Entre el tamaño de la propiedad y la cantidad de personas encargadas de hacerla producir existe una relación cuyas proporciones garantizan la eficiencia económica. El autoempleo no tiene grandes requerimientos para una buena administración. Cuando se contratan trabajadores siendo un pequeño empresario, es una opción, o no, disponer de personal de gestión y administración. Es imposible tener un gran número de trabajadores y aspirar a que, como dueño, se pueda controlar todo el ciclo productivo y de circulación. Desconocer esto puede ocasionar que se gestione una propiedad con la mentalidad correspondiente a otra. Un negocio optimizable bajo el autoempleo, podría tener pérdidas por contratar de más, como mismo un gran negocio podría caer en el mismo punto por no tener personal especializado suficiente.

Hace más de un siglo que las funciones asociadas a la gestión constituyen un espacio empresarial de valor agregado e independiente. Así, cada una de las labores correspondientes a los departamentos que pueden tener las empresas, el financiero, el de recursos humanos, de marketing, comercial, de compras, de logística y operaciones, de control de gestión, tienen su equivalente en negocios dedicados específicamente a cada uno de ellos, o una combinación de varias, o de todas.

En el caso de Cuba, luego de 1959, el recorrido fue casi contrario a esos grados de especialización, más bien retrocedieron. Como resultado de nacionalizaciones, combinadas con el abandono del país por parte de propietarios, así como de una parte significativa del personal de administración empresarial, el gobierno cubano quedó como el gran propietario de las empresas (las que funcionaban y las que no). Las agrupó en inmensos ministerios-monopolios.

El discurso oficial, y parte del académico, indican que con estos grandes monopolios gubernamentales se dio paso a la propiedad socialista de todo el pueblo. Es algo así como otro gato de Schrödinger del marxismo-leninismo: es y no es.

En la práctica, la ciudadanía cubana sabe que nunca ha decidido nada relevante sobre los rumbos de las empresas cubanas, ni siquiera puede cambiar los altos precios a los que venden. Quien dispone, usa y decide sobre aquellas, es el gobierno. Ese es el propietario.

Pero en el contexto de grandes propiedades, la separación en sus funciones, es decir, entre la propiedad y la gestión, es algo objetivo, inevitable. Aunque el gobierno pudiera ser dueño de todo a la vez (¿por qué no?) sí resulta imposible que pueda ser también el gestor. El gobierno de una nación no puede gestionar, en el sentido técnico de la palabra, todo el sistema empresarial de un país. O sí puede, pero sin llegar a hacerlo bien.

Se trata de ser juez y parte, o de intentarlo. Un megapropietario, cuya mayor divisa es la creación de empresas para la gestión, que no son independientes, y colocar en su dirección (para la gestión de la propiedad) a personas que le sean de confianza, no por capacidades de administración, sino por fidelidad y que no le “jueguen sucio”, entonces es solo el juez compinchado con la (una) parte.

Aparentemente, así se da la división de la gestión en unidades empresariales. Pero una vez más, el dueño y el gestor son formalmente el mismo ente (el gestor es una más del dueño). Pero como es imposible que el gobierno gestione todo, el personal de la empresa gestora adquiere cierta independencia, de carácter práctico, operativo, que termina donde decida el gobierno (con límites, claro). Eso convierte a la gestión en un ente semiindependiente, incapaz de desarrollarse de manera autónoma. La multiplicidad de esta realidad, todo un amplio número de empresas gubernamentales en combinación con el interés específico de este, hace imposible el control de toda la gestión.

Aún cuando la dirección de empresas la puedan ocupar personas cualificadas, el reconocimiento no explícito a esa división de grupos sociales independientes (con un ciclo económico propio) que intervienen en la producción, camuflada además con la vacuidad del pueblo trabajador-gestor-propietario, ha deformado durante años no solo la cultura de la toma de decisiones y del diseño de políticas económicas, generando una importante confusión (y la práctica correspondiente) en cuanto a la responsabilidad de lo que ocurre en las empresas, sino que su resultado ha sido nefasto en cuanto al desarrollo económico.

