La autonomía universitaria constituye uno de los logros palpables del estudiantado durante el proceso de modernización de las universidades en América Latina a inicios del siglo xx. Originada en el año 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, este proceso consagró una nueva forma de autogobierno en las casas de altos estudios. A partir de ese momento las autoridades docentes serían elegidas del consenso nacido entre el claustro y los estudiantes. Con esta forma de gestión se blindaba la independencia institucional frente a las injerencias gubernamentales, así como se obligaba al poder ejecutivo a destinar los fondos necesarios para el sostenimiento de las universidades.

En el caso cubano, la reforma fue liderada por el estudiantado cívicamente activo. Este derecho fue conquistado bajo el gobierno de Alfredo Zayas en la década de los veinte. Con la constitución de 1940 se fortaleció la autonomía universitaria. El artículo 53 estipulaba:

La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo a sus estatutos y con la ley que los mismos deban anteponerse. El Estado contribuirá a crear el patrimonio universitario y al sostenimiento de dicha Universidad, consignando a este último fin, en sus presupuestos nacionales, la cantidad que fije la Ley.[1]

La autonomía universitaria fue una piedra en el zapato para las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, así como para varias agrupaciones políticas, sobresaliendo el Partido Socialista Popular, que señalaba que la casa de altos estudios era un Estado dentro del Estado.

Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se abrió una nueva etapa en la historia autonómica, pues los procederes autoritarios de Fidel Castro no tardaron en llegar a la enseñanza superior. El primer ataque a este estatus docente se basó en la manipulación de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en septiembre de 1959. Desde el Gobierno se desplegó una estrategia electoral en favor del comandante Rolando Cubela y en detrimento de la candidatura de Pedro Luis Boitel.

La finalidad de esta acción era compensar a la dirigencia del Directorio Estudiantil 13 de Marzo y lograr así un equilibrio político, pero a su vez encerraba una actitud antidemocrática basada en desarrollar una serie de acciones cuestionables para impedir la candidatura de Boitel. Otro suceso fue el proceso de depuración de los claustros desarrollado en los inicios de la década de los sesenta y que tuvo como objetivo fundamental separar de las aulas universitarias a los docentes críticos, entre ellos Jorge Mañach.

La estocada final a la autonomía universitaria en la dimensión propuesta en los años veinte llegó con la Reforma de 1962. Este proceso, según el Observatorio de la Libertad Académica (OLA), se caracterizó por “unos avances notables en el espíritu que se extiende desde el Manifiesto liminar y deja ver que los abusos del gobierno Revolucionario, aunque se hacen en el marco de esta Reforma, son contrarios al espíritu de lo que allí se defiende. Un documento de gran relevancia para la educación superior en la región, que producto de la politización va a tomar un tinte diferente, por censor, en su aplicación”.[2]

La Reforma de 1962 fue limitando las bases jurídicas que habían sostenido la presencia de las universidades en la lucha cívica durante la época republicana, y dio la estocada final a la libertad de cátedra. De igual modo esta medida legislativa sirvió para ampliar el ejercicio personalista del poder que el entonces primer ministro Fidel Castro desplegaba sobre las instituciones académicas y civiles, que podían ser centro de crítica y disenso a su desempeño autoritario de los poderes públicos.

La autonomía universitaria hoy

Cuba vive inmersa hoy en un escenario de crisis del modelo de Estado totalitario, que se manifiesta en la depresión económica, el éxodo migratorio y el aumento de las protestas ciudadanas de forma sostenida. En este panorama, la participación de los estudiantes universitarios y postgraduados en las manifestaciones ciudadanas ha sido considerable, registrándose inclusive protestas masivas al interior de las universidades de Camagüey y Pinar del Río.

Un suceso cívico que debe puntualizarse es la aparición de pasquines en la Universidad de La Habana el 7 de junio de 2022. Entre sus principales demandas solicitaba la restitución plena de la autonomía universitaria. Luego de esta necesaria contextualización que nos conduce hasta el presente, se hace necesario exponer la salud de la autonomía universitaria en el país hoy. Un primer elemento que denota la fragilidad de este régimen estudiantil es la subordinación de la FEU a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Este estatus imposibilita que todo reclamo que se salga del canon ideológico oficial sea incluido en los debates y congresos de la organización, además del veto generado en los canales comunicativos intermedios entre la base y la dirigencia estudiantil, pues se teme a la censura de los agentes de la Seguridad del Estado que atienden las facultades.

Otro elemento que limita la autonomía es la militancia partidista de los máximos cargos docentes, desde el rector hasta los decanos. Es prácticamente nula la consulta a la comunidad estudiantil sobre su designación, que responde a un interés dictaminado por el Comité Central del Partido Comunista. La redistribución colegiada de los ingresos universitarios en favor de la producción del conocimiento y recursos destinados a la investigación es otra de las necesidades en la vida académica de las casas de altos estudios, pues muchas veces esos recursos terminan destinados a propaganda política o al sostenimiento de la burocracia generada por el sistema político cubano.

Una de las laceraciones más graves que vive la autonomía universitaria en nuestro país se basa en la intromisión de los cuerpos de la Seguridad del Estado en las facultades y centros de investigación. Este procedimiento sistemático ha tenido como resultado la purga y expulsión de profesores o estudiantes críticos del totalitarismo, con la complicidad de directivos y organizaciones estudiantiles.

Los procesos de integralidad desarrollados en las universidades cubanas constituyen otro elemento de dependencia al sistema político. No se centran en la excelencia académica, sino que contempla entre sus principales dimensiones el trabajo político ideológico (corrección política, asistencia a mítines políticos, entre otras exigencias). El aval hace que los estudiantes «confiables» sean promovidos a plazas docentes, mientras que los alumnos molestos son desplazados a plazas secundarias o a los peores destinos laborales. La restitución de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la independencia de las organizaciones estudiantiles de la autoridad del gobierno central constituyen uno de los principales retos para una Cuba democrática y plural. El empoderamiento de la comunidad estudiantil y el acompañamiento de sus reclamos debe ser una de las vías para consolidar un importante segmento de la futura sociedad civil postotalitaria.

[1]Constitución de la República de Cuba (1940), p. 80.

[2]Observatorio de Libertad Académica, informe no. 3, septiembre de 2020, p. 8.