Respuestas de Julio Antonio Fernández al dossier de Cuba Próxima titulado “Necesitamos pasar al campo de la política para encontrar una solución democrática, pacífica y respetuosa de los Derechos Humanos”, en el que además participan Michel Fernández, Teresa Díaz Canals, Lennier López, Ernesto Gutiérrez, David Corcho, Mario Valdés Navia, Miguel Alejandro Hayes, Enrique Guzmán, Alexei Padilla, Elena Larrinaga y Manuel Cuesta Morúa. 

I

El politólogo noruego Vegard Bye, en su texto “¿Hay soluciones pacíficas a la crisis cubana?”, publicado en Azulypunto, presenta desafíos inmediatos para nuestra sociedad, capaces de desencadenar una dinámica constructiva.

Se refiere a establecer un corredor humanitario de envergadura, no como responsabilidad exclusiva del Gobierno cubano, sino gestionado por los actuales corredores autónomos de España-Cuba y Miami-Cuba, de conjunto con redes de familiares de presos y emigrantes. Paralelamente, negociar la liberación de los presos políticos, comenzando por aquellos que no hayan estado involucrados en actos de violencia, e ir ampliando la ayuda humanitaria en la medida que se logra la liberación de estos. Ayuda técnica a productores no estatales, desde mecanismos establecidos por la sociedad civil cubana autónoma y transnacional, y la apertura interna para comercializar alimentos a través de redes no estatales. Legitimación de una ciudadanía -política- como actora de negociación con el gobierno cubano, una vez liberados los presos políticos, que incluya el desarrollo de un sindicalismo capaz de representar a los trabajadores.

1- ¿Tendrá el Gobierno cubano “necesidad” de asumir una senda de este tipo? ¿Cuál sería el costo para Cuba, incluso para el Gobierno, si ello no ocurriera?

Parecería que el Gobierno cubano tiene muchas necesidades ahora. Que en los primeros días del 2023 estamos en una situación desesperada para la población de Cuba, sobre todo la más pobre y menos privilegiada o beneficiada por las últimas reformas económicas y que la desesperación toca al Gobierno, que se siente incapaz de resolver problemas tan diversos y agudos.

Pero tal vez todo esto no sea más que nuestro deseo de que el Gobierno cubano necesite algo y se sienta compelido a negociar, discutir, dialogar, hacer concesiones y no ser tan tozudo. El Gobierno cubano ha demostrado que tiene unas posibilidades de resistencia más grandes de lo común, y una de las razones de esta capacidad es que su legitimidad y legalidad no están en entredicho por la opinión pública, porque las críticas directas al gobierno pueden llegar a ser delitos o en el mejor de los casos, contravenciones. De la misma manera el Gobierno cubano no se siente evaluado por una prensa punzante y agresiva porque la que juega este papel está criminalizada como mercenaria y financiada por el gobierno de los Estados Unidos.  

Tampoco es un gobierno que esté en ascuas por temas de transparencia, control popular, administrativo o político, de sus gastos, ni por veedores internacionales en procesos electorales, o en ámbitos de posibles violaciones de derechos humanos, como puede ser el sistema penitenciario.

Por lo tanto, creo que las posibilidades de maniobra del Gobierno cubano están dadas por su derivación de un estado totalitario y un sistema político monopartidista, donde la política y las relaciones internacionales, así como los valores de la democracia y los derechos humanos, tienen un significado propio, distinto al que el mundo occidental maneja comúnmente.

Aun así, creo que el Gobierno cubano ha dado señales, no desesperadas, pero señales al fin, de conciencia de la necesidad de aceptación de algunos canales de diálogo, eso sí, hasta ahora son canales de diálogo controlados con bastante éxito por el oficialismo.

El Gobierno cubano tiene más “oxígeno” de reserva que el pueblo cubano, puede resistir más, porque no vive las mismas penurias que el pueblo llano, el que vive con 2000 o 3000 pesos cubanos al mes bajo una economía donde la carne de cerdo cuesta 300 pesos la libra y una col cuesta 150 pesos.

El pueblo cubano, en cambio, sí está desesperado. Su único incentivo es la emigración o poner una MYPIME, pero el ritmo de un cuarto de millón de emigrantes al año o más, es insostenible, sobre todo para un país con una población donde el único grupo social, demográficamente hablando, que crece, es el de las personas con más de sesenta años.

