La Patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos. José Martí
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Entrevista a Roberto Veiga González, miembro del Diálogo Interamericano y director del Centro de Estudios Cuba Próxima.
El documento la «Cuba que queremos» realizado por el Centro de Estudios Cuba Próxima intenta ser un punto de partida para reflexionar sobre lo que se debe implementar en el país una vez que comience el ineluctable proceso de transición hacia la democracia. Roberto Veiga, director de este Centro de Estudios profundiza en algunas cuestiones del documento.
Alberto Guadalupe: Uno de los aspectos más importantes de la democracia es la capacidad de los electores de elegir a sus representantes. De comenzar un proceso de transición en Cuba habrá que realizar, en un plazo bastante corto, unas primeras elecciones libres. ¿Cómo llevar a cabo un proceso electoral en un país que no ha conocido elecciones libres en más de 70 años? ¿Cómo consensuar un Consejo Electoral Provisional en el que todas las fuerzas políticas puedan confiar para llevar a cabo tal proceso?
Roberto Veiga González: Hace décadas que la sociedad cubana viene cambiando, pero ello no ha provocado una transformación del modelo sociopolítico, lo cual ha instalado una crisis nacional —lamentable y riesgosa. Ese cambio político provendrá cuando sea posible la convergencia entre los peligros nacionales y las necesidades sociales apremiantes, con las posibilidades que deriven de un poder que incorpore sentido común y sectores sociales pujantes. De esta correlación podría proceder la voluntad de diálogo, la distención política indispensable y el propósito de una convivencia cívica.
Muchas veces estos procesos inician algún tiempo antes de que alcancen una formulación y coherencia capaz de ser distinguidos por las sociedades. Además, por lo general ocurren de un modo distinto a cómo fueron anhelados por actores y segmentos sociales.
Si ello comenzara a ocurrir en Cuba, luego de unos primeros pasos después de percibido el proceso públicamente habría de realizarse unas primeras elecciones libres que dé acceso a una ciudadanía plural a las instituciones públicas de representación. Pero esto sucedería aún sin sólidos medios de comunicación, sin organizaciones de la sociedad civil “establecidas”, sin fuerzas políticas “establecidas” y sin una previa nueva constitución.
Por esta razón, Cuba Próxima presentó una propuesta de Ley Electoral Provisional —tal vez de empleo en una sola ocasión— que podría garantizar la base legal para esto. Con ella intenta asegurar:
– Una proyección electoral capaz de convertir la voluntad social en voluntad política.
– Hacer efectivo el mandato ciudadano y garantizar el proceso de representación encargado de ejecutarlo.
– Un Consejo Nacional Electoral —rector de dichas elecciones—, que sea profesional y neutral, con una autoridad que no dependa directamente de las partes políticas.
– Que las candidaturas —para diputados, presidente, delegados, intendentes y gobernadores— provengan de la auto nominación y nominación de ciudadanos que disfruten de los derechos civiles y políticos, y con el respaldo de un por ciento determinado del padrón electoral correspondiente.
– Que los candidatos puedan socializar sus agendas, para así competir de manera efectiva y luego ser evaluados por los electores.
– Que estos cargos sean ocupados a través de elecciones libres, iguales, directas, secretas, periódicas y competitivas, atendiendo al voto válido de la mayoría.
De ocurrir lo anterior, tales autoridades —en mi opinión— no deberían ser una especie de comisión electoral que gestione unas elecciones dentro de 3 o 6 meses, que aún serían sin condiciones; sino acaso un mandato para que —quizá durante 3 años— estabilicen el país, mientras lo entregan a unas sociedades civil y política, ya suficientemente organizadas para establecer la Cuba que desean.
Ello implicaría un inmediato ajuste —con carácter provisional— del actual marco constitucional porque, de lo contrario, no podrían acometer los retos para los que serían electos. También implicaría un desarrollo legislativo de los Derechos Humanos y establecer condiciones sociales, económicas y políticas que aporten a la estabilidad del país. Igual implicaría consolidar las bases jurídicas, institucionales, cívicas, culturales e intelectuales para la convocatoria de un proceso constituyente.
