El documento programático -político, económico y social- del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho «Cuba Próxima», titulado «La Cuba que queremos. Propuestas para refundar la República», no deja lugar a dudas acerca de su opción por un Estado de Derecho, con democracia, inclusión social y política, cultura y civilidad, economía y trabajo, bienestar general y atención a las personas con desventajas.

Quienes suscriben el documento están convencidos de que estos ámbitos van juntos, o no llegan lejos. También de que una sociedad jamás será próspera y estable si deja a una parte de ella fuera del camino hacia una vida digna -personal y social. Además, que este quehacer sostenido por la comunidad -de diversos modos- deberá ejercerse en todo lo que haga falta, pero sólo allí y hasta donde las personas y los grupos sociales no puedan alcanzarlo por sí misma, procurando siempre no restringir la libertad de los individuos sino, por el contrario, desatarla.

En tal sentido, el acápite de este documento, denominado «Protección social», defiende institucionalizar esferas para la gestión del bienestar y el cuidado social a través de multiplicidad de actores y por medio de acuerdos solidarios de corresponsabilidad, que eviten el hiper estatalismo y el verticalismo del funcionamiento. Es decir, redistribuir las funciones y atribuciones entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil.

El acápite «Protección social» también indica las áreas donde ejercer esta responsabilidad. A continuación, las esbozo.

Desarrollar el acceso universal a una atención de salud integral, incluso preventiva, por medio del desarrollo de diferentes instituciones sanitarias, y el progreso de las ciencias y la industria médicas. Ello a través del ejercicio público y privado de la medicina, con regulación estatal y un sistema de seguros médicos establecido por ley con diversidad de coberturas y contraprestaciones acordes a la realidad económica existente en el país y al poder adquisitivo real de los ciudadanos.

Reformar el sistema de pensiones y seguridad social, para que sea sostenible a largo plazo, tanto financiera como procedimentalmente. Y para lograrlo, propone instituir de forma gradual una reserva que se invierta de manera productiva y de ese modo contribuya a mejorar las actuales bajas pensiones, e incorporar representantes de trabajadores y empleadores a la administración de la seguridad social mediante legislación que establezca expresamente estas funciones, sus facultades y límites.

Promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, la atención a las personas con discapacidad, el cuidado de los adultos mayores, y la lucha contra la violencia de género. Para esto, sugiere rediseñar e integrar las políticas sociales que promueven el derecho al cuidado y a la vez que protejan a quienes brindan estos servicios, sea en forma remunerada o no.

Proteger a las personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones y voluntad de prestarle ayuda.

Desarrollar una Defensa Civil que organice y ejecute la respuesta ante catástrofes naturales, sanitarias, humanas u otras. Para lo cual debe garantizar la permanente disponibilidad, coordinación y ejecución de los necesarios recursos económicos, científicos, legales, institucionales, profesionales y sociales que el Estado debe asegurar.

Sustentar una política medioambiental basada en diagnósticos y sugerencias de la ciencia, sobre los principios del derecho ambiental, los tratados y convenios internacionales, el fomento de fuentes de energía limpia, la educación ambiental y la participación ciudadana, que incluya un programa «cambio verde». 

Desarrollar políticas demográficas que atiendan los múltiples desafíos derivados del envejecimiento poblacional y demás dinámicas demográficas como el aumento sostenido de la emigración.

Todo esto, además, en condiciones difíciles porque la recuperación económica de Cuba demandará tiempo, esfuerzo y recursos; pero no podemos aceptar, como sugieren algunos, postergar el beneficio de los más desfavorecidos hasta que el país disponga de recursos suficientes sino, por el contrario, desde el inicio debemos priorizarlos y elevar esta prioridad en idéntica proporción al desarrollo que se vaya alcanzando. Incluso, será necesario implementar, durante una etapa, alguna estrategia de ayuda humanitaria nacional porque es necesario apoyar a las personas y grupos sociales que, mientras no se erradique la crisis, estén en situación de vulnerabilidad.

Ello igualmente exigirá el establecimiento progresivo de un modelo económico orientado al desarrollo y el bienestar general, que restablezca al trabajo su valor como generador de la riqueza individual y social; así como de una labor legislativa e institucional de suma cualidad; y sobre todo de una sociedad civil vital y de una sociedad política plural madura y responsable.   

El Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho «Cuba Próxima» hace suyo estos compromisos, convencido de que no habrá Derechos Humanos ni nación sin la capacidad social de reproducir de manera cotidiana a las personas, sobre todo en aquellas dimensiones donde éstas no pueden lograrlo con el esfuerzo individual o solidario.