En este sentido, parecería que el costo del inmovilismo del Gobierno cubano, ahora, sería alto, pero habría que ver cuáles son los objetivos reales de los grupos de poder que mueven los hilos de la política y la economía cubanas. En dependencia de esos objetivos, se podrá medir el real estado de necesidad del Gobierno cubano.

2- Para emprender algo de tal índole la nación necesita de actores con capacidad política. ¿Tiene actualmente el Gobierno cubano estos actores?  ¿Los tiene la actual sociedad civil autónoma y transnacional?

El Gobierno cubano es un actor por sí mismo si quisiera actuar. Es dueño del teatro, decide quién es actor dramático o comediante. Decide qué obra se va a representar en cada momento o mejor, está seguro que hará lo que el Partido le indique, y así todo el mundo quedará cubierto.

En Cuba, el Partido entrega el libreto de la obra y decide que partes de la adaptación se censurarán y cuales no. Si hay actores que no le dan seguridad lo único que tiene que hacer es sembrar la duda en el Gobierno, y este, por precaución, tomará medidas profilácticas.

Y todavía, si la situación empeorara, la Seguridad del Estado les puede decir a ambos, Partido y Gobierno, que, por seguridad nacional, es hora de cambiar de métodos, y todos trabajarán unidos.

Creo que el Gobierno cubano sí tiene actores con capacidad política para hacer cualquier cosa, lo que no sé es si quieren actuar como nosotros esperamos. ¿Por qué cambiar el libreto, y el método de actuación, si hasta ahora les ha traído buenos dividendos? No hay desarrollo económico, ni bienestar ciudadano, pero la oposición al gobierno ha sido dispersada, desterrada y encerrada y las personas no están en otra huelga que la de la emigración, el exilio como forma de poder negativo del pueblo, la verdadera bomba de tiempo que podría hacer estallar la gobernabilidad en Cuba, porque no hay estado sin pueblo, ni totalitarismo sin, al menos, consenso pasivo.

En la sociedad civil cubana también hay actores, dentro y fuera de Cuba. No tienen las espuelas afiladas que el gobierno luce con orgullo, porque no han tenido más experiencia que la de luchar contra un dragón de muchas cabezas por muchos años.

Pero creo que, tanto en la sociedad civil aceptada por el Gobierno cubano, como en la no reconocida por este, existen organizaciones, activistas, líderes de opinión, con la capacidad para discutir en escenarios de diálogo y reconciliación nacional.

3- ¿Cómo podría contribuir D FRENTE a todo lo anterior?

Creo que D Frente es un ensayo en pequeña escala de las posibilidades de la conciliación y el respeto entre personas y organizaciones diversas.

Cuba necesita, o al menos algunos necesitamos, que exista una agenda común de cambios, de pasos, de aspiraciones, para sentirnos acompañados en el intento, y para poder aspirar a tener una posición más legítima y sólida en una posible mesa de negociación o al menos en un escenario de escucha mutua.

D Frente es un esfuerzo de buena voluntad, de respeto por la paz, por la justicia, por el estado de derecho y por la realización de los derechos humanos. No queremos ningún escenario dominado por el odio, en Cuba. No queremos tampoco, ningún escenario de pérdida de soberanía, por el pueblo cubano, que es el único que puede ser soberano, en una república democrática.

D Frente es una muestra de que se pueden reunir personas y grupos de diferente origen y diferente ideología, por un interés común y superior, que sería trascender el estado totalitario y la situación de crisis sostenida de la sociedad, la economía y la política en Cuba.

                                                                        II

Muchos se interrogan sobre la capacidad del actual equipo de gobierno para emprender cambios que inicien una solución nacional. A la vez algunos consideran que el poder real podría utilizar las “elecciones” de abril de 2023 para efectuar un relevo por actores capaces y dispuestos. Mas sabemos que eso a lo cual llaman elecciones en Cuba, sólo resulta un instrumento del poder para asegurar la designación de personas incondicionales en todos los cargos de autoridad del Estado. No obstante, como aseveran algunos, tales designados pudieran ser actores con talante para abrir las puertas a un proceso de salvación nacional.   

En 1994, el profesor Jorge Ignacio Domínguez presentó en La Habana una breve ponencia sobre la democracia en Cuba, en un taller auspiciado por el Centro de Estudios sobre América, en plena crisis económica, titulada “La democracia en Cuba: ¿Cuál es el modelo deseable?”. La primera mitad de su texto identifica cambios políticos que el Gobierno podría realizar dentro del marco de la Constitución, entonces recién modificada en 1992. La segunda parte aboga por cambios más fundamentales. En aquel momento, la primera parte fue bien recibida por un alto funcionario; la segunda parte, no.