(AG): La modificación en este sentido de la Constitución implicaría necesariamente la organización de un referendo donde se someta a la voluntad soberana de los ciudadanos las modificaciones constitucionales necesarias para establecer como mínimo las modificaciones que presenta la Ley Electoral Provisional, así como la supresión del unipartidismo, entre otros. El nudo del problema es cómo organizar un referendo sin que preexista transparencia. El acuerdo político parece inevitable desde este punto de vista. ¿Cuáles serían las condiciones para alcanzar tal acuerdo?
(RVG): Dada la actual crisis política de la nación, una reforma constitucional, inclusive transitoria, será legitima sólo si proviene de diputados electos democráticamente y mandatados para ello por la ciudadanía. En tal sentido, antes debe ocurrir ese proceso eleccionario y este, a la vez, debe incorporar un referendo que autorice a quiénes sean electos para reformar provisionalmente la Constitución de 2019 y luego, con esas nuevas garantías, enrumbar al país hacia un proceso constituyente que establezca una nueva Constitución de la República.
De este modo, sería forzoso que la Ley Electoral Provisional fuera aprobada por los diputados actuales, y considerar legitimas las disonancias mínimas que resulten entre la redacción vigente de la Carta Magna y esta legislación electoral temporal, dada la facultad constituyente de los parlamentarios. Pero esto únicamente puede ocurrir a partir de un «acuerdo político» aceptado y garantizado por el poder actual, y ahora mismo resultar difícil imaginar que ello ocurra.
Lamentablemente, nuestra propuesta sólo parte del presupuesto de la necesidad nacional de un cambio sereno; sin capacidad para estimar la disposición del poder para un cambio —a pesar de que, sin dudas, quienes lo detentan actualmente también lo necesitan, aunque se empeñen en desconocerlo—.
(AG): El documento aboga por una reconciliación nacional en aras de refundar la nación sobre bases sólidas. ¿Podría precisarnos bajo qué modalidad se llevaría a cabo? ¿Qué papel podrían jugar los funcionarios y figuras políticas actuales en una Cuba democrática?
(RVG): Una reconciliación implica arrepentimiento sincero de faltas y culpas propias, franco perdón a los errores y culpas de los otros, y restitución de la confianza recíproca. Muy difícil de conseguir en una sociedad sumamente plural, ansiosa, afectada. Sin embargo, podría ser beneficioso como referente —capaz de orientar, halar— de un proceso de ajuste sociopolítico a favor de todos.
Mucha experiencia hay al respecto. Pero también cada proceso es un cosmos único que no debe resultar en código para bocetar procesos análogos. Siempre será importante la experiencia de otros, pero esta no debe sustituir la libertad y el ingenio de los sujetos de nuevos procesos.
Estas sendas, aun cuando incorporan elementos filantrópicos, siempre resultan una cualidad política capaz de responder a intereses que, al integrarse, corrigen perjuicios y contienen una posibilidad de bienestar para todos. Por eso los actores que pueden convertirse en sus protagonistas suelen movilizarse únicamente cuando aprecian la oportunidad de quedar incorporados y favorecidos de modo suficiente. Si bien, en caso de los transgresores, esto sólo debe ocurrir si ellos se disponen a restituir lo posible y convertirse en sostenedores de una mejor convivencia.
Esto, a la vez, demanda que unos y otros minimicen los alegatos fanáticos acerca de las culpas y la justicia, y establezcan dispositivos de diálogo y exigencia recíproca. El restablecimiento de la armonía es la esencia de la justicia. El castigo directo a la libertad de las personas responsables de faltas resulta un elemento al servicio de la justicia cuando prevalece el peligro social, pero no es la justicia en sí.
Podríamos examinar los procesos de «reconciliación nacional» de España y Sudáfrica. En España encontramos un ejemplo de la suspensión del recargo a los presuntos culpables, a partir del criterio de que ambas partes habían cometido atrocidades y en el deseo compartido de evitar su repetición. Sudáfrica, por su parte, brinda el ejemplo de un camino que acuerda excluir de sanciones a las vejaciones y violaciones cotidianas y aplicar sanciones sólo a quienes hubieran cometido violencia extrema, desde cualquiera de las partes en conflicto. En ambos casos lograron procesos exitosos, aunque no exentos de déficits.
