La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí

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Los desafíos de la educación superior en una Cuba democrática.

07 Mar 2023
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Imagen © ACN

La formación universitaria constituye uno de los asuntos álgidos en la reforma y adecuación del estado cubano de cara a un cambio democrático. En días recientes, observamos dos sucesos que evidenciaron el deterioro del sistema educativo cubano, en particular la formación de postgrado. El primero fue el discurso del presidente cubano Miguel Díaz Canel en San Vicente y las Granadinas, suceso que generó una ola de memes en las redes sociales. Pero más allá de la sátira política la alocución del funcionario demostró el poco dominio de la lengua que se examina en los mínimos doctorales, uno de los pasos fundamentales dentro del programa doctoral del Ministerio de Educación Superior.

Un segundo suceso lo conocimos por la cuenta de Twitter de Díaz Canel. Mediante un breve texto se dio a conocer que su cónyuge la Sra. Liz Cuesta Pereza, había realizado el ejercicio de defensa de su tesis doctoral. El desarrollo de estos dos doctorados ha generado cuestionamientos y polémicas sobre el sistema posgradual cubano, que facilita los títulos doctorales a funcionarios en ejercicio de las altas responsabilidades del estado, mientras expulsa a estudiantes que no comulgan con el régimen político totalitario insular.

En este artículo nos centraremos en proponer un grupo de iniciativas que se consideran fundamentales en la reforma de la educación superior en una Cuba democrática. Para lograr esta actualización global de la enseñanza universitaria proponemos realizar un grupo de acciones divididas en cuatro bloques: cooperación y formación internacional, reforma docente-económica, autonomía universitaria y la responsabilidad social-empresarial sobre los formandos.

Cuba ha vivido en las últimas décadas un proceso de autarquía en cuanto a la formación internacional del estudiantado, otorgándole este derecho convertido en privilegio a los estudiantes fieles al régimen político, denominados “confiables”. En primer lugar, urge insertar a Cuba en los mecanismos internacionales de cooperación académica, facilitando la oferta de becas y la presencia en las redes de colaboración formativas, que permitan realizar los estudios de maestría y doctorados en universidades extranjeras a profesores e investigadores. Así se logrará favorecer la circulación del conocimiento y la actualización de los resultados de investigación.

Además, urge insertar el sistema de titulaciones cubanas en la Apostilla de la Haya, favoreciendo la disminución de los aranceles burocráticos por concepto de legalizaciones en el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las altas tasas por concepto de legalizaciones constituyen uno de los principales obstáculos para la formación continua de los jóvenes profesionales fuera del país, endeudando a los becarios y su entorno familiar.

En el plano de la reforma curricular y económica, se necesitan impulsar un grupo de acciones que robustezcan las universidades públicas, renovando sus planes de estudios y limitando la injerencia estatal en la proyección del gasto formativo. En cuanto a la actualización de los programas curriculares se necesita sustituir asignaturas de corte estalinistas y anacrónicas (los casos más tristemente célebres son Seguridad y Defensa Nacional) dedicando este espacio a materias propias de las especialidades y que en varios casos han sido suprimidas o movidas a asignaturas electivas u optativas.

Otro aspecto lo constituye la actualización bibliográfica en bibliotecas y plataformas digitales, así como la renovación de la bibliografías básicas y complementarias que en reiteradas ocasiones no han sido objeto de revisión quinquenal. A su vez urge elaborar un macroproyecto nacional destinado a renovar, actualizar y crear nuevos espacios destinados a las ciencias experimentales. Así como crear presupuestos para el impulso de nuevas investigaciones sociales, alejadas de los totalitarismos ideológicos.

El tercer grupo de acciones están destinadas a fortalecer un nuevo estatus de autonomía universitaria frente a posibles políticas partidistas impulsadas desde el poder ejecutivo. Una medida necesaria se basa en la total independencia de las organizaciones estudiantiles, fortaleciendo al espacio colegial como ágora para el disenso y la diversidad de cosmovisiones.  Toda transformación al interior del sistema educativo debe establecerse sobre la base de la restitución de la libertad de cátedra y la creación de un sistema público de oposiciones a las plazas docentes.

A su vez se deben independizar de todo compromiso partidista el proceso de elección de las autoridades universitarias, aboliendo la práctica actual de designación de los rectores y decanos, fundamentada en reiteradas ocasiones en la idoneidad política y no en la trayectoria docente-investigativa de los candidatos.  Un aspecto inmediato que debe guiar toda exigencia cívica, se basa en la eliminación del control político del Partido Comunista y la Seguridad del Estado sobre las instancias docentes de la educación superior cubana. Además, en un futuro democrático se deberá reparar a los estudiantes y profesores purgados, en correspondencia con los dictámenes de una posible Comisión de la Verdad.

La responsabilidad social-empresarial sobre la educación superior constituye uno de los pilares de asentamiento de un sistema de enseñanza público. En primer lugar, urge crear alianzas reales (no discursivas y propagandísticas) con el sistema empresarial, que generen pasantías retribuidas a los estudiantes. En estas estancias los formandos deben adquirir herramientas prácticas para el posterior ejercicio de su profesión. Además, es responsabilidad de las entidades laborales garantizar el proceso de formación posgradual de sus profesionales, cubriendo el costo de maestrías y doctorados.

Las instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de mecenazgo al conocimiento tendrán un papel determinante en el ciclo de fortalecimiento del sistema de postgrados. Estos colectivos tendrán la responsabilidad cívica de auspiciar becas, pasantías y premios destinados a la formación continua desde la época de maestría hasta el postdoctorado.  

Sin dudas son numerosos los retos para lograr una transformación y democratización del sistema universitario en el país, pero estos solo serán posible con la implicación real del tejido docente-educativo, conquistando nuevos espacios, tejiendo alianzas con el mercado laboral y la sociedad civil. Estas acciones permitirán una autonomía universitaria real, cesando las políticas de control y supervisión del Partido – Estado sobre las casas de altos estudios en nuestro país.

SOBRE LOS AUTORES

( 9 Artículos publicados )

Intelectual católico. Historiador e investigador social.

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Comentarios

  1. Realmente la enseñanza universitaria en nuestro país necesita un viraje radical que ponga a los egresados a la altura de los de otros países, que otrora marchaban a la zaga del nuestro. Para ello es imprescindible su democratización. Tal y como usted señala es necesario impulsar acciones que reanimen a las universidades, tanto en pregrado como en postgrado, es vital que se renueven y actualicen sus planes de estudios, se fortalezcan las materias propias de las especialidades, se reconstruyan los fondos bibliográficos, con su correspondiente presencia en bibliotecas y plataformas digitales. La calificación profesional (científica, técnica y pedagógica) debe ser el criterio que prime para la selección y evaluación del docente, no criterios políticos e ideológicos. El profesor universitario ha perdido renombre y reconocimiento social, es puntual un cambio que recupere estos atributos y que motive a los mejores graduados a apreciar dicha ocupación.

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