4- Veintinueve años después, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado, inclusive dentro de lo más fácilmente posible? Su propuesta de modificación de la ley electoral para permitir la libre postulación de múltiples candidatos a Diputado, ¿sería un paso útil y posible o un desvío tonto? 

Ha cambiado poco del escenario que el profesor Domínguez describió y analizó en 1994. En todo caso el autoritarismo se ha hecho más evidente y se ha manifestado con más obstinación, más allá del liderazgo de Fidel Castro y Raúl Castro.

La Constitución de 2019 es un marco legal más cercano a lo aceptable internacionalmente, pero es un texto que rectificó en su propio cuerpo cualquier exceso de libertad política o individual que alguien pudiera haber vislumbrado en él. Así, esta Constitución incorpora un catálogo de derechos humanos más parecido al que se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, pero limita claramente los relacionados con participación política, libertad de palabra, prensa, asociación, reunión y manifestación.

En esta nueva Carta Magna se esboza un procedimiento de Amparo judicial a los derechos humanos, pero la ley de desarrollo de este enunciado constitucional no permite discutir mediante este Amparo sentencias judiciales violatorias de derechos humanos, ni permite que se puedan defender en juicio derechos sino cuando todas las instancias administrativas y de otro tipo se hayan agotado antes.

La Constitución de 2019 no incluye la no discriminación por tener distinta ideología política como una razón de igualdad y reitera el carácter único del Partido Comunista de Cuba, ahora además declarado como democrático y fidelista.

La nueva Ley de Leyes cubana declara que el estado es socialista de derecho, pero esta declaración no tiene consecuencias legales en normas complementarias y no hay ninguna nueva institución política en el sistema político que haga pensar que estamos ante un nuevo escenario menos autoritario o más democrático.

La Constitución de 2019 menciona a la transparencia y hasta incluye una especie de institución jurídica de habeas data, pero todavía no hay ley de desarrollo de este derecho.

Recibimos con mucho optimismo la inclusión del habeas corpus dentro de las normas del debido proceso en la Constitución, pero la actuación de los Tribunales Populares, sobre todo al juzgar a los acusados por las manifestaciones de los días 11 y 12 de julio de 2021, en diferentes ciudades y poblados de Cuba, ha demostrado que el debido proceso era parte de una apariencia de democratización y de respeto a los derechos humanos, que se quería poner en escena en 2019.

La Constitución de 2019 tampoco mejoró el sistema electoral, una ley electoral anterior a la a aprobación de la Carta Magna demostraba que no había nada que esperar de nuevo en este nuevo período constitucional en la isla. Así se mantienen las Comisiones de Candidatura, y no hay elecciones competitivas para constituir a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De la misma forma no son elegibles por votación popular, ni el Presidente de la República, ni el Primer Ministro, ni los Gobernadores de provincias ni los Intendentes municipales.

El Presidente de la República fue electo en el mismo año 2019, mediante una candidatura en la que él fue el único propuesto, y esto se hizo delante del mundo entero, y delante del pueblo cubano, como demostración de autoritarismo sin mucha vergüenza ni mucho remordimiento.

La Constitución, sin embargo, en su afán de parecer moderna, ha incluido entre sus nuevas instituciones políticas, un Consejo Electoral Nacional, que debe organizar y dirigir los procesos electorales en Cuba. Este Consejo debe, según la nueva Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, emitir una certificación de electores, requisito individual que la ley establece para ejercer los derechos políticos de iniciativa legislativa popular y de iniciativa constituyente. Dentro de pocos meses la Constitución tendrá cuatro años de vigencia y todavía nadie ha logrado que el Consejo Electoral le entregue una certificación de elector.

A estas alturas del debate político en Cuba, el Presidente de la República ha dejado claro que no permitirán que ningún candidato independiente u opositor pase los filtros políticos del Partido, ni a nivel de elecciones municipales, lo que significa que no está en planes cambiar el sistema electoral para permitir elecciones competitivas para constituir la Asamblea Nacional.

La Constitución de 2019 y las leyes de desarrollo que han sido aprobadas después, no hacen otra cosa que asegurar la perdurabilidad del régimen político actual y no dan ningún paso hacia la democratización política y menos hacia la participación de minorías opositoras o con propuestas políticas diferentes a la oficial.