También prevalece el imperativo de «no olvidar» lo ocurrido, como exigencia de justicia. Realmente, esto constituye un requerimiento del bienestar. Pero resalto dos aspectos. Primero, tendrían derecho a recordar unos y otros y otros. Segundo, muchas veces este «no olvido» se exige como remplazo de la sanción penal. Esto último no resulta propio de un acto de reconciliación, donde la vindicación queda al servicio de argumentos que nos trascienden. Si bien —cabe destacar— ello sólo puede ser una opción personal (moral, filosófica, religiosa) que no debe exigirse políticamente. Por tanto, la recuperación de la memoria historia debería ser a modo de experiencia, y no una especie de nuevo canon, y por medio de investigaciones y exposiciones, civiles y académicas, totalmente libres.
La democracia y la reconciliación son las bases de la propuesta programática de Cuba Próxima, La Cuba que queremos. Nuestra Junta Directiva defiende que la democratización del país demanda un proceso de «reconciliación nacional» basado en la necesidad de paz, justicia y transparencia. Defendemos que la «reconciliación nacional» sostenga la reparación económica, política, judicial, psicológica, social y moral, en beneficio de todo el pueblo de Cuba, sin exclusiones.
Al respecto, en 2021 publicamos un amplio y profundo informe, titulado Cuba: reconciliación y futuro. Propuesta de Informe sobre la Reconciliación Nacional en Cuba. Lo realizó un equipo integrado por Juliette Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez y Julio Antonio Fernández Estrada; coordinado por Michel Fernández Pérez, vicedirector de Cuba Próxima. Luego, en base a esta labor, en 2022 la Junta Directiva suscribió el documento titulado Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica. Este desarrolla las cuestiones dogmáticas y orgánicas del trabajo que desarrollaría esta Comisión, a partir de los presupuestos siguientes:
– Establecimiento de una Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y Memoria Histórica, ad hoc, imparcial e independiente, con garantías de seguridad para su labor y de los comisionados y quienes participen en sus labores— incluidos los testigos— y de recursos suficientes para realizarlo, y con verificación internacional; con un programa público de trabajo, reglamento y metodología.
– Capaz de esclarecer —de conjunto con la sociedad civil— lo ocurrido y facilitar el entendimiento, validar la constitución de una Audiencia de Verdad y Justicia -sin carácter judicial-, asegurar un sistema autónomo de asesoría y defensa, resarcir los daños y promover la Memoria Histórica Plural.
– La constitución de la Comisión y las conclusiones de su trabajo deberán contar con aprobación de un Parlamento plural, electo democráticamente.
En nuestro caso la «reconciliación nacional» resulta un imperativo porque en ello nos jugamos la República y el bienestar de todos. Además, reclama convertirlo en una condición cultural y política, y evitar asumirlo como simple catarsis, mero pretexto, eslogan estéril.
El compromiso con el pasado sólo reivindica cuando sostiene esfuerzos precisos a favor de un mejor presente y un futuro superior. No son las tristezas acumuladas las que deben regir la construcción del futuro, sino la esperanza de toda una nación que anhela ser feliz.
(AG): El acercamiento a Rusia, así como la aparición de MiPymes ligadas a altos cargos del régimen o sus familiares dejan entender que un cierto reparto de los recursos nacionales está teniendo lugar tal y como ocurrió a la caída de la URSS. ¿Usted ve cómo evitar este acaparamiento indebido que hipoteque la salud económica del futuro del país?
(RVG): Es innegable que las MiPymes podrían resultar positivas porque de continuar desarrollándose, con un «hábitat adecuado», establecerían una dinámica económica real, si bien no suficiente por ahora, y comenzarían a producir bienes y servicios, empleos y salarios menos insuficientes, entre otros beneficios.
Por supuesto que estas no serán las hacedoras del Estado de Derecho, la democracia y la equidad. Pero sí realizarían el derecho de propiedad y aportarían recursos económicos, si los cuales no es posible ni el Estado de Derecho ni la democracia ni la equidad ni la libertad.
