

2- Orientación clara a las víctimas sobre el restablecimiento de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

3- La creación y preservación de un archivo con toda la información recolectada.

Para asegurar la continuidad y el impacto de su trabajo, la Comisión deberá crear un Comité de seguimiento y monitoreo integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, con garantías gubernamentales para la implementación de sus recomendaciones. Finalmente, la propuesta aboga por el establecimiento de una Ley de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica, aprobada por una mayoría cualificada del parlamento.

El documento de Cuba Próxima identifica una amplia gama de situaciones y hechos que demandan verdad y justicia, incluyendo la represión contra disidentes, la discriminación racial y contra la comunidad LGTBIQ+, los presos políticos, las conductas criminales durante la guerra civil, las víctimas de actos terroristas y de salidas ilegales del país, el exilio y la emigración, los actos de repudio, las penas de muerte ejecutadas, la participación de Cuba en conflictos internacionales, el proceso de nacionalizaciones y expropiaciones, las purgas de intelectuales y artistas, el adoctrinamiento escolar, la eliminación de espacios independientes en la sociedad civil, las limitaciones ilegales de la libertad personal, la categoría de peligrosidad predelictiva, los asesinatos de reputación en los medios estatales, los casos de la UMAP, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la masacre del río Canimar, el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate, la colectivización forzosa, la represión del 11J (incluyendo casos de niños presos), la muerte de líderes opositores, las muertes por huelgas de hambre, las víctimas de expatriación forzosa y cualquier involucramiento en crímenes políticos organizados.

En cuanto a las demandas judiciales, la propuesta establece que las querellas por violaciones de derechos durante el período del conflicto se presentarán ante los tribunales ordinarios una vez garantizada su independencia. Los tribunales resolverán disputas relacionadas con el reconocimiento de verdad y responsabilidad, pudiendo considerar estos reconocimientos como atenuantes extraordinarias si han sido debidamente certificados por la Audiencia de Verdad y Justicia. Se aboga por una justicia prospectiva que respete los valores del presente sin perpetuar conflictos, con sanciones que satisfagan los derechos de las víctimas y consoliden el Estado de Derecho. La documentación de estos procesos será accesible a la Comisión y a organismos internacionales de derechos humanos.

El documento también aborda la crucial relación entre Cuba y Estados Unidos, señalando que cualquier proceso de cambio sociopolítico y reconciliación en Cuba requiere relaciones positivas basadas en el respeto mutuo de la soberanía. Se propone un diálogo bilateral que involucre a la sociedad civil y a la oposición democrática, con el objetivo de resolver cuestiones pendientes como el fin del embargo/bloqueo y la negociación sobre la base naval de Guantánamo. Se sugiere la creación de una comisión conjunta para facilitar este proceso.

Finalmente, la propuesta enfatiza que un proceso de reconciliación exitoso demanda la creación de condiciones que aseguren la no repetición de los conflictos, lo que en Cuba exige el establecimiento de libertad, igualdad, derechos humanos, participación política, transparencia pública, un sistema de gobierno democrático y un modelo electoral libre, fundados en la justicia y el Estado de Derecho. Se subraya la necesidad de responsabilidad, equidad, respeto a los derechos del acusado y de las víctimas, y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La propuesta de Cuba Próxima reconoce la necesidad de verificación internacional para el proceso, sugiriendo el apoyo de organizaciones como la ONU, la Unión Europea, la CELAC, el CARICOM y la OEA, así como de países como Canadá, Chile, México, Noruega, España y Alemania. Este apoyo debería basarse en la normativa internacional de derechos humanos y establecer un mecanismo de verificación con exámenes e informes periódicos.

En conclusión, el documento del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima” presenta una hoja de ruta detallada y ambiciosa para abordar el complejo legado del pasado en Cuba y construir un futuro de reconciliación nacional basado en la verdad, la justicia y la memoria histórica. Su propuesta de una Comisión independiente y plural, con objetivos claros y un marco de funcionamiento bien definido, representa un paso fundamental hacia la sanación de las heridas y la consolidación de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos en Cuba.