Así, el gobierno megapropietario anuló la lógica empresarial independiente y de valor agregado, para funcionar como un pequeño propietario que solo necesita “ayudantes” (en este caso, cientos o miles de ayudantes). Se trata de un dueño queriendo ser dueño y gestor, pero sin lograr en realidad ser lo segundo. Entonces, ni gestiona bien, ni tampoco logra ser buen dueño.

Esa ha sido una cara de la filosofía administrativa del empresario empleada por el gobierno.

El punto más acabado de ese error conceptual quizá esté en la Constitución de 1976, cuando afirma en su artículo 17:

“El Estado administra directamente los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo; o podrá crear y organizar empresas y entidades encargadas de su administración, cuya estructura, atribuciones, funciones y el régimen de sus relaciones son regulados por la ley.

Estas empresas y entidades responden de sus obligaciones sólo con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, entidades u otras personas jurídicas y éstas tampoco responden de las de aquél.”

Que es reafirmada en la nueva Constitución en su artículo 26:

“El Estado crea y organiza entidades empresariales estatales con el objetivo de desarrollar actividades económicas de producción y prestación de servicios.

Estas entidades responden de las obligaciones contraídas con su patrimonio, en correspondencia con los límites que determine la ley.

El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las entidades empresariales estatales y estas tampoco responden de las de aquel.”

(Téngase en cuenta que el Estado cubano es un estado atrapado en el cuerpo de un gobierno. El gobierno habla en nombre del Estado, el gobierno se proyecta como si fuera el Estado. De facto, lo que es del Estado, es del gobierno. Por eso, en vez de empresas estatales, se puede decir que tenemos empresas gubernamentales).

Es cierto que el gobierno crea instancias para administrar sus empresas, pero esas instancias son, de algún modo, “propiedad” de este. Luego, esa independencia que exige la actividad de la gestión, es decir, de ser un ente (personal o colectivo) movido por un interés mercantil, una actividad empresarial propiamente establecida de manera independiente, no se da.

Por otro lado, aunque sea cierto que desde el punto de vista operativo muchas veces el gobierno cubre la ineficiencia empresarial, y que puede concebir ciertas disposiciones sobre estas (en cuanto a destino de utilidades), esa no responsabilización es más que una relación contable. En efecto, de modo indirecto, libra al gobierno de toda responsabilidad formal. Si se tiene en cuenta que es el gobierno quien único ejerce la iniciativa de inversión, estamos hablando de que el mismo gobierno, que es el responsable de que se inicie una inversión, así como de todas las trabas que crea a sus propias empresas, que las atan de pies y manos, y cuyos máximos órganos de dirección empresarial (OSDE) se le subordinan, a pesar de que el gobierno “rescata esas empresas”, no responde ante las deficiencias e incapacidades en cuanto no le da solución a las condiciones que las generan, ni tiene que rendir cuentas por ello.

Como resultado, la función de la gestión de la propiedad nunca logró desprenderse, formal ni realmente, de la subordinación al gobierno, de constituirse como actividad económica independiente y de valor agregado, y mucho menos ser vista como tal, mientras al gobierno le era imposible tener bajo control a los gestores designados. La eficiencia y rentabilidad alcanzada por el conjunto empresarial cubano lo evidencian.

El gobierno, portador de una práctica de propietario equivocada, ni siquiera ha podido ejercer su condición de propietario de manera eficiente al no crear las condiciones para una buena gestión, y no reconocer su incapacidad de ser gestor, por mucho que quiera.

Una salida sistémica a la evidente crisis del conjunto de empresas del pueblo (las del gobierno y las militares), debería comenzar por la aceptación de la necesidad de abandonar la mentalidad de pequeño propietario incipiente y de bajo valor agregado, para dar paso a que la gestión empresarial pueda despegarse de forma independiente.

Convertir la gestión en una actividad empresarial sería un paso que serviría, por un lado, para impulsar las pymes nacientes (y rezagadas respecto al resto de la región), a partir del acceso a consultorías y servicios especializados mediante contratación. Por el otro, sería clave que esas empresas de nadie, que quedan dependientes de los caprichos políticos, transiten hacia su conversión en verdaderas empresas públicas. Así, los poderes públicos podrían centrarse en velar que la gestión de iniciativas privadas y cooperativas arrojen los resultados previstos.

Se trata de un paso necesario, como parte de esa liberación de las fuerzas productivas orientadas hacia el bienestar social.