Además, un empresariado privado, por muy pequeño que sea y por muy totalitario que sea el Estado, será un actor con mayor autonomía y esto también sería bueno porque la autonomía –ya sea en lo económico como en lo civil y político– siempre es sostén de libertad y democracia –aunque en determinadas circunstancias sea sólo un poco de autonomía y sólo de unos pocos ciudadanos.
A su vez, ciertamente en este proceso serían favorecidos –sobre todo en los inicios– quienes posean mayores condiciones. De esta manera, la cercanía al poder sería una condición favorable, pero también otros segmentos sociales poseerían condiciones favorables. Por ejemplo, aquellos que de algún modo hayan recaudado finanzas o cuenten con el apoyo de familiares instalados en otros países y con recursos holgados o hayan tenido experiencia empresarial dentro o fuera de Cuba.
Incluso, las actuales y próximas circunstancias podrían conducir a un reajuste del modelo sociopolítico, hacia alguno que tal vez no sea el que deseamos, pero también diferente al actual. En este caso, si bien no pierdan el poder sus actuales inquilinos, quizá lo ejercerían de una manera más acorde a ciertas autonomías, modificándose los modos de las «lealtades».
Cabría entonces recordar que muchísimos cubanos que integraron las organizaciones comunistas oficiales, una vez alejados del influjo del poder, asumieron posiciones liberales, socialdemócratas, socialcristianas, republicanas y demócratas a lo estadounidense, y hasta «trumpistas». Aunque, indudablemente, algunos mantendrán su «lealtad», pero tampoco será análoga a la actual, pues ello demandaría otro modo de generar «lealtades», que no existe. Para eso el PCC debió ir mutando de un «partido ideológico» a un «partido de poder», y no ha ocurrido.
Aprovecho para considerar que la actual relación de los gobiernos de Rusia y Cuba es un mero oportunismo del entorno de Putin para mostrar apoyo en su presente circunstancia internacional, a cambio de muy escasa reciprocidad. Además, la guerra con Ucrania culminará y Rusia deberá recuperarse, ya en otras condiciones, y desechará a la Isla de su horizonte. Lo cual lamento porque Cuba necesitaría de las más amplias e intensas relaciones internacionales posibles —sobre todo económicas—, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, India, la Unión Europea, Reino Unido, Japón y, al menos, los cinco países más importantes de América Latina: Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México.
(AG): Un «partido de poder» …
(RVG): Un «partido de poder» se alejaría de las ideologías «filosóficas/científicas», las cuales tienden a una «religión/política» que suele asfixiar la libertad de todos, inclusive de quienes la profesan.
Centraría su quehacer en procurar una supremacía exclusiva alrededor del poder, el mayor control posible sobre este, una percepción de partido de Estado y una identificación con la prosperidad.
Comprendería la necesidad de discursar sobre el bienestar social y, para ello, reduciría dogmas, doctrinas, consignas, cualquier postergación del provecho colectivo, toda justificación del fracaso.
Entendería el imperativo de que la pluralidad participe en todos los ámbitos, como la economía y la propia política, porque solo de esta manera existen desarrollos y dinámicas sociales que le permiten legitimidad y poder.
Intuiría, quizá con cierto éxito, que para obtener lo que aspiran, los otros también deben satisfacer aspiraciones.
El PRI de México ha sido una aproximación a este modelo. Pero resulta que el PCC ni siquiera ha comprendido esto o, de haberlo considerado, ha sido incapaz de lograrlo.
(AG): En cierto modo la aguda crisis económica actual que sume aún más a buena parte de la población en la miseria absoluta es quizás la principal preocupación de la población por encima de cualquier consideración política. ¿Podría indicar que medidas económicas Cuba Próxima considera más urgentes de manera que el ciudadano común se las pueda apropiar, y acaso defender frente al oficialismo? ¿Cómo frenar la inflación galopante y fomentar la producción nacional?
(RVG): Cuba necesita una economía orientada al desarrollo y al bienestar general, que restablezca al trabajo su valor como generador de la riqueza individual y social. Esto demanda un modelo económico eficaz, todas las finanzas posibles, una proyección estratégica adecuada y una buena gestión; lo cual exige, por ejemplo:
– La participación de todas las formas de propiedad, en un contexto que —bajo la necesaria regulación del Estado— establezca reglas del mercado sustentadas en los principios de libertad comercial, licitud de las actividades comerciales, transparencia, responsabilidad social y ambiental, comercio legítimo y respeto a los derechos del consumidor.