5- ¿Cuál sería el perfil del presidente de la República que debe encabezar la legislatura 2023-2028, si el poder fuera a comenzar un proceso de salvación nacional?

No me gusta hablar de un Presidente de la República separado de los intereses del pueblo cubano. Pienso que debemos avanzar a fundar un sistema político donde ninguna fuerza política sea dominante de antemano, sino que en cualquier caso todas las organizaciones políticas tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones para crear un estado mejor.

Me gustaría que tuviéramos una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, una ley de funcionamiento de esta y un mandato político de aprobar una Constitución democrática y que asegure la perdurabilidad de la nación cubana con soberanía popular y una república con estado de derecho y garantías para la justicia social, la igualdad y la equidad.

Después, según la Constitución, será el proceso electoral que tengamos y será la participación que tengamos como pueblo en la elección de los cargos públicos, incluido el de Presidente o Presidenta de la República.

Si de lo que se trata es de analizar el tipo de persona que debiera ahora asumir ese cargo en una hipotética transición, creo que debería ser una persona que tuviera una indubitable hoja de servicios a favor de los intereses del pueblo de Cuba, altruista, honesto, conocedor de los problemas del país, con capacidad de trabajo individual y colectivo, con la suficiente humildad para saber que se trata de un período doloroso de transformación y de recibir en él o en ella una carga añeja de frustraciones del pueblo y de problemas de la nación.

Si se trata de un cuadro del propio estado actual, o proveniente del PCC, creo que debería ser alguien no involucrado en ningún proceso de represión o censura política, que esté dispuesto a trabajar por el cambio, con respeto de las diferencias, que asuma su responsabilidad sabiendo que no es representante del autoritarismo sino de la reforma política.

                                                                           III

Llegado hasta aquí convidamos a revisitar el editorial del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho y Políticas Pública Cuba Próxima, del 4 de julio de 2022, titulado “En Cuba urge una solución”.

También advertir que, según muchos cubanos, no ocurrirá nada de lo enunciado en este dossier porque requeriría, en paralelo, una evolución de los derechos ciudadanos y esto enfrentaría al Gobierno con una de sus fobias: la libertad.

6- ¿Qué opina usted?

Yo también creo que en Cuba urge una solución. Que esta sea democrática, pacífica, humana, solidaria, respetuosa de los derechos humanos de todos los grupos y personas, depende de nosotros y del gobierno cubano. Creo que el Gobierno de la República de Cuba tiene una responsabilidad mayor porque está empoderado, porque conserva un poder indiscutido desde hace décadas, y durante todos estos años no ha tenido que competir por él en elecciones periódicas ni ha tenido que ponerse a disposición de la fiscalización popular ni de la inspección de instituciones neutrales, o al menos lo ha tenido que hacer muy poco.

El Gobierno cubano ha administrado la pobreza de nuestro pueblo, los derechos políticos selectivos de algunos, y el acceso a derechos sociales que una vez fueron un alivio a la falta de libertad política y que hace años son parte del panorama de depauperación de la vida cotidiana de los cubanos y cubanas.

Todo gobierno es responsable de su tiempo de gobierno. La continuidad de la línea política de gobierno dirigida por el Partido, desde 1965 en adelante, lo hace responsable de dar los pasos más audaces hacia la reconciliación nacional y la salvación de la nación y de la nacionalidad cubanas, que, por obra y gracia de la política de los extremos, está en un momento de peligro, amenazada por la pérdida de soberanía del pueblo cubano, a favor de una soberanía de una burocracia sin amor a Cuba ni a los cubanos y amenazada por el poder de los nuevos dueños, que desde diferentes lugares del mundo pueden llegar a aprovecharse de los despojos de Cuba.

Nunca ha sido más real el peligro de que Cuba no pertenezca a los cubanos, porque los cubanos la están abandonando para poder sobrevivir. Todos los poderes que han alimentado el odio, la pobreza, la falta de libertad y la desesperación del pueblo cubano son responsables de este escenario, lo mismo si se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca; en el Comité Central del PCC o en las oficinas del Consejo de Ministros.

Cuba necesita una solución cubana, pero acompañada por países, personas y organizaciones, que de buena voluntad, quieran aportar a la transición de nuestro país a una institucionalidad democrática, a una república de igualdad y equidad, a una sociedad asegurada por la legalidad y el estado de derecho, a una gobernabilidad basada en el respeto de los límites del estado, el respeto de los derechos humanos de todas las personas y el bienestar individual y colectivo de las mayorías y las minorías.