Los derechos asociados al trabajo son Derechos Humanos, por lo que su estado actual en Cuba es un aspecto a tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto alternativo de país. Asimismo, su diagnóstico, con resultados no favorables, es clave para identificar en dónde concentrar esfuerzos.

Actualmente, y como resultado de décadas de políticas deformadas, es destacable que, en el archipiélago, los salarios mínimos, incluso los salarios medios, se quedan por debajo del margen de pobreza, siendo insuficientes para unas condiciones mínimas de alimentación. Por eso, el primer derecho laboral que se ve afectado en Cuba es el relacionado con una remuneración satisfactoria y suficiente.

Luego del triunfo de la Revolución Cubana, los sindicatos, algunos de manera voluntaria y otros bajo presión, fueron cediendo su espacio al Gobierno (entonces revolucionario), para quedar subordinados a este. Así desapareció una larga tradición sindical, convirtiendo un instrumento de lucha por los derechos laborales en una herramienta de dominación del Gobierno. Algo que, en el resurgimiento del limitado sector privado, se ha reforzado. En efecto, en esa parte de la economía también se frena, por dueños privados, la sindicalización. De ahí que el derecho a formar sindicatos reales y efectivos, capaces de sentarse a negociar con juntas directivas empresariales y gubernamentales, no exista hoy.

Por otro lado, se registran 480 empresas estatales improductivas, según cifras de febrero de 2022. Esa realidad sitúa a miles de trabajadores cubanos en ambientes laborales improductivos, incapaces de generar la riqueza suficiente para sostener la empresa y a sus propios trabajadores, condenando a estos a ingresos miserables que son, desde el discurso político, tratados como un favor o gesto de la «Revolución», que paga salarios a pesar de las pérdidas empresariales. Así, el derecho a un trabajo productivo también se ve afectado.

Igualmente, los fondos de pensiones en el país, además de ser de lento crecimiento y no estar ajustados a los niveles de precios, resultan de sobrada manera insuficientes, situando a los pensionados en condiciones de pobreza, con ingresos que posiblemente no alcancen para una comida sana al día durante un mes. Esos hechos, reforzados con el Ordenamiento, llevan varios años así. Como resultado, los pensionados, para tener un mínimo de condiciones de vida, dependen de sus familiares. Así, en las lógicas de la Cuba actual, el derecho a una pensión efectiva, luego de que las personas acumulen décadas de trabajo, queda afectado.

Por otro lado, los derechos básicos, incluso conquistados u otorgados por el Gobierno a trabajadores estatales, como las vacaciones pagadas o protección ante el desempleo, están, si del sector privado se trata, en una especie de tierra de nadie. A pesar de que este sector privado no cuenta con leyes diferentes, las dinámicas de respeto a los derechos de trabajadores pasan, en muchos casos, por la voluntad de los dueños.

También hay aspectos como las indemnizaciones por accidentes laborales en los que, aunque en la formalidad legal los trabajadores tengan mecanismos de protección, en la práctica, ya sea en las reclamaciones mediante el sindicato (de subordinación al Gobierno) o en el tribunal, se dan con muy bajas probabilidades de éxito. Por otro lado, esas indemnizaciones se calculan sobre la base de los bajos salarios existentes, por lo que, de ganarse una reclamación, sería insuficiente.

Por último, la discriminación por motivo racial comienza a darse en negocios privados, mientras que en empresas estatales y militares es un hecho la existencia de discriminación por motivos políticos. Esto se traduce en expulsiones o no contratación, práctica que llega incluso al sector privado, en tanto los aparatos de represión política utilizan su influencia para que en las empresas privadas no contraten a personas por su ideología política. De ahí que hoy pueda hablarse de la vulneración del derecho a no ser discriminado por algún motivo a la hora de enfrentar una relación laboral o de empleo.

La vulneración de los derechos antes mencionados no solo se limita a afectar los derechos asociados al trabajo y a lo que puede resumirse en el término trabajo decente. En tanto existan suficientes empresas productivas y eficaces, se genere la riqueza social para poder garantizar derechos tales como los asociados a la alimentación saludable y balanceada, a la vivienda, a la educación y servicios de salud de calidad, los derechos de trabajo condicionan el acceso a esos otros derechos humanos. Es decir, existen una serie de derechos que necesitan unas determinadas condiciones materiales, las cuales dependen de los resultados de los ambientes laborales y de que se respete el derecho a un trabajo que genere ingresos para una vida digna. De ahí que una Cuba próxima podría tomar los derechos asociados al trabajo, sobre todo, con énfasis en los aquí expuestos (pendientes de conquistar o perfeccionar) como base material para sostener y defender los derechos humanos en su conjunto.