– Un sistema de impuestos, proporcionales y progresivos, sobre las ganancias de todas las personas jurídicas y naturales, sean públicas o privadas, y un procedimiento para cumplimentar el presupuesto del Estado y la redistribución de la riqueza.
– Atraer finanzas externas, por ejemplo, diversificando la inversión en un mayor número de iniciativas, si bien pequeñas; desarrollando oportunidades donde existe capital laboral; acogiendo inversiones prometedoras; buscando oportunidades de exportar servicios; y priorizando inversiones en infraestructuras.
– Estabilizar el valor de la moneda nacional por medio de la combinación de una economía fuerte, la plena convertibilidad del peso, un mercado de divisa unificado y con una tasa de cambio flexible, el desarrollo de un sistema de pagos con bancos extranjeros y otras instituciones financieras, y la promoción de una amplia actividad comercial privada y pública con el uso de una diversidad de instrumentos financieros.
– Fomentar instituciones financieras y crediticias ⸺públicas, sociales y privadas⸺, para apoyar empresas, personas naturales y ONG.
Asimismo, reclama definir un ámbito del trabajo que sea clave de toda la cuestión social. O sea, que asegure las condiciones de trabajo, una retribución justa, el establecimiento del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas diarias, las jornadas laborales extras pagadas, el debido descanso semanal y anual pagados, la indemnización por despido sin justa causa, seguro de desempleo, un sistema de contratos colectivos de trabajo, un régimen de justicia laboral, el derecho a huelga y la libre sindicalización.
También la institucionalización de una Comisión Trisectorial ⸺integrada por representantes de los sindicatos y las asociaciones de profesionales y oficios, de los empresarios y del Gobierno⸺ que periódicamente considere las condiciones para el desarrollo socioeconómico y a partir de ello refrende un Acuerdo-Marco periódico que implique todas las cuestiones relacionadas con el proceso económico/laboral, los salarios mínimo y promedio, y la política tributaria, etcétera.
Todo esto será lo mínimo imprescindible que debemos lograr para comenzar a encaminarnos hacia el progreso, si bien poco a poco porque nada será fácil. Ello demandará esfuerzo, tiempo y recursos, pues en cada cuestión habrá que partir de una crisis profunda y compleja. Para explicarme sobre esto último, ejemplifico con el desafío en la agricultura.
Para que haya alimentos habrá que efectuar una reforma agraria que conceda la tierra a quienes puedan emprender su desarrollo. Esto requerirá de normas jurídicas e instituciones que lo faciliten. Luego los nuevos campesinos deberán enfrentar los retos de una tierra afectada por la falta de trabajo en ella y por la salinización. También necesitarán acceder a mercados para medios de trabajo, como guantes, machetes, cercas, tractores, combustibles y fertilizantes, entre otros. Para hacerlo necesitarán dinero al cual deberán acceder a través del crédito y esto sólo será posible si existen finanzas dispuestas para ello. La mayoría de las nuevas fincas estarán enclavadas en sitios con escaso y/o difícil acceso por carreteras y caminos, acaso sin suficiente acceso al agua y la electricidad, y distantes de centros de atención a la salud y otras necesidades básicas.
Es decir, estamos ante todo un universo por resolver. Esto exige implementar, además, durante una etapa, alguna estrategia de ayuda humanitaria nacional porque es necesario apoyar a las personas y grupos sociales que, mientras no erradiquemos la crisis, estén en situación de vulnerabilidad. No podemos aceptar, como sugieren algunos, postergar el beneficio de los más desfavorecidos hasta que el país disponga de recursos suficientes. Por el contrario, desde el inicio debemos priorizarlos y elevar esta prioridad en idéntica proporción al desarrollo que se vaya alcanzando.
(AG): En América Latina y el mundo se vive un contexto general de aumento del populismo donde a la democracia liberal le cuesta cada vez más mantenerse en pie. ¿Usted considera que el cambio democrático en Cuba pueda tener suficiente apoyo externo para que el país pueda reconstruirse con el apoyo de la comunidad internacional?
