Por Roberto Veiga González

El derecho de una sociedad a la educación es muy importante. De la educación -como de la economía, el trabajo y la democracia- depende que una “patria” sea o no de todos y para todos; lo cual demanda meditar.

Es imprescindible el acceso universal y equitativo a una educación democrática con altos estándares científicos, técnicos, humanistas y éticos, pues un exceso de diferencia en estos estándares origina una lamentable desigualdad cultural que quebranta las capacidades de las personas y los diversos estratos sociales para ejercer la libertad. La educación pudiera resultar instrumento fundamental de liberación e integración social, desarrollo y espíritu de país. Esto reclama priorizar un sistema educativo público con tales características, en el que participen instituciones privadas con idénticos requisitos.

A la vez cualquier sistema educativo público, dispuesto a liberar y empoderar, no puede ser confesional sino democrático. Sería confesional cuando pretenda algún proselitismo acerca de cuestiones filosóficas, religiosas e ideológicas u opciones antropológicas particulares. Lo cual no significa que tales cuestiones sean ajenas a la enseñanza, pero exclusivamente como datos y capacidad de búsqueda para quien opte libremente por hacerlo.

Tales preferencias -incluso de algún modo incontestables para quien lo considere- sólo deben establecerse fuera del plantel educativo, o sea, en los ámbitos de una sociedad civil libre donde cada una de ellas -con el respeto de las otras- pueda institucionalizarse en la esfera pública; también para lo formativo. Por esa razón asimismo deben poder existir escuelas privadas y confesionales –ya sea en cuestiones filosóficas, religiosas, ideológicas y opciones antropológicas particulares- para quienes las prefieran, incluso como opción de vida.

Por ejemplo, soy católico y por ello defiendo el derecho -también público- de la iglesia como institución. Pero me pareció disparatado cuando a inicio de este siglo algunos en Europa defendían que los alumnos no asistieran a las aulas con crucifijos o estrellas judías o velos musulmanes, etcétera, porque de ese modo unos agredían la religiosidad de otros, mas las aulas publicas sí estuvieran presididas por crucifijos según razones histórico-culturales.

En mi opinión debería procurarse lo inverso; cada cual debe poder mostrar la preferencia individual en cualquier sitio y los sitios públicos, con independencia de razones histórico-culturales u otras, deben abstenerse de exponer estas preferencias, porque deben constituir espacios para todas las identidades, particularidades, singularidades. Y sostengo este criterio, no sólo en cuanto a la religión, sino además en relación con todas preferencias filosóficas, ideológicas y opciones antropológicas.

En toda escuela pública, como en todo Estado de Derecho y sociedad democrática, debe facilitarse la convivencia de nociones diversas -contrapuestas a veces-, sin que unas sean consideradas agresivas por otras. Cuando ello no se logra, entonces aún pervive el medioevo, o la caverna.