(RVG): Si ocurriera en Cuba un cambio democrático quizá recibiríamos muchas expresiones de solidaridad mundial y alguna cooperación internacional, no más. Actualmente, cada país tiene su propia crisis y Cuba cada vez es menos percibida como algo «exótico» capaz de implicar a otros, sino cada vez más como un país entre tercer y cuarto mundo, con pocas oportunidades.
Sin embargo, solos no podremos revertir esta crisis nacional. Debemos lograr la participación de países con potencialidades, pero quizá será difícil conseguirlo si no lo hacemos a través de maneras que también aporten a los intereses estos y, en tales cuestiones, no seamos visto como competencia. Por ejemplo, con inversiones extranjeras en el turismo, la industria agropecuaria, la manufacturera, la azucarera, la minería, de activos financieros, de servicios —con énfasis en los profesionales; con la participación de la Isla en los mecanismos para la lucha contra el crimen organizado en el orbe y el hemisferio; y —considerando la privilegiada posición geográfica— con el desarrollo del transporte marítimo y el comercio regionales.
Tampoco debemos descartar que, en una eventual democratización, ciertas virtudes de la cubanía forjen empatía internacional, estimulando el acompañamiento del orbe.
(AG): En los últimos 20 años el sistema educativo cubano ha experimentado el éxodo masivo de profesores dejando la educación de nuestros jóvenes en manos de personas inexperimentadas. ¿Como piensa usted que se pueda reconstruir un cuerpo profesoral capaz de formar a la tolerancia y a la vida democrática desde las condiciones actuales del sistema educativo?
(RVG): La educación en Cuba atraviesa por una crisis grave. Escasean los recursos para sostener los planteles educativos y los medios de enseñanza, como los libros y otros; cada vez quedan menos docentes formados de manera suficiente; los planes de estudios han padecido de un deterioro progresivo, ya no sólo por los déficits que impone el vacuo dogmatismo ideológico, sino además por insuficiencia profesional; y cada vez menos jóvenes consideran que el aprendizaje es un pilar de la «buena vida». O sea, una crisis que también afectará el futuro.
Será necesario revertir esta adversidad, por razones obvias. Además, si deseamos una refundación basada en la libertad y el bienestar, no habrá opción, porque la libertad resulta sobre todo del ejercicio de la razón y la voluntad.
Debemos establecer una educación que integre las ciencias, las matemáticas, la inteligencia artificial, la informática, la tecnología, las humanidades y la actualización constante de bibliografía; además, con libertad de cátedra. También capaz de promover una racionalidad política ciudadana, en lo cultural, social, laboral, jurídico y gubernamental.
Hace algún tiempo un experto estudió el asunto y esbozó que, para sustentar la educación desde preescolar al bachillerato o estudios análogos, haría falta un promedio de 6 mil dólares por alumno cada año. En ese momento tuvo en cuenta la posibilidad de unos 2 millones de alumnos. En tal caso, la educación necesitaría cada año de 12 mil millones de dólares. ¿Cómo obtenerlos de inmediato?
Incluso, podemos considerar que quizá este experto no procuró la cifra más modesta y también que los cubanos hemos mostrado capacidad para «administrar pobreza», de modo que aceptemos, como cifra necesaria, sólo la mitad, es decir, 6 mil millones de dólares cada año; una cifra que continúa siendo alta. Entonces igual, ¿cómo obtenerla de inmediato?
Será difícil, pero ningún obstáculo deberá reducir el compromiso por la mejor educación para todos. Seguramente una de las posibilidades será la cooperación entre instituciones educativas públicas y privadas, comprometidas todas con una enseñanza universal extendida y elevada, y obligatoria hasta culminar los estudios de bachillerato o análogo.
La educación universitaria, por su parte, también podría adquirir finanzas a través de los mecanismos internacionales de cooperación académica y de la cooperación con el sistema empresarial, las entidades laborales, las instituciones de la sociedad civil y las asociaciones de mecenazgo al conocimiento.
Pero esta educación no será posible sin un cuerpo profesoral suficiente y cualificado, que actualmente no existe, y lograrlo requerirá tiempo, esfuerzo y recursos. Para comenzar, deberá asegurarse una retribución a los educadores de los centros públicos con un sistema especial de salarios; procurar que muchos profesionales, con vocación docente, ingresen a los claustros de las instituciones de educación; y establecer la formación pedagógica y docente como carrera.
De seguro mucho podrá aportar este cuerpo profesoral de la República a la incorporación del civismo. Pero el civismo quizá -lamentablemente- dependerá demasiado del testimonio de los políticos.
(AG): Es cierto que el equilibrio presupuestario pondrá rápidamente a prueba la capacidad de la República para mantener una educación y salud públicas capaces de satisfacer las necesidades de la población. Paralelamente el endeudamiento del Estado hace casi imposible la financiación externa. Financiar estos gastos imprescindibles significa un aumento de las inversiones en el tejido económico del país. ¿Qué papel podría jugar la diáspora cubana en este contexto?
(RVG): La diáspora cubana será fundamental porque hace mucho tiempo que la sociedad insular y la emigración dejaron de ser una especie de dos porciones a relacionar, dialogar, entenderse; son un quehacer compartido, a través del cual todos, desde sus singularidades, participan «igual» en una misma Cuba(s). La diáspora también será fundamental porque la Isla carece de mano de obra calificada, pues la población con capacidad laboral emigra masivamente y sólo van quedando ancianos pobres y solos y sectores pocos capacitados para crear riquezas.
Sin embargo, es cierto que tal vez la mayoría de los emigrados no volverán a establecerse de manera permanente en Cuba porque disfrutan de vidas estables en países con mayores oportunidades, pero sí están comprometidos y capacitados como «sujetos nacionales relevantes e imprescindibles». La diáspora, hoy dispersa y con mayor concentración en el sur de Florida, será un sostén importante de experiencia, finanzas, inversiones y acceso a mercados, cadenas globales de producción de valor e instituciones económicas extranjeras e internacionales.
En este sentido, la diáspora será fundamental para colocar a Cuba en estándares económicos de bienestar e ir desarrollando una nueva mano de obra calificada. Pero será fundamental sobre todo porque, actualmente, los cubanos nos jugamos juntos el destino político y moral de la nación.
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Me gustaría comentar un punto que se toca en esta entrevista. Podría extender mi comentario, con observaciones sobre otros temas aquí planteados, pero entonces ya no sería un comentario.
Algo que me llama la atención del programa “La Cuba que Queremos” es; el esfuerzo que se ha hecho en intentar adaptar la Constitución de 2019, para convertirla en una herramienta viable que ayude a armar el rompecabezas de una transición democrática.
Si estamos de acuerdo en que, dadas las circunstancias, el mecanismo jurídico que ampare esa transición será imperfecto. Entonces, por qué intentar contorsionar un texto legal profundamente antidemocrático, en todas las fases de su breve existencia, para avanzar en una transición a la democracia? Ello tendría sentido en ausencia de otra herramienta similar, pero no es el caso.
Los cubanos ya contamos con la Constitución de 1940. Una Ley Fundamental que , a diferencia del texto de 2019:
-Fue redactada por una Asamblea Constituyente electa democráticamente y en la que tuvieron cabida todas las fuerzas políticas.
-Fue debatida de manera abierta y transparente sin que ninguna crítica o propuesta fuese arbitrariamente silenciada.
-Los partidarios de su aprobación y sus contrarios, tuvieron la posibilidad de exponer sus argumentos libremente.
-Fue aprobada en una votación libre y transparente.
-No es una Constitución diseñada para mantener en el poder a un partido político específico y por lo tanto carece de las múltiples “trampas” presentes en el texto de 2019.
Sentaría un precedente nefasto que una democracia naciente, dé sus primeros pasos amparada en un mecanismo legal hijo de una dictadura, cuando tiene a mano una opción democrática viable.
Solo veo un escenario, bastante improbable, en que utilizar el texto de 2019 pudiese ser necesario; en el caso de que esa transición fuese iniciada y dirigida desde el poder actual.
Hay otros elementos en esta entrevista que sería bueno debatir, especialmente el referido al inicio, con relación a las circunstancias que deben darse para la “transformación del modelo sociopolítico”.
Gracias por el trabajo que hacen. Saludos